Por Stakeholders
Lectura de:
Por Rafael Valencia – Dongo C
Presidente del Grupo Estrategia
Presidente del Grupo Estrategia
Hay que tener claro que, en el marco de análisis, se comprenden dos partes claramente definidas que permiten conceptualizar la raíz y el mecanismo de resolución de conflictos socioambientales en el sector empresarial que explotan los recursos naturales.
En primer lugar, se define un enfoque de análisis para la comprensión del conflicto social a partir de la interrelación e intereses de tres actores: el Estado, la Comunidad y la Empresa del sector extractivo, que conforman piezas esenciales en el surgimiento y estallido de la conflictividad socioambiental en ambientes extractivos.
En tal sentido, la propuesta de Martin Tanaka (2012) resulta de utilidad, debido a que permite entender la conflictividad social dentro del marco institucional peruano, caracterizado por un Estado con carencia de representatividad política y la existencia de intereses contrapuestos que existen usualmente entre la comunidad y la empresa del sector extractivo. Es así como la concepción de conflicto incorpora la lógica de acción colectiva, principalmente en las comunidades que interactúan externamente (con el Estado y la Empresa extractiva) como internamente (entre comunidades) y la acción del Estado como centro de disputa principal.
Para Tanaka, la dinámica esencial detrás de la conflictividad social parte inicialmente de la insatisfacción de necesidades que no se canalizan ni incorporan dentro de las decisiones de acción del estado (vacío de poder), generando escenarios de protesta. No obstante, resulta importante que la sola existencia de insatisfacción no deviene en escenarios de movilización y conflicto, sino que existe un tiempo oportuno donde se maximizan las ganancias del conflicto.
Por otro lado, Tanaka destaca las causas estructurales de la conflictividad social a partir de la persistencia de carencia de oportunidades, pobreza y profunda inequidad, características particulares de países en desarrollo con alto nivel de desigualdad social histórica, como Perú y con poca presencia del Estado. Es así como, bajo las condiciones de poca representativa por la acción del estado y marginación social, se ahonda en el problema del actor comunidad en canalizar sus demandas a la arena política, debido a que no cuenta con soporte político ni económico
En la misma línea, se destacan los aportes de R.Dahl (1999) y Mainwaring y Pérez Liñán (2004), quienes manifiestan que el problema de la conflictividad social se centra en que efectivamente no existe una verdadera representación política de los ciudadanos de las poblaciones rurales. Incluso, dentro de un panorama de crecimiento económico en el Perú y disminución permanente de la pobreza, desde el 2000 se mantiene una baja aceptación y representatividad de los partidos institucionales y el sistema democrático (Tanaka, 2005).
Esto coincide con los resultados de Mainwaring y Pérez Liñán, que muestran que existe una relación débil y no lineal entre el desarrollo económico y la democracia, debido a que la dinámica política y social de América Latina tiene una característica excepcional por el proceso histórico político particular de cada país.
Por ello, el papel de las condiciones socioeconómicas de las comunidades no resulta en una condición suficiente para la generación de escenarios de conflictos sociales, debido a que previamente estas comunidades marginadas podrían expresar su necesidad y canalizarla hacia el Estado.
No obstante, la carencia de representatividad real en la política del Estado genera que el ciclo de insatisfacción de las comunidades se replique permanentemente causando un “caldo de cultivo” perfecto para la entrada de un cuarto actor: los opositores de la inversión que convierten la insatisfacción y desesperanza de la comunidad en una acción social[1]; con ello se incrementa altamente la probabilidad de aparición del conflicto socioambiental. Por ejemplo, en zonas rurales y algunas regiones del Perú se da más apoyo a liderazgos autoritarios con un perfil “antisistema” y que se oponen al régimen democrático actual.
En segundo lugar, se trata el marco de análisis de resolución y prevención de conflictos socioambientales en ambientes extractivos, a partir del marco de la Teoría de Juegos propuesta por John. F Nash, que brinda la base teórica para generar estrategias dinámicas de resolución de conflictos en ambientes no cooperativos y con intereses contrapuestos de los actores, como es el caso del ambiente extractivo y las comunidades.
Este marco mediante la Teoría de Juegos da énfasis en las diferencias con las estrategias de negociación más tradicionales (Modelo de negociación de Harvard o Chicago), donde se tienen estrategias de reducción de diferencias o win win en las que se llegan a establecer acuerdos, pero entre partes que no tienen ningún conflicto histórico que genere posiciones mutuamente excluyentes (como, por ejemplo, la comunidad “no quiere mina” y la empresa ambiente extractivo “quiere mina”).
Al respecto John Nash, John Harsanyi y Reinhard Selten, premios Nobel de Economía en 1994, agregaron conceptos nuevos para mejorar la utilidad y la capacidad de predicción de la Teoría de Juegos no cooperativos, relacionados a escenarios de conflictos bilaterales.
Esta se inicia a partir de los conjuntos de estrategias de los jugadores y las preferencias de estos sobre los resultados asociados. El concepto solución más acertado fue el de “Equilibrio de Nash”, según este aporte se constituye un Equilibrio de Nash si la estrategia de cada jugador es óptima en cuanto se asume la mejor estrategia que pueda jugar el otro actor.
Por ello, la aplicación de resolución de conflictos a partir del marco de Teoría de Juegos resulta clave debido a que el individuo o las comunidades deben lidiar con estas mediante herramientas, como la negociación con la parte en conflicto (empresa) con quien mantienen posiciones excluyentes.
Es así que la negociación debe entenderse como un proceso informativo donde los jugadores deben intentar conocer los intereses y necesidades de la otra parte y percibir las señales emitidas para establecer -de esta forma- una estrategia sobre el adversario que le permita obtener los resultados que desea. No basta con conocer qué intereses tiene en juego una de las partes, sino reconocer qué necesidades reales puede cubrir la otra parte para generar un espacio de cooperación menos excluyente en el tiempo (equilibrio estratégico).
Generando pactos de contrapeso
Conocido el marco de acción, debemos preguntarnos cómo generar los contrapesos que permitan equilibrar la balanza y lograr el equilibrio estratégico.
La respuesta es sencilla: uso de argumentos emocionales, ya que los racionales son para las autoridades, y expertos o científicos. Para generar pactos que brinden solución al conflicto, se deben conocer las capacidades de los actores (información y racionalidad); el Estado es un buen socio para desarrollar proyectos, pero muy malo para convertirlos en aceptación social. Para cumplir con este propósito, sería mejor desarrollar proyectos “blandos” que impacten directamente en la mente de los ciudadanos, que proyectos de infraestructura.
La comunicación es clave, pero no aquella que provenga de la misma empresa, sino desde terceros; el “autobombo” no funciona. La empresa debe recordar que no se trata de construir piscigranjas, canales de regadío, carreteras, etc., sino el de convertir esos proyectos en una palanca para lograr la aceptación social. Esos proyectos no son el fin, sino un medio.
