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Por Stakeholders

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Por Alejandro ConzaGerente de Operaciones HIDRIKA SAC

El Perú, desde sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), invierte en agua y saneamiento (desde 2017) un promedio de 3,800 millones de soles cada año. Aunque puede parecer una cifra importante,  ese nivel de inversión apenas y mantiene sin decrecer la cobertura de los servicios (el crecimiento anual de cobertura de agua 2017-2020 fue de apenas 0.6%). A este ritmo, necesitaríamos 13 años más (año 2035) para lograr la cobertura universal de agua. Aún así, lograr el acceso para todos y todas a saneamiento, tratamiento y disposición sanitaria de aguas residuales, tomaría -cuando menos- el doble de tiempo. Todo ello, puede complicarse aún más si incluimos en el análisis la variable cambio climático (claro ejemplo, el ciclón Yaku). 

Las cifras son crudas y esconden además una gran inequidad. No hemos logrado reducir significativamente el número de hogares periurbanos y rurales sin acceso a agua y saneamiento. No vamos a cerrar esa brecha antes del 2030, significando ello que el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS6 (“garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos”) no será logrado en el Perú.

Esto no es un fracaso de las administraciones públicas de turno, es un fracaso de todos como sociedad peruana. Debemos entender que no cerrar las brechas de acceso a agua y saneamiento nos afecta a todos, sea que tengamos servicios o no. De ahí que las soluciones a plantear deban integrar también a los sectores de la sociedad en su conjunto: Público, Privado y Sociedad Civil.

Es importante advertir lo siguiente: hacer obras de agua y saneamiento no es tarea fácil, es quizás el tipo de obra pública más complicada de realizar, incluso en los proyectos rurales más pequeños. Existen dificultades técnicas y de tecnologías adecuadas, sí. Hay restricciones normativas que no permiten acelerar la ejecución del presupuesto público, sí. Pero también existen otro tipo de complicaciones: i) la amplia extensión de terreno que se requiere para instalar kilómetros de tuberías origina conflictos sociales por el cruce de terrenos privados o comunitarios, donde posiciones (muchas veces egoístas) frustran el desarrollo de las obras, ii) conflictos por el uso de las fuentes de agua que, a pesar de ser patrimonio de la Nación, terminan siendo capturadas por terceros, iii) licencias sociales y ambientales para disponer las aguas residuales, iv) trabajos en comunidades cerca de áreas naturales protegidas o patrimonio cultural, v) alta dispersión de las viviendas y baja densidad poblacional, entre otras.

Adicionalmente, es importante entender que las brechas de agua y saneamiento no son solo de infraestructura, sino también de calidad de los servicios. De nada sirve inaugurar redes de tuberías enterradas si al día siguiente no tendremos agua segura llegando a los hogares. El Estado tiene la principal responsabilidad, pero también la poca valoración de los servicios de agua y saneamiento por parte de sus usuarios compromete su sostenibilidad.

Siendo los desafíos tan grandes como se han descrito, todo esfuerzo articulado es necesario. Para lograr avances y cumplir metas concretas, debemos ser más rápidos y más eficientes. Ello significa explorar fuera de la caja de la tradicional inversión pública y potenciar mecanismos de acción colectiva público-privada-sociedad civil.

Fuera de la caja podemos encontrar dos mecanismos interesantes, que permiten actuar a otro actor importante de la sociedad, como es la empresa privada: i) la Responsabilidad Social Comunitaria (RSC) y ii) el mecanismo Obras por Impuestos (OxI).

En el caso de la RSC, esta posibilita brindar atención en el corto plazo, con rápido impacto y baja inversión. Por RSC podemos implementar sistemas de cloración de agua para comunidades rurales; mejorar la disponibilidad de agua segura de organizaciones sociales de base, como las ollas comunes; mejorar el equipamiento y potenciar las capacidades de las áreas técnicas municipales; proteger las fuentes de agua rural y reducir su vulnerabilidad; promover campañas para la valoración de los servicios de agua y saneamiento; entre otras acciones. La RSC requiere que la empresa privada coordine con los actores locales (comunidad), el nivel de gobierno más cercano y un aliado implementador (generalmente una ONG). Empresas como Pavco Wavin (en Arequipa), Coca Cola (en Lima) y Nestlé (en Cajamarca) vienen desarrollando proyectos de este tipo.

En el caso de OxI, la finalidad es brindar soluciones definitivas a mediano plazo, con alto impacto y mayor inversión. Es la empresa privada involucrada en inversión pública. Lo atractivo de OxI es que la inversión es recuperable a través de certificados financieros que paga el Estado contra el impuesto a la renta futuro. En OxI, la empresa privada comparte los riesgos de ejecutar obra pública junto con el Estado, logrando así que la ejecución y culminación de un proyecto bajo el mecanismo OxI esté prácticamente asegurada. Muy recientemente, OxI ha incorporado a su abanico de posibilidades las inversiones puntuales en sistemas existentes (por IOARR), haciendo posible incorporar proyectos para atender situaciones de emergencia (como la recuperación frente a Yaku). Empresas como Backus, Arca Continental Lindley, Coca Cola, Ferreyros y Antamina vienen gestionando proyectos de agua y saneamiento a través de OxI. Por OxI se han invertido a la fecha 375 millones de soles en proyectos de agua y saneamiento, sin embargo, existen en ejecución y gestión proyectos que elevarían esta cifra a los 1,600 millones de soles.

Ambos mecanismos son una alternativa válida.

En conclusión, urge cambiar de paradigma. La única forma de revertir la grave crisis de acceso a agua y saneamiento en el Perú es fortaleciendo y ampliando los mecanismos de participación de otros actores de la sociedad en el cierre de brechas. No es solo un desafío de la gestión pública, no es solo un problema de los que no tienen el servicio. Lograr el acceso universal a agua y saneamiento es una tarea de responsabilidad compartida: Estado, empresa y sociedad civil.







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