Por Stakeholders
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Por Marco Minaya
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Según una guía elaborada por El Observatorio de RSC: “la responsabilidad social corporativa por sus razones económicas, sociales, éticas y legales, debe ser considerada de interés público, y no exclusivamente privada; en ese sentido, debe ser la sociedad mediante sus representaciones públicas, quien deba garantizar los recursos y cuestiones básicas de la responsabilidad social, en tanto los efectos de las actuaciones de las empresas tienen impactos en la sociedad”.
En dicho contexto, no cabe duda que al hablar de representaciones públicas nos referimos en concreto al Estado, quien juega un papel fundamental. En ese sentido, en los últimos años se ha visto una creciente necesidad de que desde la mirada de la RSC el Estado tenga la suficiente capacidad y eficiencia para ejercer una adecuada regulación en cuanto a las políticas voluntarias que cada empresa adopta dentro de su gestión comercial al momento de impactar en sus diferentes grupos de interés.
Es sabido que en nuestro contexto existen diversas iniciativas nacionales tanto del sector público como del privado que intentan integrar la sostenibilidad a su gestión y estrategia organizacional, promoviendo e impulsando la RSE tanto en su fomento como en su implementación.
Sin embargo, teniendo en consideración que la administración pública tenga la responsabilidad de involucrarse y asumir un papel más activo en el fomento de la RSC, habría que preguntarse entonces, ¿de qué forma la sostenibilidad está siendo incluida en las políticas públicas?
Para Gerardo Herrera Perdomo, Socio Líder de Servicios en Riesgo Empresarial de Deloitte Perú, el Estado sí entiende el concepto de sostenibilidad, sin embargo, precisó que no necesariamente todo el aparato estatal está trabajando en pro de esta dinámica. Teniendo en consideración que surgen diversos asuntos de carácter de urgencia que pueden distraer el foco que guíen exclusivamente a un modelo sostenible.
“El gran reto que tiene el Estado radica en que lo urgente no le haga olvidar la agenda de lo importante”, acotó Herrera. Para entender mejor la lógica que Herrara comenta es necesario referirnos al concepto de sostenibilidad. Según el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD), a la que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto de sostenibilidad está ligado a lo siguiente:
“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface a las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Muy al margen de las críticas o debates que ha suscitado dicho concepto, para puntualizar el enfoque que adquiere la sostenibilidad en las políticas públicas es inevitable mencionar las tres dimensiones que engloba dicha conceptualización: económico, social y ambiental.
En esa perspectiva, en palabras de José Ventura, Profesor de Social Business y Reforma del Estado de ESAN, podría decirse que el Perú priorizó mucho el aspecto económico, regular en el aspecto social y muy poco en el tema ambiental.
Este desajuste, según su criterio, crea distorsiones, pues al no crecer en el tema social y ambiental al mismo ritmo de la económica, esta se convierte en un peligro para ambas.
DIVERSAS PROBLEMÁTICAS EN UN MISMO ESCENARIO
Para hacer mención de algunos ejemplos en concreto, en nuestra actualidad existen diversos problemas como la inseguridad ciudadana, transporte y congestión del tránsito urbano, contaminación ambiental, desarrollo territorial, cambio climático, ciudades sostenibles, entre otros. En ese panorama, “uno no necesariamente cuenta con los recursos y la capacidad para estructurar planes y programas que tengan la dimensión global, porque involucra a millones de personas dentro de una gestión”, explicó el vocero de Deloitte.
Además, agregó que se necesita mayor tiempo y continuidad para percibir resultados concretos ante los diversos problemas que enfrentan una ciudad o país. Frente a ello, Luis Miguel Artieda, Responsable País Perú de la Fundación Avina, expresó que el abordaje que ejerza el Estado debe ser multisectorial y también multiactor.
Como vocero oficial de Avina, explicó Artieda, lo que se intenta hacer es llegar a establecer acuerdos o agendas conjuntas con diversos actores para solucionar estas problemáticas de manera práctica, concreta y demostrable, y luego que producto de estos acuerdos pueda usarse de base para consagrarse en obras públicas a nivel municipal y nacional.
Como bien lo mencionó Herrera, ante la gran diversidad de problemas que enfrenta una ciudad o país, no todo el aparato estatal está trabajando en pro de la dinámica de sostenibilidad. De igual modo, el profesor de Social Business y Reforma del Estado de ESAN determinó que el Estado peruano como entidad no tiene una concepción clara en torno al enfoque de sostenibilidad al implementar programas para el desarrollo local, regional y nacional.
