Por Andrea Cuba - Gerente de Desarrollo Territorial de Perú Sostenible

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El Perú vive una paradoja: aunque en las últimas dos décadas ha mostrado un crecimiento económico sostenido, las brechas sociales y territoriales siguen marcando la vida cotidiana de millones de peruanos. Hoy, 1 de cada 4 personas es pobre monetariamente y más del 30 % enfrenta pobreza multidimensional, con limitaciones en salud, educación y servicios básicos, golpeando con más fuerza en zonas rurales y amazónicas.

Los déficits en servicios son alarmantes: 3.1 millones de personas no tienen acceso a agua potable por red pública, más del 70 % de la población rural carece de alcantarillado seguro y la anemia infantil supera el 50 % en regiones como Puno, Loreto y Huancavelica. En educación, apenas 1 de cada 10 estudiantes de segundo de secundaria alcanza resultados satisfactorios en matemáticas y comprensión lectora.

Estas brechas se profundizan en el mapa regional. Mientras Lima concentra oportunidades, regiones amazónicas y altoandinas se ubican en los últimos lugares de competitividad. La falta de servicios básicos, conectividad e infraestructura abre paso a economías ilegales, como la minería y tala ilegal, que se convierten en el “plan B” de miles de familias que no encuentran alternativas formales de desarrollo.

«La magnitud de los desafíos exige pensar en ecosistemas de colaboración, donde público y privado trabajen con confianza, transparencia y visión compartida».

Ante este panorama, queda claro que el crecimiento económico por sí solo no basta. Se requiere una visión compartida que coloque al desarrollo humano como eje central y que logre trascender esfuerzos fragmentados. Hoy más que nunca se requiere de alianzas estratégicas entre sector privado y público, donde trabajando juntos, se pueda pasar de acciones aisladas a pactos de largo plazo que transformen realidades locales y generen confianza en la ciudadanía.

Cada sector tiene fortalezas que, al sumarse, multiplican el impacto. El sector privado aporta innovación, tecnología, recursos financieros y capacidad de gestión ágil; el sector público brinda legitimidad, continuidad, articulación de actores y alcance territorial. Juntos pueden diseñar soluciones más eficientes y sostenibles, capaces de transformar vidas de manera estructural.

No se trata únicamente de ejecutar proyectos sociales puntuales, sino de impulsar estrategias integrales y de largo plazo, alineadas con los objetivos del Estado y con la participación activa de las empresas. Ese es justamente el propósito de Perú Sostenible: articular al sector privado, al Estado y a la sociedad civil en torno a las principales problemáticas del país, promoviendo alianzas que pongan a las personas en el centro y generen impacto real en los territorios más vulnerables, como la Amazonía peruana.

La magnitud de los desafíos exige pensar en ecosistemas de colaboración, donde público y privado trabajen con confianza, transparencia y visión compartida. Si logramos este cambio de enfoque, el Perú no solo podrá cerrar brechas históricas, sino también construir un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible que garantice oportunidades para todos.







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