Por Milagros Villavicencio - Asociada sénior de Derecho Laboral en Garrigues
Lectura de:
La derogación del Decreto Supremo Nº 009-65-TR, vigente por más de 60 años, marca un punto de inflexión en la gestión del bienestar ocupacional en el Perú. Hasta hace unos días, las empresas privadas con más de 100 trabajadores eran exigidas de contratar a una asistenta social, lo que en muchos casos se convirtió en una obligación formal más que en una oportunidad estratégica para las organizaciones. Con su eliminación, el Estado no ha desmantelado la necesidad del bienestar social en el trabajo, sino que ha abierto un abanico de opciones para modernizar su enfoque, adaptarlo a las nuevas realidades organizacionales y permitir que las empresas tomen decisiones más alineadas con su cultura interna, estructura y objetivos. Las empresas siguen teniendo obligaciones vinculadas al bienestar social del trabajador. Lo que ha cambiado es el “cómo”.
Entre las opciones que poseen los empleadores está la de continuar con las asistentas sociales contratadas. Muchos centros laborales seguirán apostando por este perfil, no solo por su formación, sino por el rol clave que juegan en temas como la prevención del hostigamiento sexual, la promoción de la salud mental o la educación sobre normas internas. Otra alternativa es la de apostar por nuevos perfiles. La reciente flexibilización normativa permitirá que las empresas escojan los profesionales que requieran, según sus necesidades particulares. Ahora se podrán buscar perfiles que igualmente respondan a las obligaciones a favor de los trabajadores en las áreas destinadas al bienestar ocupacional.
«La reciente flexibilización normativa permitirá que las empresas escojan los profesionales que requieran, según sus necesidades particulares».
Finalmente, se podrá considerar la contratación de empresas especializadas. Según cada organización, estas estarán habilitadas de adquirir ciertos servicios especializados del área de bienestar social (o de la que actúe como tal) acorde a sus necesidades. Con ello, se podrá obtener una asesoría experta en temas de salud, gerontología social, orientación y bienestar, mediación y conciliación de conflictos o proyectos sociales. La verdadera discusión no está en si debemos o no mantener una asistenta social en planilla, sino en cómo colocamos el bienestar de los trabajadores al centro de la estrategia empresarial.
La productividad, la retención de talento, el cumplimiento normativo y la reputación corporativa dependen, en buena parte, de ese enfoque. La derogación de una norma de hace seis décadas es una señal clara de que el país necesita modernizar su relación entre empresa y trabajador. Y esta vez, las compañías tienen más libertad para hacerlo con inteligencia, empatía y visión de futuro.
