Por Armando Casis - Director de Sostenibilidad de ESAN
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En un contexto global donde las brechas alimentarias se amplían, garantizar el acceso a una alimentación adecuada, nutritiva y pertinente en el aspecto cultural se ha convertido en un eje central del desarrollo sostenible. Para Perú, un país megadiverso con una rica tradición agrícola y una geografía desafiante, la seguridad alimentaria no es solo una meta, sino también una condición imprescindible para el bienestar de su población y la cohesión de sus territorios.
El impulso de la seguridad alimentaria implica mirar más allá del abastecimiento de alimentos. Hay que considerar la disponibilidad, el acceso físico y económico, la estabilidad de los sistemas de distribución y, sobre todo, el aprovechamiento nutricional. Según cifras recientes de organismos internacionales, más del 40 % de la población peruana se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, una realidad que interpela a la política pública, al sector privado y a la sociedad civil.
El desafío se agrava en zonas rurales altoandinas y amazónicas, donde la pobreza monetaria convive con una paradoja: las regiones agrícolas y productoras presentan niveles críticos de desnutrición crónica infantil y anemia. La fragmentación de los sistemas agroalimentarios, la falta de conectividad vial y digital, la escasa innovación tecnológica y la limitada articulación entre pequeños productores y mercados formales constituyen barreras estructurales que deben ser enfrentadas con urgencia.
Frente a ello, la Agenda 2030 y sus ODS ofrecen una hoja de ruta clara. El ODS 2, hambre cero, no puede alcanzarse de forma aislada. Se interconecta con el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por el clima). En ese marco, la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes es una prioridad.
Algunas iniciativas emblemáticas en el país muestran que es posible avanzar. Los programas de compras públicas a la agricultura familiar, los centros de acopio y la transformación liderados por comunidades, las plataformas de trazabilidad digital para productos orgánicos y agroecológicos, y las alianzas público-privadas que fomentan cadenas de valor sostenibles con enfoque territorial son señales alentadoras. No obstante, su escala aún es limitada, frente a la magnitud del problema.
«Urge recuperar la noción de soberanía alimentaria, entendida no como una consigna política, sino como la capacidad de los pueblos para decidir sobre qué y cómo producir y consumir»
El sector empresarial tiene un rol crucial no solo como actor económico que demanda insumos o procesa alimentos, sino como aliado estratégico en la implementación de soluciones innovadoras. Los modelos de negocios inclusivos, la inversión de impacto, el apoyo técnico en producción limpia y el fortalecimiento de las capacidades en gobernanza local y gestión comercial pueden marcar la diferencia. Asimismo, las universidades y los centros de investigación deben sumar ciencia y evidencia a las decisiones públicas y privadas para promover la innovación aplicada a contextos rurales y urbanos.
Desde una mirada sistémica, el cambio climático aparece como una amenaza transversal. Las sequías prolongadas, las heladas, los cambios en los patrones de lluvia y la pérdida de biodiversidad afectan de forma directa la seguridad alimentaria. Por ello, cualquier política o inversión que no incorpore criterios de adaptación climática y sostenibilidad ambiental está condenada a la ineficacia.
Por último, urge recuperar la noción de soberanía alimentaria, entendida no como una consigna política, sino como la capacidad de los pueblos para decidir sobre qué y cómo producir y consumir, con el debido respeto a sus culturas, ecosistemas y conocimientos ancestrales. La gastronomía peruana, reconocida en el mundo, no puede sostenerse si se erosionan las bases que la nutren: los agricultores, los cultivos nativos y los saberes milenarios.
El camino hacia una plena seguridad alimentaria requiere visión de largo plazo, voluntad política y colaboración genuina entre sectores. No es un lujo. Es una necesidad impostergable si queremos un Perú más justo, resiliente y verdaderamente sostenible.
