Derechos humanos - Educación

Los retos para mejorar el acceso y la calidad educativa en el ámbito rural

La educación en áreas rurales del Perú enfrenta desafíos significativos, incluyendo acceso limitado, falta de infraestructura y dificultades de comprensión. Este informe examina estas dificultades y propone soluciones. Además, destaca la importancia de la colaboración entre el Gobierno, ONG, el sector privado y la comunidad.

Por Milagros Bracamonte

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La educación es un derecho fundamental que no solo impulsa el desarrollo individual, sino que también fortalece las bases de una sociedad próspera y equitativa. Sin embargo, en Perú, el acceso y la calidad de la educación siguen siendo un desafío, especialmente en comunidades o zonas al interior del territorio nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en la actualidad hay cerca de 360 962 estudiantes de entre 4 y 18 años en todo el país que no reciben ningún tipo de educación.

En este panorama, es también preocupante que un mayor porcentaje afecte a los menores de las zonas rurales, quienes se ven obligados a trabajar frente a problemas económicos que atraviesan, lo que implica descuidar la escuela. Esta realidad es evidenciada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), puesto que la fuerza de trabajo de personas entre 14 y 18 años creció en 485 000 a inicios del 2021.

“En la actualidad, más de 3 millones de peruanos que viven en áreas rurales no han terminado la escuela y cerca del 80 % de los estudiantes rurales no comprenden realmente lo que leen”, señala Alfredo Draxl, director ejecutivo de CIDEL, Consultora Educativa.

Alfredo Draxl – Director ejecutivo de CIDEL, Consultora Educativa

Bajo ese contexto, el especialista en educación señala que “hay multiples desafíos que enfrentan las comunidades rurales en términos de acceso a la educación de calidad”. Respecto a los recursos, los principales desafíos tienen que ver con la falta de infraestructura educativa adecuada, la escasez de docentes calificados, la dispersión de las escuelas, y el limitado acceso a internet. Esta situación se agrava con la corrupción que no solo roba recursos materiales, sino que comercia con nombramientos docentes sin correspondencia a mérito alguno.

“Por otro lado, encontramos deficiencias serias en la contextualización de los programas educativos y el entrenamiento docente. Al mismo tiempo, vemos una gran indiferencia: la educación es un asunto de mediano plazo y el ‘tiempo’ de los políticos e incluso las empresas se mide en unos pocos meses. Si trabajamos solo para ‘la foto’, nunca vamos a lograr nada significativo”, agrega.

Por su parte, María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial, resalta que “es importante administrar de manera responsable el presupuesto público que mayoritariamente atiende la educación pública de nivel básico, así como generar las oportunidades para que el sector privado continúe contribuyendo con invertir sus recursos en el sector y en generar de esta forma una mayor cobertura. Lo que ha venido ocurriendo, a lo largo de los últimos años, es que ha sido el sector privado el que ha permitido el crecimiento de la cobertura en la educación superior, que actualmente es atendida en un 75 % frente al 25 % que ofrece el sector público”.

Mayor preparación docente

Hay diversas estrategias para mejorar el acceso a la educación en las zonas rurales. Para Alfredo Draxl, la principal es la formación inicial y permanente de los docentes. “Sin docentes de calidad todo lo demás se cae, sin embargo, esta formación aún es deficiente”. Como parte de sus funciones, cuenta que su consultora llevó a cabo una evaluación a un grupo de postulantes a un pedagógico rural. “En promedio su nivel de lectura y matemática correspondía a un 4to. grado de primaria; en otra provincia capacitamos a todos los docentes de ciencias: ninguno podía explicar qué es el método científico ni cómo procede. Visitando un grupo de colegios rurales, los encontramos muy bien equipados con materiales de la época de Humala: todos embolsados y sellados porque los profesores no saben cómo utilizarlos, ni siquiera el material de base 10”.

En medio de un contexto donde el Estado ha realizado importantes incrementos en las remuneraciones de los docentes, surge también una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el ámbito educativo. No obstante, menciona que se ha desatado un mercado negro de nombramientos que involucra a malos funcionarios.

En ese sentido, agrega que es clave mejorar el diseño de la carrera docente para que el nombramiento se base en una real meritocracia. En su consideración, la carrera no debe acabarse en el aula, tiene que continuar hacia la administración educativa de calidad; o hacia especializaciones por área académica, o a la formación docente de manera que sean los mejores maestros quienes formen a las siguientes generaciones. Con ello se podría asegurar los siguientes 50 años del sistema educativo.

