Milagros Sandoval – Programa Forestal de la SPDA

 Abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, especializada en temas forestales.

 Abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, especializada en temas forestales. Tiene una larga trayectoria de trabajo en organismos públicos tales como la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre y la Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables – OSINFOR, ambas pertenecientes al ex Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA; así como en el Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE. Además, es coordinadora para los países andino-amazónicos de la Red IUFRO. En la actualidad su trabajo está enfocado, en gran medida, en los aspectos legales de uno de los mecanismos de pagos por servicios ambientales con mayor difusión, es decir, REDD.

 
Se está hablando mucho acerca de los esquemas de pagos por servicios ambientales que se pueden dar en el Perú.  Uno de ellos es REDD, ¿cómo lo definiría brevemente?

Las siglas REDD hacen referencia a la reducción de emisiones (de gases de efecto invernadero) por deforestación y degradación del bosque. Se trata de un instrumento que se crea ante la necesidad de que los países en vías en desarrollo puedan obtener financiamiento para mantener sus bosques en pie, considerando que el Protocolo de Kyoto no había incluido la promoción de este tipo de herramientas para ello. La idea de fondo es que a través del financiamiento se logre un cambio de patrones de conducta e incentivar que la gente haga actividades sostenibles en el bosque, evitando así la deforestación.

¿Cómo es que está funcionando REDD en la actualidad?

Actualmente las iniciativas REDD se están dando en un mercado voluntario. Paralelamente se está debatiendo a nivel internacional cómo es que podría funcionar un mercado regulado, pero la realidad actual es el mercado voluntario. En Brasil, por ejemplo, ya existe un proyecto en implementación. Se trabaja a través de identificar cierto número de hectáreas, cuánto carbono está siendo almacenado en ellas, siendo también uno de los aspectos primordiales que existan amenazas sobre un área específica a determinarse. Hay que tener claro que la esencia de REDD consiste en proteger un área determinada de las amenazas inminentes. No se trata de obtener financiamiento sólo por tener un bosque en pie, sino que uno de los condicionantes específicos es que deben existir amenazas latentes en la zona, que harían que se cambie el uso del suelo, de forestal a otro, como puede ser la agricultura migratoria, por ejemplo.

En ese caso, las ANP no podrían entrar a estos esquemas porque el Estado asegura su protección

Claro, en sentido estricto, no habría adicionalidad en incluir dentro de un esquema REDD a un área natural protegida sobre la cual ya existen un mandato expreso de conservar el área, el cual viene no sólo de un mandato constitucional, sino también de normas como la Ley de Áreas Naturales Protegidas y sus regulaciones posteriores, que obligan al Estado a crear y posteriormente proteger dichas áreas. Sin embargo, es conocido que a pesar de dichos mandatos estas áreas sí tienen amenazas latentes, al igual que otras iniciativas de conservación o manejo sostenible. Por eso en el Perú, una de las cosas que se quiere hacer con REDD -que finalmente es un incentivo económico y financiero- es promover el manejo y la conservación en áreas donde ya se esté realizando manejo y conservación. Lo que se pretende es apoyar las iniciativas que ya existen para que sigan manteniéndose en el tiempo. Esto último considerando que el problema histórico del sector forestal y de las ANP es que no hay financiamiento para que se mantengan las actividades que se han ido realizando a lo largo de los años. Entonces, el objetivo es darle viabilidad económica a estas iniciativas de conservación, a través de esquemas de pagos por servicios ambientales, entre los cuales una opción es la de los proyectos REDD.

Entonces, REDD se está adaptando a las realidades de los países…

Yo creo que sí, que el esquema debe adaptarse de alguna forma u otra a cada país. En realidad no hay todavía un concepto generalizado o una idea unánime de qué es REDD. Se habla del tema de cambio climático, mantener bosques en pie, pero cuando uno aterriza en la realidad encuentra que ya existen algunas herramientas de conservación que se han ido promoviendo en los últimos años. Entonces, una interesante posibilidad para el caso peruano es apoyar estas iniciativas sin dejar de lado las potenciales amenazas. La idea no sólo es promover, tener el dinero o los fondos suficientes para seguir apoyando las iniciativas, sino trabajar con las amenazas de esas iniciativas. Por ejemplo, con gente que está alrededor de una concesión para conservación y que se dedica a la actividad agrícola. Un proyecto completo debería considerar darle a esa gente algún tipo incentivo para que la actividad que realicen sea sostenible y no se convierta en una amenaza para la concesión. Es decir, no sólo es concentrarte en el área específica sino ver más allá y transformar las potenciales amenazas en aliados.

Según su experiencia, ¿cuál puede ser el potencial de herramientas de conservación privada para introducirse en los esquemas REDD?

