Por Stakeholders
Lectura de:
Manuel Glave
Investigador Principal de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo)
Luego de dos décadas en las que la humanidad no pudo cumplir las metas sobre el desarrollo sostenible definidas en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), el debate global se ha centrado en la erradicación de la pobreza en un contexto de cambio climático, tal como se evidenció en los debates y conclusiones de la Conferencia de las Partes (COP 20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Lima, 2014).
Es a partir de la crisis económica-financiera del 2008 que la Organización de las Naciones Unidas propuso el concepto de economía verde como una alternativa al paradigma económico vigente. Una economía verde es aquella que “mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”.
Así, el objetivo de una economía verde sería el reemplazar los patrones de producción actuales por uno más limpio, con menor emisión de carbono, un uso eficiente de los recursos, y que permita el crecimiento de la producción, el empleo y, simultáneamente, la reducción de la pobreza. De este modo, el objetivo de la economía verde es ser una herramienta que contribuya a enrumbar la economía hacia el desarrollo sostenible.
De una manera elegante, por lo tanto, se reconoce que las metas propuestas en 1992 no se han podido alcanzar dos décadas después, y se construye un nuevo paradigma menos ambicioso pero, en principio, más pragmático. Desde el Perú y la región Andina, es importante construir una visión propia de los desafíos que implica la sostenibilidad de nuestras economías. En ese sentido, los desafíos del estrés hídrico y la desertificación representan sin ninguna duda uno de los principales desafíos a enfrentar en el corto plazo.
Dos son elementos clave de política que se deben promover: uno, la implementación efectiva, y de manera general y eficiente, del pago por los servicios ambientales hidrológicos que se generan en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Los avances normativos recientes no se condicen con lo poco avanzado en la práctica en el Perú; y, en segundo lugar, no existe un sistema de información integrado que permita a todas las entidades del Estado conocer la realidad de los recursos hídricos para determinar la factibilidad de las diferentes actividades productivas y de consumo que aprovechan los recursos hídricos, y esto aunado a la necesidad de construir nuevos marcos institucionales para la gestión integrada de los recursos hídricos.
La clara definición de reglas de acceso y uso de los recursos naturales, así como optimizar el aprovechamiento de largo plazo de los recursos, representa una segunda área de acción para consolidar una serie de avances alcanzados en la región Andina. Las políticas relacionadas a la gestión territorial son pre condición del lanzamiento de una economía verde, de tal manera que las múltiples actividades económicas se desarrollen de manera compatible con una visión compartida del uso del territorio.
Es importante anotar que en la región se viene trabajando desde hace más de una década en el enfoque del desarrollo territorial rural (DTR), integrando la transformación productiva (competitividad) con la transformación institucional (descentralización y democracia) y la gobernanza ambiental (conservación del capital natural a través del proceso de ordenamiento territorial y sus instrumentos).
A pesar de esto, es evidente que el poco uso de los instrumentos de ordenamiento territorial muestra una enorme tensión de política. Del mismo modo, un problema ocasionado a la pobre implementación de instrumentos de gestión territorial es el del cambio de uso de la tierra. El uso adecuado de la tierra incrementa la producción y, al mismo tiempo, disminuye la degradación del suelo y las emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, existen algunos conflictos entre el uso de la tierra y los objetivos intermedios que buscan alcanzarse en el tránsito hacia una economía verde. Tal es el caso de la acelerada expansión de la producción de agro biocombustibles. La generación de empleo y crecimiento económico tiene que ser puesto en la balanza frente a potenciales riesgos de seguridad alimentaria, degradación de suelos y creciente desigualdad.
Respecto a la dimensión de política, que se debe enfrentar en el corto plazo, en relación a la promoción del uso de energías renovables, la dependencia del uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y otros recursos no renovables, es insostenible por la contaminación que generan y por su eventual agotamiento. Promover el aumento de la participación de energías renovables y, como consecuencia de ello, el cambio de la matriz energética, aparece como una necesidad aún no abordada de manera efectiva.