Desde su lógica, algunas dependencias sí tienen claro dicho enfoque, sin embargo, resalta que de por sí es complicado tanto determinarla como implementarla, ya que cada Ministerio, gobierno de turno o gerente a cargo de un programa puede tener diferentes concepciones y ejecuciones respecto al valor de la Sostenibilidad.
Por ejemplo, expresa el docente de ESAN, este es un gran problema al momento de establecer una posición clara frente a un problema social, ya que La Ministra de Energía y Minas, El Ministro de Economía, Ministro del Ambiente, Ministro de Cultura tendrán una concepción y abordaje diferente sobre la sostenibilidad. “Esto se refleja en los conflictos sociales que hasta la fecha hemos tenido”, puntualizó Ventura.
FACTORES CLAVES A CONSIDERAR
De antemano, el Socio Líder de Servicios en Riesgo Empresarial de Deloitte Perú indicó que el Estado tiene el gran reto de ejecutar políticas públicas con el enfoque de sostenibilidad. ¿Por qué cuesta tanto ejecutarlo? ¿Cuáles son los factores que determinan esta situación? Desde su perspectiva, son tres elementos claves: la capacidad en torno al rendimiento de los funcionarios talentosos.
En ese sentido, el vocero de Deloitte enfatiza que para desarrollar programas de sostenibilidad se debe contar con programas a nivel macro, que incluya políticas totalmente independientes a vaivenes políticos, y que estas orientaciones vayan sumando hacia un solo fin. “Esa capacidad es limitada a la vista”, determinó.
Un segundo factor, agrega Herrera, es indiscutiblemente un manejo de prioridad de recursos, ya que obligatoriamente la propia gestión del gobierno de turno retiene recursos, y lo urgente también consume recursos. Por último, y no menos importante, la presencia de una voluntad política continua.
Justo en este último punto el Responsable País Perú de la Fundación Avina hizo un hincapié determinante, ya que la falta de voluntad política en la actualidad se debe a la poca continuidad del ciclo político, al cambiar la administración actual por una siguiente.
Desde su lógica, constantemente los gobiernos municipales y parte del Estado cambian de curso, por no haber estructurado planes a largo plazo que realmente conlleven a impactos importantes. Artieda expresó, a modo de ejemplo, que el plan urbano de Lima al 2035 no está aprobado, pese a haberse realizado todo un esfuerzo multisectorial de la administración de actores para lograr un plan que sea consistente y que guie a la ciudad más allá de los ciclos políticos electorales.
Sin embargo, “este nuevo gobierno municipal no lo aprobó; por ende, falta una voluntad política por establecer compromisos a largo plazo” puntualizó. Asimismo, agregó que este tipo de medidas no benefician necesariamente a quienes gestionan la administración pública. Es por ello que, según Herrera, si bien hay voluntades políticas de cada uno de los diferentes partidos políticos, no necesariamente estos convergen. “Se debe trabajar en una agenda común que implique una voluntad política como país”, sostuvo.
MUNICIPALIDALIDADES: ¿ACCIONAR PENDIENTE?
Está claro, como bien lo han indicado los especialistas, que la responsabilidad de la administración pública al operar de manera sostenible y planificada, es necesaria para alcanzar políticas públicas, cuyas gestiones sean continuas, independientemente de las posturas que adopten los diversos partidos o posturas políticas.
Por tanto, esta responsabilidad de involucrarse y asumir un papel más activo en el fomento e implementación de la sostenibilidad dentro de su visión a largo plazo, debe responder en relación a las demandas tanto del mercado, como del sector privado y sobre todo del ciudadano, ya que es este último quien evaluará su eficiencia no solo a nivel local, sino rural y nacional.
Para el Responsable País Perú de la Fundación Avina existe una clara responsabilidad por establecer planes de corto, mediano y largo plazo por parte del municipio, la cual esta constatado en la ley orgánica de municipalidades. De la misma opinión es Herrera, quien expresó que en la medida que las políticas públicas sean transversales hacia todas las entidades del gobierno a nivel regional se va a conseguir distribuir de manera adecuada los recursos e inversión pública para que estos puedan hacer uso de ello.
Al respecto, declaró el profesor de Social Business y Reforma del Estado de ESAN, si la inversión pública quiere ser sostenible, de hecho se debe reconocer que no se tendrá retornos inmediatos; por lo tanto, el Estado debe pensar en periodos de largo plazo.