El potencial es inmenso, en términos legales tenemos un amplio abanico de herramientas que te pueden ayudar a implementar estos esquemas. Al final lo que tienes es un marco normativo bueno, un gran potencial de bosques que están almacenando carbono, y también, muchas amenazas que van en aumento. El tema técnico más complejo es ver, ciertamente, que las amenazas son efectivas o se van a dar para poder implementar este tipo de esquemas. Creo que si hay un potencial grande. Uno de los temas más importantes es la extensión, pero eso está relacionado con el comprador, con cuántas hectáreas quiere conservar o cuántas toneladas de carbono quiere que se sigan almacenando. Actualmente depende mucho del comprador (porque es un mercado voluntario), aunque se espera que el tema se vaya regulando.

Y si hay una lógica de más hectáreas, más posibilidades de conseguir un proyecto REDD, entonces podríamos decir que las concesiones para conservación son las que tendrían mayores posibilidades dentro de las herramientas de conservación privada…

Definitivamente las concesiones para conservación son las que más hectáreas manejan y por ende podrían tener mayores posibilidades de conseguir implementar un proyecto REDD. Pero no diría que son las únicas que pueden conseguirlo, las concesiones para ecoturismo y las áreas de conservación privadas también tienen un gran potencial. Es cuestión de analizar cada caso específico.

¿Hay experiencias de concesiones para conservación que estén trabajando algún mecanismo REDD?

Sí, hay iniciativas en al menos dos concesiones para conservación, una es la Concesión para Conservación Los Amigos de la Asociación para Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA, en Madre de Dios, y la otra es la Concesión para Conservación Alto Huayabamba de Amazónicos por la Amazonía – AMPA, en San Martín. En ambas se está trabajando para ver la posibilidad de implementar la herramienta. El caso de Madre de Dios es único, porque encuentras diversas superposiciones de intereses y derechos sobre un ámbito reducido. En mi caso, estoy mucho más familiarizada con la experiencia de ACCA, donde tienes un área muy amenazada por los diversos derechos otorgados a su alrededor. Creo que en ese sentido, tendría muchas posibilidades de poder implementar un proyecto REDD.

Entiendo que ACCA ha conseguido una adenda en el contrato de la concesión para conservación. ¿Cómo facilita ello que pueda optar a un proyecto de REDD?

El tema ahí es que ninguna de las herramientas legales contenidas tanto en la Ley Forestal como en la Ley de Áreas Naturales Protegidas tiene certeza absoluta sobre los derechos de los usuarios en cuanto a los servicios ambientales, salvo el caso de las concesiones forestales maderables donde el potencial sobre esos derechos está más específico en su contrato y en el reglamento de la Ley Forestal. Pero en el caso de ACCA, lo que se trabajó fue una adenda en su contrato original otorgándole el potencial de poder obtener derechos sobre los servicios ambientales, condicionando esos derechos a las regulaciones que se promulguen sobre servicios ambientales.

¿Qué tan cerca estamos de que se apruebe la legislación sobre servicios ambientales?

Actualmente existe un proyecto de ley sobre servicios ambientales en el Congreso. Digamos que eso sería la legislación general, luego la ley va tener que ser reglamentada y sobre la base de lo que se establezca en esas normas, ACCA podría solicitar los derechos respecto a los servicios ambientales. También existe una directiva del Ministerio del Ambiente sobre el tema de presentación de proyectos de captura de carbono y donde está incluido el tema de reducción de emisiones. Si bien creo que vamos por el camino correcto, aún queda mucho por hacer.

¿Qué posibilidades tienen las áreas con pocas hectáreas de implementar un proyecto REDD?

Mucho depende del mercado y del comprador, pero la idea es promover la sostenibilidad de estas iniciativas de conservación privada, para que puedan sumarse a una lista mayor y para que puedan ser muchos más interesantes para un comprador. Lo importante, también, es tener claro que no sólo existe REDD, existen otros sistemas de pagos por servicios ambientales que se pueden ir trabajando, no todo tiene que derivarse en REDD. Actualmente estamos trabajando otros mecanismos de pago por servicios ambientales donde también se pueda conseguir un mercado. Por ejemplo, el tema de pagos por servicios ambientales en recursos hídricos también es una opción y probablemente muchas ACP puedan involucrarse.

La articulación de redes locales o redes regionales de conservación privada pueden ser una opción si es que se quisiera tentar proyectos REDD…

Por supuesto, no sólo para optar por esquemas REDD, sino para otro tipo de esquemas de pagos por servicios ambientales. Pero sí, lo ideal es que los diversos usuarios se asocien o creen redes para armar proyectos que puedan ser más interesantes en el mercado.
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Contenido:Boletin SPDA
Imagen:Boletin SPDA.