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Por Emma Pérez
“Las comunidades son dinámicas”, una frase a la que muchos se han podido referir en el análisis descriptivo del cambio constante que existe en las comunidades. Esto aplica si bien se habla de poblados o también del centro económico de un país. Y es que cada pueblo y región cambia, se desarrolla y está vivo a través de sus actores, y se complejiza en la medida que otros y más actores aparecen en esa escena.
Por ejemplo, una comunidad campesina de hace dos siglos contaba con una organización social basada en la familia, y probablemente enfocada en la agricultura y ganadería como actividad económica, buscando cubrir el consumo familiar y la venta de algunos de sus productos para adquirir otros necesarios.
Con el correr de los años, aparecieron nuevos protagonistas y con ellos nuevas demandas y ofertas. Así es como hoy en día, no sorprende encontrar en cualquier comunidad al Estado, a través de oficinas y representantes regionales y locales, y sus programas para la comunidad; a diferentes empresas privadas, a través de sus negocios o programas de RSE, y a las Ongd nacionales o internacionales que buscan el desarrollo del lugar en varios aspectos (social, económico, político y/o ambiental).
Fernando Palomino, Consultor en Comunicación para el Desarrollo, introduce el tema diciendo que “hoy se entiende que los problemas y conflictos generados por el modelo de desarrollo y democracia que implementamos en nuestro país es una responsabilidad compartida, tanto por el Estado y las Empresas como por las Organizaciones de Sociedad Civil y la ciudadanía en su conjunto. Por ello, generalmente cuando los conflictos sociales se dan a nivel local o regional, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (Ongd) se involucran debido a que tienen un papel activo en la zona, sea para promover el desarrollo o la participación ciudadana en la resolución de sus problemas.”
Por su parte, Iván Ormachea, Director de ProDiálogo, opina que “las Ongd en general tienden a fomentar el desarrollo, y si ese desarrollo está bien concebido va a generar un cambio social que mejorará las condiciones de vida de la gente. Además, estará construyendo paz y no por la ausencia de conflicto, sino la paz como status que contribuye a desarrollar a una sociedad, donde se mejore la calidad de vida de las personas.
Por eso, las Ongd participan con diversos roles en los conflictos sociales, y no necesariamente porque tengan alianzas con una u otra posición, sino porque muchos de estos conflictos están muy vinculados al tema de gobernabilidad y desarrollo sostenible.”
De esta forma, las Ongd son actores importantes tanto en la comunidad como en los conflictos; y tienen un papel muy importante en lo que se refiere a la defensa de los derechos de la comunidad y la búsqueda de acuerdos y resolución de sus problemas.
Palomino, cuenta que “generalmente, cuando se da un conflicto entre, por un lado, el Estado o las Empresas, y por otro lado, las poblaciones u organizaciones sociales de una zona, las Ongd optan por apoyar los derechos y reivindicaciones de éstas últimas. No recuerdo algún conflicto social donde las Ongd hayan defendido al Estado o las Empresas, salvo que éstas hayan sido formadas expresamente por ellos (como es el caso de algunas empresas que financian Ongd y Asociaciones locales con la finalidad de influir en la población).
En estos casos, hay un conflicto de intereses muy claro.” Tanto Palomino como Ormachea, coinciden en que el Estado y las empresas necesitan aliados, incluso para llegar a algunas zonas donde no tienen presencia. En base a lo que se puede distinguir varios roles para las Ongd. Palomino sugiere que las Ongd “no suelen trabajar solas, sino que son parte de mesas, grupos o colectivos de la sociedad civil para resolver distintos problemas a nivel local y regional.
Asimismo, muchas de ellas se vinculan con las Iglesias, lo cual les da mucho respaldo y credibilidad social a su labor”; y puede también ser un actor imparcial que colabora en la resolución del conflicto y la búsqueda de acuerdos. Ormachea, se detiene en este último y agrega que “en este caso, parte de la esencia de sus actividades en la asociación civil ProDiálogo, que él preside, es relacionarse con todos los actores por igual, mantenerse imparcial, sin alianzas, y buscar la forma de restablecer la comunicación, construir puentes entre los involucrados para generar acuerdos y puntos en común buscando.
