Por Vanessa Hungerbuehler, Directora de Asuntos de Jurídicos y Cumplimiento de OCIM.
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La discusión sobre el futuro del REINFO volvió a ocupar la agenda pública en los últimos meses con la aprobación de su extensión por parte del Congreso hasta el presente año. Si bien su creación en el 2012, fue el primer paso necesario para reconocer la existencia de decenas de miles de miles de mineros artesanales a un marco legal mínimo, es necesario ahora preguntarnos cómo avanzar hacia una formalización real que responda a los estándares globales de trazabilidad y debida diligencia. Y en ese camino, un actor clave a considerar son las plantas de procesamiento.
Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso a las concesiones mineras: una gran mayoría de los mineros artesanales operan en concesiones pertenecientes a terceros, lo que impide su formalización sin el consentimiento del titular.
Han surgido dos posturas opuestas: por un lado, los concesionarios —a menudo empresas medianas y grandes— no quieren que el Estado legalice lo que consideran «invasiones» de sus derechos de propiedad. Por otro lado, los mineros artesanales argumentan que las concesiones sin explotar, durante años deberían ser accesibles, pues los recursos minerales pertenecen a la nación según estipula la Constitución peruana
Aunque no se ha llegado a un acuerdo legislativo entre ambas posturas, la legislación peruana prevé mecanismos contractuales —contratos de asignación y contratos mineros— que permitirían a los concesionarios y a los mineros artesanales colaborar formalmente. Sin embargo, los contratos requieren el consentimiento voluntario del concesionario, lo que ha limitado a pocos acuerdos a la fecha. Las plantas de procesamiento pueden desempeñar un papel decisivo, creando incentivos económicos y facilitando alianzas que beneficien a todas las partes.
La Política Nacional identifica cuatro áreas prioritarias de acción. En primer lugar, superar la precariedad mediante apoyo técnico y capacitación. En segundo lugar, la integración al sector formal mediante el acceso a servicios legales y contables, así como al sistema bancario. La tercera consiste en facilitar el acceso a concesiones mediante el desarrollo de alianzas entre concesionarios y mineros artesanales. Por último, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para un apoyo más eficaz al sector.
Ante estos desafíos, las plantas de procesamiento tienen una oportunidad única de convertirse en catalizadores de una transformación positiva. Poseen el poder económico y la posición estratégica para apoyar a los mineros artesanales hacia la formalización completa de diversas maneras como:
Creación de cadenas de valor responsables. Al establecer relaciones contractuales directas y transparentes con los mineros registrados en REINFO, las plantas de procesamiento pueden crear canales de comercialización formales y trazables. Estas relaciones estables forman la base de una cadena de valor del oro verdaderamente responsable.
Apoyo al desarrollo de capacidades. Mediante programas de capacitación técnica, acceso a servicios legales y contables, y mejoras en las prácticas ambientales, la industria puede proporcionar a los mineros las habilidades necesarias para avanzar hacia la formalización completa. Este apoyo les permitirá adquirir sus propias concesiones o negociar acuerdos operativos formales.
Establecer sistemas de trazabilidad ejemplares. Además de las iniciativas públicas, la industria puede crear sus propios y sólidos mecanismos de diligencia debida. Las plantas de procesamiento pueden exigir pruebas documentales rigurosas y garantizar que solo el mineral trazable ingrese a sus cadenas de suministro, mejorando así la transparencia del sector.
Facilitar el acceso a los mercados internacionales. Al actuar como intermediarios responsables, las plantas de procesamiento brindan a los mineros artesanales acceso al sistema bancario formal y a los mercados internacionales que exigen altos estándares de cumplimiento. Esta conexión crea poderosos incentivos económicos para la formalización total.
La responsabilidad de la industria representa una auténtica oportunidad para la creación de valor compartido. En términos económicos, el desarrollo de cadenas de suministro seguras reduce los riesgos operativos y reputacionales. En términos sociales, el apoyo a los mineros contribuye al desarrollo de las comunidades rurales. En términos ambientales, la promoción de prácticas responsables ayuda a reducir el impacto del sector minero artesanal.
