Por Stakeholders
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Los gremios de transporte urbano formal de Lima y Callao anunciaron que realizarán un paro de 48 horas si se registra un nuevo ataque contra sus unidades. La advertencia se da tras el atentado contra un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres.
Martín Ojeda, vocero del gremio, precisó que los transportistas no seguirán operando sin garantías mínimas de seguridad. “Si ocurre un nuevo acto criminal, haremos un paro general de 48 horas”, señaló, asegurando que la medida busca presionar al Estado para frenar la escalada de violencia.
Transportistas exigen un control territorial y presencia de FF. AA.
El gremio difundió un comunicado en el que demanda acciones inmediatas del Gobierno. Entre sus pedidos figuran la intervención conjunta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en zonas críticas, la instalación de bases militares móviles y la ampliación del estado de emergencia en distritos afectados por mafias de extorsión.
Además, insisten en implementar un plan de inteligencia para desarticular las redes criminales que atacan el transporte urbano.
El gremio difundió un comunicado en el que demanda acciones inmediatas del Gobierno. Entre sus pedidos figuran la intervención conjunta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en zonas críticas, la instalación de bases militares móviles y la ampliación del estado de emergencia en distritos afectados por mafias de extorsión.
Asimismo, insisten en implementar un plan de inteligencia para desarticular las redes criminales que atacan el transporte urbano.
La paralización de transporte afectará a millones en Lima y Callao
Un eventual paro afectaría a más de cuatro millones de usuarios diarios en Lima y Callao. Especialistas advierten que podría generarse caos en distritos como San Juan de Miraflores, SMP, Comas, Los Olivos, VES y la Carretera Central, además de un repunte de transporte informal.
La Policía Nacional inició las investigaciones, aunque los transportistas señalan que los avances en casos anteriores han sido mínimos, alimentando la sensación de indefensión. Para Ojeda, la criminalidad “ya amenaza estructuralmente” el funcionamiento del transporte urbano.
El Ejecutivo aún no responde al ultimátum, pero deberá definir si ampliará el estado de emergencia o implementará una estrategia de intervención militar-policial. Mientras tanto, los gremios aseguran que no tolerarán un ataque más sin tomar medidas drásticas.