” Sin embargo, asegura que no es un rol que asuman para las demás Ongd, puesto que la apuesta válida, es hacer incidencia a favor de las comunidades. Y finalmente, incorpora un eje de acción más que tiene que ver con el asesoramiento técnico para temas muy específicos que lo ameriten. Palomino sostiene que “es importante entender que un “conflicto social” no es lo mismo que una “crisis”. Aquí hay una visión distorsionada de los conflictos sociales, ya que estos se reducen a “la fase de la crisis”, que es el punto más álgido del conflicto, donde usualmente hay un enfrentamiento directo y violento entre los actores. Pero el conflicto social es mucho más amplio y tiene varias dimensiones y niveles. Además, éstos se configuran en el tiempo y avisan con mucha anticipación lo que va a ocurrir.”
Ello no solo brinda la posibilidad de tomar medidas en el momento indicado para prevenir enfrentamientos, sino que las Ongd que ya cuentan con una buena reputación y una fuerte articulación podrán aportar mucho más en ese rol de intermediarias. Ormachea, por su parte, comenta que “desde la época de Toledo, se veía que el enfrentamiento y la polarización sería una tendencia, y cuando se inicia un conflicto lo primero que se rompe es la comunicación.
Ahí es donde deben actuar las Ongd, a través de varios roles: liderar mesas de diálogo, ser observadores, capacitadores, analistas de conflicto y, eventualmente, mediadores.” Estas apreciaciones permiten determinar dos elementos que influyen directamente en el origen del conflicto social: la desconfianza y el prejuicio entre las partes, y la poca atención que le prestan las autoridades a las alertas del problema.
En cuanto a la desconfianza, Palomino señala que “vivimos en uno de los países con mayor desconfianza interna a nivel mundial. Somos un país de desconfiados y el gran problema es que esto se ha extendido como un cáncer y corroe todo el tejido social e institucional; la confianza es un “bien común” cada vez más escaso en nuestro país.”
Esta quizás sea la base de la dificultad para conversar y lograr ponerse de acuerdo, porque se está partiendo de la creencia que el otro no va a cumplir y que alguna carta bajo la manga debe tener, lo que complica cualquier proceso de concertación y conversación. Palomino es de la opinión que “la desconfianza es mutua, tanto del Estado en relación a las Ongd, como de éstas hacia el Estado. Y hay que recordar dos cosas.
La primera, es que las Ongd son vistas, desde el Estado, como opositores o competencia. Lo cual es un gran error. Creo que deberían verlas más bien como aliadas, ya que las Ongd llegan muchas veces a las zonas más deprimidas y abandonadas de este país, allí donde no entran ni el Estado, ni el Mercado para contribuir a resolver los problemas de desigualdad y pobreza. Lo segundo, es que desde algunos sectores políticos hay una suerte de persecución contra las Ongd desde hace varias décadas.
En los últimos gobiernos se ha intentado sacar a través del Congreso de la República diversas leyes para controlarlas y restringir su accionar. Eso ya es hasta cierto punto “normal” para las Ongd en este país, las cuales se han acostumbrado a trabajar bajo este tipo de “presiones”, muchas de las cuales no prosperan o se quedan encarpetadas en el Congreso.”
Lo cierto es que en la medida que la desconfianza corroe la relación entre Estado-empresa-comunidad, más son los intentos de fiscalizar y controlar el accionar de las Ongd. Ormachea, quien también considera la desconfianza como uno de los grandes problemas en la búsqueda de evitar y transformar los conflictos sociales, sostiene que “el Estado debe deshacerse de los prejuicios y, y evitar caer en la estigmatización de las Ongd.
En general suelen tener una tendencia controlista, y es cierto que si uno no tiene nada que esconder no debería estar en contra, pero cuando ese control empieza a cruzar la línea, se vuelve preocupante. Además, el proceso de supervisión de las ONG es muy burocrático y por ende quita muchísimo tiempo.”