En la Cumbre de Río 92 hubo un consenso en señalar en forma inequívoca que las causas de la crisis ambiental estaban en los patrones de producción y consumo dominantes. Desde entonces, los patrones de consumo y producción continúan siendo insostenibles. Una dinámica de explotación intensiva en capital y en la degradación del capital natural es el proceso mediante el cual los países desarrollados han generado la riqueza que poseen ahora y, todo parece indicar que es, básicamente, el mismo camino que los países en desarrollo estamos siguiendo hasta hoy.
Así, las causas de la crisis económica y financiera actual en los países desarrollados hay que encontrarlas precisamente en los patrones de consumo imperantes. Esto presenta una oportunidad para que tanto consumidores como productores cambien sus prácticas a fin de estar en condiciones de transitar hacia sociedades con baja emisión de CO2.
En este contexto, con desafíos y oportunidades, el Estado Peruano ha reconocido la necesidad de entender el crecimiento verde como uno de los elementos centrales para lograr el desarrollo sostenible, y participa de la Iniciativa Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE por sus siglas en inglés). Así, a fines del 2013 fue el segundo país en ser seleccionado para recibir apoyo en su transición hacia una economía verde.
Habrá que esperar los resultados de esta iniciativa, pero desde ya se enfrentan una serie de restricciones, como por ejemplo, la política macroeconómica en el Perú, en particular en lo que concierne a la Amazonía peruana, no evidencia los objetivos de la economía verde. La mayoría de proyectos de inversión y planes de promoción impulsados por el Estado con asociación de la empresa privada (centrales hidroeléctricas, carreteras, lotes petroleros, plantaciones agroindustriales, entre otros) no contemplan en muchos casos las externalidades ambientales y sociales que generan (deforestación, pérdida de biodiversidad y reducción de la disponibilidad de recursos, y detrimento de las actividades económicas de las poblaciones amazónicas).
Uno de los casos más complejos que se enfrenta en la Amazonía es el del cambio de uso del suelo para la promoción del cultivo de palma aceitera. El Perú, al ser Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) tiene el compromiso, dentro de sus Contribuciones Nacionales, de tomar medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Una de los sectores priorizados es el Forestal (USCUSS) por ser uno de los mayores emisores de GEI, de acuerdo al Inventario Nacional del 2010. Sin embargo, aún no se ha logrado establecer mecanismos claros que permitan promover inversiones productivas (agropecuarias o forestales) que garanticen bajas emisiones de carbono. En la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible llevada a cabo en Nueva York en setiembre de 2015, el Perú entregó a la Secretaría de la CMNUCCC el documento de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC).
Principalmente estas contribuciones tienen que garantizar que el crecimiento económico del país se realizará con menores emisiones de CO2 bajo mecanismos que permitan oportunidades de negocio y una ubicación en el mercado bajo la estrategia de la economía verde. Sobre la base del Inventario Nacional de emisiones de GEI del 2010, el Perú ha priorizado cinco sectores en el diseño de acciones nacionales para la reducción de GEI: Energía, Transporte, Agricultura, Residuos Sólidos y USCUSS (Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura).
La Contribución Nacional incluye el diseño de Medidas de Mitigación Apropiadas para cada País (NAMAs, por sus siglas en inglés) en los sectores: residuos sólidos, transporte, industria, energía, edificaciones y agricultura. En última instancia, los contextos económicos y sociales, las políticas nacionales y las sectoriales, nos muestran que aún estamos lejos de alcanza los múltiples objetivos de generación de empleo e inversión, erradicación de la pobreza y condiciones mínimas para la sostenibilidad del desarrollo.
Si no logramos construir una visión integrada del territorio y una visión compartida de la economía verde como herramienta para el desarrollo sostenible, los desafíos que la economía verde plantea al Perú continuarán existiendo.
