Políticas públicas para lograr un desarrollo sostenible en el Perú

Kety Jáuregui
Directora de la Maestría en Organización y Dirección de Personas de ESAN

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son puntos de partida y brindan ejes temáticos para las políticas públicas de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En el Perú, el Acuerdo Nacional, desde el 2002 y con miras al 2021, generó cuatro objetivos y definió un conjunto de políticas articuladas con los ODS que se actualizan de forma progresiva.

En esta línea, existen dos temas que, por su alcance, son especialmente críticos como ejes del desarrollo sostenible de nuestro país: salud y economía. Consideramos pertinente analizarlos desde la perspectiva laboral, ya que la pandemia generó una crisis humanitaria que puso en riesgo la subsistencia y las posibilidades de recuperación de millones de personas en todo el mundo, sobre todo los más pobres.

Esta situación alteró la visión sobre la sostenibilidad, que empezó a percibirse como una meta muy difícil de alcanzar. Es pertinente apuntar los esfuerzos y compromisos de mejora en estas áreas que se han venido gestando en nuestro país, expresados en políticas públicas, en especial las que surgieron en el contexto pandémico y de crisis que afrontamos.

En lo económico, por ejemplo, se aprobó recientemente la Política Nacional del Empleo Decente. Su objetivo es que el Estado genere las condiciones para que cualquier peruano pueda acceder a un trabajo decente y productivo, caracterizado por:

1. Cumplir con los derechos laborales básicos.
2. Proporcionar una compensación justa que corresponda al esfuerzo realizado por el trabajador y brindar las mismas oportunidades, sin distinción, contar con jornadas laborales y descansos regulados.
3. Brindar acceso a la seguridad social y a condiciones que resguarden la integridad física y emocional de la fuerza laboral, entre otras.

En salud, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene entre sus objetivos prioritarios:

1. Construir una cultura de prevención de riesgos.
2. Incrementar el aseguramiento de trabajadores frente a los riesgos laborales.
3. Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral para la fuerza laboral e incrementar los niveles de cumplimiento de la normativa.

Los planteamientos antes descritos, si bien valiosos, solo son aplicables a un grupo mínimo de la población peruana. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para julio del 2021 la tasa de empleo informal alcanza el 78.1 %, cifra que en el ámbito rural asciende a poco más del 95 %. Antes de la pandemia, se discutía la vulnerabilidad del desarrollo del país y la lentificación de su crecimiento, que se agudizó en el contexto actual: solo en un año, la pobreza llegó a 30.1 %, retrocediendo en 2020 a cifras de hace una década.

Esta dramática situación revela la necesidad imperiosa de traducir las políticas en acciones concretas, articuladas y sinérgicas, que generen condiciones realmente dignas de trabajo y oportunidades para toda la población. El desarrollo sostenible puede entenderse como un crecimiento económico socialmente inclusivo y ambiental, en el que las políticas públicas son los recursos para alcanzar la integración multidimensional, intersectorial y multinivel de los diversos esfuerzos y actores.

Así, el rol del Estado frente a la construcción de la sostenibilidad de una nación como gestor de políticas públicas, además de diseñarlas y volverlas operativas, debe ser el de asegurar la continuidad de buenas prácticas con un enfoque de largo plazo. A su vez, le corresponde convocar y articular la participación de los diversos actores, ya que la sostenibilidad es una tarea y responsabilidad compartida.