Explica Palomino que “la confianza y la credibilidad, son dos elementos muy importantes en la cohesión de las relaciones interpersonales y sociales. Si estas se erosionan o debilitan, cualquier situación que se presente puede convertirse en una nueva fuente del conflicto.” Lo preocupante es cuando esta desconfianza toca todos los niveles de la organización socio-política; y él comenta que la desconfianza en Perú afecta al sistema democrático, “cuando un poco más de la mitad de ciudadanas y ciudadanos en el Perú y en Latinoamérica apoyan la democracia como sistema de gobierno, pero un porcentaje significativo estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario o dictatorial si este les resuelve sus problemas fundamentales.
Afecta además a las instituciones y al ciudadanía en sí, porque los peruanos no confían en sus instituciones pero tampoco confían en sus conciudadanos.” En cuanto a la atención de las autoridades al problema, Ormachea señala “el Estado recién en esta última gestión tiene una política más clara de cómo manejar los conflictos sociales. Han tenido que aprender sobre los eventos. Yo me pregunto, al día de hoy, si algunos de esos aprendizajes no deberían estar ya consolidados como para evitar tantos enfrentamientos violentos, muertes, heridos, etc.
A mí Tía María me recuerda mucho a Conga por ejemplo, pero pareciera que cuando se manifiestan estos conflictos hay un desborde total y el Estado entra en complejidades a la hora de actuar.” “Parte del problema radica en la incapacidad de las autoridades y funcionarios (nacionales, regionales y locales) para actuar en forma coordinada y preventivamente, y en las “malas prácticas institucionales” de los actores involucrados (sean autoridades locales y regionales o empresas).
A lo que se le suma, el enfoque reduccionista y coyuntural con el que se trabaja solo en el momento de la “crisis” y no a lo largo del conflicto. Es una visión de corto plazo que impide, por un lado, tener una mirada preventiva (que analice y relacione los distintos factores que están a la base de un conflicto) y, por otro, una mirada prospectiva (que analice las tendencias y ver dónde puede surgir el próximo conflicto).”
Todo esto deriva en que actualmente las Ongd están reguladas, en primer lugar, por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), quien supervisa anualmente todos los proyectos de las Ongd en el país y solicita informes sobre los mismos. Además de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de Trabajo (MINTRA), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las Agencias de Cooperación Internacional, los Gobiernos Locales y Regionales, los socios de la Ongd y, por supuesto, los beneficiarios y beneficiarias de los proyectos.
En el caso de la SUNAT, es quien supervisa el pago de los tributos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la ley. El MINTRA fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales y solicita a las Ongd informes sobre pagos en planilla, beneficios laborales, formación de Comité de Seguridad, entre otros. En cuanto a la SBS, las Ongd deben hacer un reporte a la SBS cada 6 meses sobre sus movimientos bancarios (especialmente a partir de ciertos montos) y deben nombrar un Oficial de cumplimiento.
Sugiere Ormachea “Un buen ejemplo de dialogo impulsado por Ongds (CARE; Red Social, Labor y ProDiálogo), donde participaron representantes de empresas y del Estado, fue el proyecto Dialoga y posteriormente Diálogo Sur, que abarca 6 países de América Latina, con el objetivo era crear plataformas de diálogos en la conflictividad social en torno a la minería y el desarrollo sostenible. Hoy se ha formado una red llamada el Grupo de Diálogo Latinoamericano”; igualmente, recuerda que Ongd, nacionales e internacionales, han participado desde distintos roles, en numerosas mesas de diálogo para solucionar conflictos entre comunidades y empresas, a lo largo de estos últimos 10 años, como en el caso de la Mesa de Tintaya, en la provincia de Espinar, Cusco, con muy buenos resultados. Como buena práctica, afirma que cuando hay confianza y voluntad de trabajar en conjunton Estado y Ongd.
Concluye Ormachea que el gran aporte de las Ongd es que “desde una visión macro promueven valores democráticos, el respeto a los derechos fundamentales, el desarrollo sostenible y humano en general, eso ya está contribuyendo en lo que es prevención del conflicto. No olvidemos que en muchos conflictos sociales se dan en contexto de pobreza muy agudos y ahí es donde hay que trabajar con más fuerza en una cultura de no violencia, de respeto y confianza. Y para aquellas pocas que trabajan como terceros imparciales, es importante siempre ser muy transparentes y cuidar la imparcialidad tanto en lo que se dice, como en lo que se hace.”
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