En la actualidad, los colegios de educación básica, especialmente los públicos que atienden a la mayoría de los niños, enfrentan una realidad preocupante. De acuerdo con María Isabel León, los colegios de educación básica, principalmente los públicos – que son los que atienden a más del 75 % de los niños-, aún no han pasado procesos de acreditación de calidad ni de verificación de infraestructura.

María Isabel León – Presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial

“Las brechas de infraestructura de la educación pública son gigantescas y afectan la calidad de los servicios que reciben los estudiantes. Adicional a ello, existen desafíos en la formación inicial de los docentes, así como en lograr reducir las plazas de la docencia pública, especialmente, en los docentes contratados en desmedro de los nombrados – quienes han pasado diversos procesos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial y han ganado sus plazas a través de la meritocracia”, explica.

En el panorama educativo actual, surge también otra interrogante fundamental: ¿cómo pueden los proyectos educativos adaptarse de manera efectiva a las necesidades particulares de las comunidades rurales a fin de asegurar una educación de calidad para todos sus miembros? Esta pregunta no solo refleja un desafío significativo en la búsqueda de la equidad educativa, sino que también subraya la importancia de comprender y abordar las complejidades inherentes a los entornos rurales. Desde esta perspectiva, el especialista en educación señala que la clave está en “contextualizar”.

“El centro es el aprendizaje, no la enseñanza. Por tanto, la pregunta es ¿qué necesitan aprender nuestros estudiantes en esta comunidad concreta? ¿Cómo lo pueden lograr de una manera significativa, es decir ‘con sentido para ellos’? El profesor tiene que abandonar la lección impresa en su libro de texto e iniciar un diálogo con sus alumnos que le permita saber cuáles son sus intereses, dudas o curiosidades, y adaptar su enseñanza a aquello que les hace sentido”, sostiene.

Agrega que la contextualización se da en el aula y no en la oficina de un planificador. “Los niños de los Andes no aprenden a comunicarse o leer, no porque no puedan, sino porque los reciben profesores mal entrenados; armados con una programación confusa, cuyo objetivo pedagógico no entienden bien; y obligados a cumplirla de una única manera por un supervisor interesado únicamente en que se cumpla un formato. La contextualización y el aprendizaje significativo, no sobreviven en ese ambiente”, resalta.

“Encontramos deficiencias serias en la contextualización de los programas educativos y el entrenamiento docente”.

El aprendizaje rural debe ser una política de Estado

En el complejo panorama educativo de las áreas rurales, el acceso equitativo y la calidad de la educación siguen siendo desafíos fundamentales que requieren soluciones innovadoras y colaborativas. En este contexto, las alianzas entre diversos actores, como el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector privado y las comunidades locales, emergen como un elemento crucial para promover el desarrollo educativo sostenible en estas regiones. Estas colaboraciones estratégicas, además de aportar recursos y experiencia variada, también permiten una comprensión más profunda y contextualizada de las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las comunidades rurales en materia educativa.

Alfredo Draxl señala que “el aprendizaje rural debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Ese liderazgo es esencial, pues ningún otro actor tiene impacto del Estado nacional o regional, para el caso, ejerciendo liderazgo e invirtiendo tiempo, economía y personas con unos objetivos claramente definidos. Así lo hizo el gobierno de Ontario, Canadá, hacia finales de los 90, y en menos de 10 años pasó de una situación de crisis estructural con piquetes de maestros y padres de familia protestando en las calles, a ser uno de los seis mejores sistemas educativos del mundo, y mantenerse allí hasta la actualidad”.

Indica que gracias a cifras claras establecieron tres grandes objetivos: mejorar el rendimiento en matemática y lenguaje; cerrar brechas educativas; y recuperar la confianza de la población. A los tres años el cambio era ya evidente, y a los cinco años ya habían dado la vuelta a los problemas más serios.

“El Gobierno canadiense puso a un político de alto perfil al mando del ministerio de educación, quien reportaba al gabinete las acciones y logros, que a su vez se publicaban y difundían en los medios. Todos sabían dónde estaban y la ciudadanía respaldó las acciones del gobierno. (…) Se hicieron muchas cosas, pero todo empezó con una decisión, unos objetivos y unas metas claras y públicas. La interrogante es ¿podemos poner ‘de moda’ la educación en el Perú”, finaliza.




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