Por María Hinostroza - Candidata en Sostenibilidad Ambiental en la Universidad de Ottawa. Jefe de Innovación de Asociación Unacem
Lectura de:
En nuestro país, las brechas digitales se hacen más visibles en las regiones del interior menos desarrolladas, con limitado acceso a recursos. Este problema no está solo relacionado a tener o no acceso a infraestructura tecnológica como una computadora, internet o datos de celular sino es más estructural y profundo. Muchas comunidades no cuentan con herramientas, capacitación ni confianza para integrar estas tecnologías en su quehacer diario, en la educación de sus hijos o en su vida social y productiva.
En el ámbito de intervención del sector minero, esto queda evidenciado con el contraste de empresas mineras que utilizan sistemas sofisticados de monitoreo satelital, inteligencia artificial o sensores en tiempo real, mientras que muchas comunidades vecinas con acceso limitado a internet no cuentan con conocimientos ni capacidades para aprovecharlo. Esta distancia tecnológica crea un abismo que separa cada vez más la operación minera de la población que la rodea.
Si no se aborda adecuadamente, este abismo tecnológico cada vez más profundo puede exacerbar las desigualdades sociales en distintos niveles. Dentro de la empresa, los trabajadores locales o con menor formación digital corren el riesgo de quedar rezagados con entornos cada vez más automatizados. Mientras que en las comunidades, la falta de infraestructura, conectividad y alfabetización digital limita las oportunidades de educación, empleo o emprendimiento. Así, mientras las operaciones mineras avanzan, sus entornos corren el riesgo de quedarse estancados.
Esta desconexión no es menor y tiene efectos directos sobre la sostenibilidad corporativa. Una empresa puede invertir millones en reducción de emisiones, eficiencia hídrica o restauración de ecosistemas, pero si no logra que las comunidades se sientan parte de ese avance o mejora de proceso, la legitimidad social se debilita. En un contexto donde la transparencia es clave, la ausencia de mecanismos digitales compartidos solo refuerza la desconfianza en la relación empresa–comunidad.
«La digitalización aumenta la productividad y competitividad de las empresas, pero no siempre va acompañada de inclusión social».
La digitalización, sin embargo, también puede ser un potente habilitador de sostenibilidad. Su uso abre oportunidades para la transparencia y colaboración entre actores. Entre algunos ejemplos tenemos programas de monitoreo participativo donde las comunidades y empresas acceden juntas a la información ambiental en tiempo real. También programas de alfabetización digital que permiten que las comunidades vecinas no solo tengan acceso a internet, sino que puedan usarlo para mejorar su educación, acceder a mercados o crear emprendimientos.
De manera similar, las plataformas digitales permiten compartir información ambiental y social con diversas audiencias, más allá de los accionistas. El desafío se encuentra no solo en permitir el acceso sino tener las capacidades de disponer y entender esos datos, pues finalmente se comparte la información y también se apoya a las comunidades para su buen uso. En todos estos escenarios, la tecnología deja de ser un privilegio corporativo y se convierte en una herramienta de inclusión y desarrollo compartido.
Así, debemos entender que estos son dilemas de sostenibilidad. La digitalización aumenta la productividad y competitividad de las empresas, pero no siempre va acompañada de inclusión social. De manera unilateral, puede volverse contraproducente para la licencia para operar. En cambio, de manera conjunta, con un enfoque inclusivo, la tecnología puede fortalecer tanto la competitividad de la empresa como la confianza de la comunidad.
En conclusión, las brechas digitales en la industria minera van más allá que un asunto de infraestructura y tecnología convirtiéndose en un mediador crítico entre transformación digital y sostenibilidad. Si se ignora, se aumenta el riesgo de profundizar desigualdades y debilitar la confianza. Pero si se abordan de manera participativa, pueden convertirse en un puente hacia la transparencia, la eficiencia ambiental y la legitimidad social, fortaleciendo la sostenibilidad minera.
