Por Stakeholders
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó el incremento de tarifas de agua en todo el país ha generado preocupación ciudadana y cuestionamientos políticos. En total, 31 empresas prestadoras aplicarán alzas de hasta 17 % medida que impactará a millones de familias, incluidas más de 2,8 millones de personas en Lima y Callao, donde Sedapal elevará sus cobros en 14,5 %.
El ajuste tarifario ha reavivado el debate sobre la calidad del servicio. Mientras que el regulador justifica los incrementos como parte de un «rebalanceo tarifario» para garantizar sostenibilidad, la congresista Katy Ugarte denunció que el alza no responde a las mejoras reales. «No es justo que se incrementen las tarifas cuando los servicios siguen siendo deficientes», advirtió la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor.
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De acuerdo con Sunass, la empresa Seda Chimbote (Áncash) aplicará el mayor aumento con un 17 %. Le sigue Emapica (Ica) con 15,2 %, y Seda Ayacucho, con 14,9 %. En Lima y Callao, el alza de Sedapal de 14,5% será una de las más significativas por la cantidad de familias que impactará.
El presidente ejecutivo de Sunass, Mauro Orlando Gutiérrez, explicó que los incrementos forman parte de un «rebalanceo tarifario» necesario para cubrir costos de operación y garantizar la sostenibilidad del sistema.
A pesar de ello, reconoció que los ajustes no resolverán por sí solos la brecha de infraestructura en saneamiento, que supera los 38 millones de soles, por lo que anunció que se coordinará con el Ministerio de Vivienda la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.
Debate por el marco legal y exigencias de fiscalización
La congresista Ugarte exigió medidas inmediatas que aseguren transparencia y control efectivo. «La población está cansada de promesas incumplidas. Solo cuando se brinde agua segura y accesible, la ciudadanía podrá aceptar un ajuste razonable», subrayó.
Por su parte, Sunass recordó que había advertido previamente sobre los efectos del Decreto Legislativo 1620, que permite aplicar incrementos sin exigir mejoras en la calidad del servicio. El regulador alertó que la norma traslada a los usuarios costos propios de la gestión empresarial —como sanciones o litigios—, lo que podría generar un “shock” de alzas tarifarias y debilitar la capacidad de supervisión del propio ente regulador.
Con este panorama, el incremento de tarifas coloca nuevamente en debate la calidad del servicio de agua potable en el país, mientras millones de familias deberán enfrentar un mayor gasto en un recurso básico que, según denuncias de usuarios y legisladores, aún presenta deficiencias graves.
