Por Stakeholders
Lectura de:
por Marco Minaya
No hay duda que el escenario de conflictos sociales está fuertemente ligados a aspectos como el desarrollo social, procesos interculturales y la propia dinámica del crecimiento económico que demanda el sector, sobre todo el de la actividad extractiva.
Al respecto, Stakeholders conversó con Luis Francisco Thais, Coordinador del Proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales” del PNUD, quien explicó acerca de la importancia de sumar esfuerzos por parte de todas las partes involucradas en la prevención y gestión de los conflictos sociales en el uso de recursos naturales.
En relación a la coyuntura social que vivimos en la actualidad, ¿cómo entender el conflicto social?
Antes los conflictos eran abordados por el sector encargado de aquella materia. Actualmente, existe un consenso acerca de que los conflictos sociales son un problema de desarrollo.
Por ende, estos requieren de una respuesta integral por parte del Estado. Para abordar los conflictos es necesario tener una respuesta multisectorial, porque las respuestas a los problemas del desarrollo no son competencia exclusiva de un solo sector.
En consecuencia, considero que actualmente existe una visión común en diversos actores políticos y sociales sobre la necesidad de poner en marcha un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos, y así promover un trabajo articulado del Estado en su abordaje.
¿Es posible la gobernanza para un mayor entendimiento del conflicto social?
Es necesario tener en cuenta la importancia de abordar los conflictos sociales desde una perspectiva de la gobernanza de los recursos naturales.
Es decir, no solo enfatizar la gestión de los conflictos, sino también fortalecer aspectos relacionados al Derecho de la Consulta Previa, el dialogo intercultural, la institucionalidad ambiental –enfatizando las acciones de fiscalización, evaluación y remediación ambiental–, entre otros.
Dichos aspectos, en la mayoría de casos, forman parte de las causas que subyacen a los conflictos sociales, por ello deben ser incorporados dentro de una perspectiva de prevención de conflictos.
En ese sentido, ¿de qué forma el ámbito ambiental debe también priorizarse dentro de esta perspectiva?
Se debe tomar en cuenta el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana como en los estudios de impacto ambiental (EIA) y en la vigilancia y monitoreo ambiental participativo. Del mismo modo, impulsar espacios de diálogo multiactor donde se generen consensos en torno al tema ambiental y al uso responsable de los recursos naturales e incidir en las capacidades para la gestión ambiental en los gobiernos regionales, municipalidades y sociedad civil.
Entonces, no solo es una cuestión de integralidad de una perspectiva multisectorial, sino también de una visión compartida de desarrollo sostenible. La existencia de una nueva agenda global para el desarrollo –como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –, así como también el proceso de membresía a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras iniciativas internacionales, son una oportunidad para profundizar dichos cambios.
En ese contexto, ¿qué rol juega el sector privado?
Fundamentalmente, en los últimos años ha tomado un liderazgo importante, no solamente a través de sus compromisos sociales, sino también fomentando la articulación de diferentes actores para que el Estado tenga mayor presencia en el territorio y para que efectivamente se puedan brindar los servicios públicos que se requieran.
Del mismo modo, desde la perspectiva de la sociedad civil, se observa una mayor cantidad de organizaciones sociales que están jugando un papel determinante en empoderar a líderes y lideresas sociales con mayores capacidades de diálogo y negociación frente al Estado.
¿Qué acciones hacen falta promover para alcanzar un mayor avance entorno a la prevención de conflictos sociales?
Es necesario contar con un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos. Es un tema pendiente que no alcanzó a realizar el actual gobierno.
Si bien tenemos claridad de que requerimos ese sistema –porque los conflictos implican una aproximación multisectorial y multinivel– este aún debe concretarse. Adicionalmente, hace falta un trabajo minucioso en el monitoreo de los compromisos que se han asumido en las distintas mesas de diálogo y desarrollo.
Se espera que el cumplimiento de los acuerdos de estos procesos por parte del Estado, sector privado, gobiernos regionales, entre otros actores, alcance una mayor velocidad. Asimismo, incentivar una mayor regulación desde una perspectiva de monitorear el cumplimiento de ciertos estándares, no solamente ambientales, sino también sociales.
Este tipo de medidas es una garantía para el sector privado, dado que fija una línea de base desde la cual medir el desempeño de estas. Si la empresa tiene mayor presencia del Estado monitoreando el tema ambiental, se conseguirá una población más receptiva con respecto a la actividad extractiva que ejerce el sector privado.
En ese contexto, ¿qué rol cumplen los gobiernos regionales y locales?
Cumplen dos roles fundamentales. En primera instancia, deben fortalecer su capacidad de liderar y articular los procesos de desarrollo territorial. Esto, a través del establecimiento de visiones de desarrollo y la promoción de consensos entre los diferentes actores del territorio.
Es decir fomentar sinergias a través de herramientas y procesos de planificación y gestión territorial. En segunda instancia, deben buscar más sinergias con el Gobierno Nacional, particularmente en torno a alinear sus estrategias de desarrollo con las prioridades nacionales.
Desde la perspectiva de la prevención de conflictos, es relevante poner en valor las capacidades y herramientas que los gobiernos regionales han desarrollado en sus respectivos territorios. El sistema nacional de prevención de conflictos, debería incorporar estas capacidades.
¿Qué le espera al próximo gobierno?
Desde la temática de la prevención y gestión de los conflictos, el próximo gobierno tendrá la oportunidad de construir sobre lo avanzado por gobiernos predecesores. Estos avances no solo incluyen nuevas instituciones, procesos y políticas, sino también una masa crítica de capacidades para el diálogo y la prevención de conflictos que emanan de sociedad civil, las empresas y el Estado.
Por otro lado, y de acuerdo con el plan de gobierno propuesto, pareciese que hay una importante claridad respecto de los vínculos entre la conflictividad y el desarrollo, y la preponderancia de la inversión social como una herramienta de prevención. Algo que el gobierno entrante ha denominado como el “Avance Social”. Todos estos factores confluyen de manera positiva para el abordaje y la gestión de conflictos.
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