Por Jorge Melo Vega - Presidente de Responde
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La sostenibilidad minera se ha explicado durante años en hectáreas reforestadas, eficiencia energética, gestión del agua o en sus relaciones comunitarias. Es un relato necesario, pero insuficiente. Porque la verdadera huella de la minería no se juega en indicadores ambientales ni en datos económicos, sino en algo más cercano y urgente: su capacidad de cerrar las brechas históricas de desigualdad que marcan los territorios donde opera. En concreto, ¿qué significa una mina ambientalmente eficiente si a pocos kilómetros las escuelas siguen sin agua potable o los centros de salud carecen de médicos? La minería, que en muchos casos es el mayor inversor y empleador de una región, debería medirse sobre todo por lo que aporta a transformar la vida cotidiana de las comunidades vecinas.
Llamémosle la “huella de desigualdad”. Cuánto contribuye la actividad extractiva a cerrar brechas en infraestructura, educación, empleo de calidad y servicios básicos. En el Perú, donde los territorios mineros concentran enormes carencias, hablar de sostenibilidad sin abordar el desarrollo territorial y el esfuerzo, junto con el Estado, para garantizar infraestructuras y servicios públicos es quedarse en los buenos deseos.
Este debate no puede ignorar el contexto político. Con un Estado fragmentado y gobiernos locales débiles, la minería se convierte muchas veces en el actor más influyente del territorio. Las decisiones de una empresa minera pueden definir el acceso a carreteras, la calidad del agua o fijar métricas para la creación de empleos. Eso coloca a sus equipos de gestión frente a un reto inédito: ya no son solo guardianes de indicadores financieros o reputacionales, sino piezas clave de la gobernanza territorial.
«La industria minera será evaluada cada vez menos por sus compromisos climáticos y mucho más por su capacidad de cerrar las brechas que sostienen el conflicto social».
En ese escenario, la gestión del canon y de las regalías es el mayor punto ciego. Cada año se transfieren miles de millones de soles a municipios y regiones mineras, pero la ejecución es baja y la corrupción alta. La paradoja es brutal: territorios que reciben más recursos por minería suelen ser, al mismo tiempo, territorios con mayores conflictos sociales y menor confianza en las instituciones. ¿Puede la minería desentenderse de este dilema con el argumento de que “ya transfirió lo que le corresponde”? Formalmente, sí. Estratégicamente, no. Porque la legitimidad de la industria depende de que esos recursos transformen realidades, no de que queden atrapados en burocracias ineficientes.
La sostenibilidad se mide en las brechas
La salida es avanzar hacia lo que podríamos llamar “gobernanza de las brechas”, un marco en el que las empresas mineras, desde sus órganos de gobierno corporativo, asuman corresponsabilidad en la promoción de sus territorios. No para sustituir al Estado, sino para garantizar que la inversión y los recursos generados contribuyan efectivamente a cerrar las desigualdades.
¿Cómo hacerlo? Una propuesta sería un “SDG Scorecard territorial”, que mida con transparencia la contribución real de cada operación minera a los ODS locales. Ese scorecard podría incluir indicadores como ejecución efectiva del canon y regalías, mejoras verificables en educación y salud, participación ciudadana en la gestión de proyectos y reducción de brechas de género y empleo. Publicar esos datos al mismo nivel que los reportes de sostenibilidad sería un paso disruptivo hacia la confianza.
La industria minera será evaluada cada vez menos por sus compromisos climáticos -que sirven para el cumplimiento de estándares- y mucho más por su capacidad de cerrar las brechas que sostienen el conflicto social. Ese es el verdadero termómetro de su sostenibilidad en el Perú. El reto no es menor: pasar de una lógica de cumplimiento a una de corresponsabilidad, donde los directorios mineros entiendan que la legitimidad del sector depende de su capacidad de impulsar territorios más equitativos. La gobernanza de las brechas no reemplaza al Estado, pero sí redefine la sostenibilidad como una tarea compartida que exige transparencia, innovación y atrevimiento.