Por ejemplo, expresa Ventura, si el desarrollo de un sector industrial requiere infraestructura básica, es el Estado quien debe proveerla. De tal manera que la iniciativa privada y el sector de la sociedad civil aprovechen esta inversión pública en términos rentables y de mejor calidad de vida, en vez de hacer pequeños proyectos, sino aquellos que tienen un gran impacto.
Esta gestión pública a nivel de inversión es necesaria conforme se vayan otorgando las licencias y mandatos regidos en cada gobierno, tanto a nivel estatal, local y regional. Es por ello que, a criterio de Artieda, alcanzar la sostenibilidad en este plano tiene como requisito una articulación prioritaria, una buena gobernanza, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, y esta condición básica para la sostenibilidad en nuestro país hace falta.
Hasta ese punto, entonces, la gobernabilidad, como bien lo indica el vocero de Avina, es clave al momento para estructurar la base y puedan ejecutarse los diversos proyectos e iniciativas que se implementen en cada gestión. Sin embargo, solo en Lima “existe una gobernanza muy fragmentada con sus 43 distritos, aparte del Callao”.
En esa línea, acotó que frente a una problemática como los residuos sólidos, cada alcalde tiene un distinto tratamiento entorno al manejo de dichos residuos, lo cual en sí dificulta mucho que la ciudad ofrezca a los ciudadanos una buena calidad de vida.
Artieda fue claro al expresar que es muy difícil planificar una ciudad sostenible cuando los planes estratégicos por parte de los Ministerios no son muy vinculantes con el plan de desarrollo de las municipalidades. “Considero que existen islas del aparato estatal que comprenden claramente el tema de sostenibilidad, pero se ven un poco atadas de manos por el problema de la administración de la gobernanza al momento de operar”, recalcó el vocero de Avina.
Como bien se ha mencionado a lo largo del informe, cada problema que afronta el país puede ser analizado desde la óptica de sostenibilidad; desde los residuos sólidos, inseguridad ciudadana, hasta el transporte, problemas que ocasionan muchos disgustos por parte de la ciudadanía en general.
Y es que estos problemas son solo la forma concreta de representar la problemática de gobernanza que envuelve a las instituciones públicas. Partiendo del hecho del papel que cumple el Estado hacia su ciudadanía tanto a nivel local como regional, ¿este último qué rol cumple frente a las demandas latentes?
¿FISCA LIZACIÓN CIUDADANA?
El transporte urbano es uno de los problemas que podemos citar. De acuerdo a un análisis de la Situación actual y problemática del transporte público en Lima Metropolitana, realizado por el Instituto Metropolitano Pro transporte de Lima, determina que el transporte en la capital es lento, inseguro, contaminante y muy ineficiente. El servicio público se caracteriza por un exceso de oferta, lo cual genera congestión, demora en los desplazamientos y competencia ruinosa.
Al respecto, el vocero de Avina explicó que el plan de desarrollo de la capital que está aprobado no faculta a la ciudad de Lima a abordar diversos temas en general, alegando que no existe competencias suficientes para manejar siquiera el tema del transporte.
Frente a esta coyuntura, según Ventura, las municipalidades no solo son espacios que administran servicios públicos locales o ejercen obras de infraestructura, sino representan actores claves para la construcción de una ciudadanía real.
Y es que, añade Artieda, un problema actual ligado al sector está referido al tema del “Bypass”, cuyo resultado, muy al margen de su adecuada implementación o no, fue que despertó la conciencia ciudadana de que no basta con ampliar la cantidad de cemento que se incorpora a la ciudad en temas de obras públicas para mayor paso de los vehículos.
Lo que ha generado, en palabras del Responsable País Perú de la Fundación Avina, es que esta obra muestra que la sociedad va a ser menos permisiva ante actividades socialistas de cambiar un proyecto integral complejo y beneficioso, en teoría, para la ciudadanía como fue Rio verde por un “Bypass” que no resuelve el tema de la congestión vehicular y que cuesta mucho dinero. A su criterio, este tipo de obras solo otorga visibilidad a la gestión municipal actual, la cual solo evidencia la mala gestión del tránsito en la ciudad y la ausencia de un sistema público de calidad.
Es por ello que, según Herrera, si se plantea una adecuada gestión de la sostenibilidad en los diferentes accionares que tenga el Estado y sus Ministerios, Municipios, entre otros, va implicar que todos estemos alineados en esa vía, en la cual la sociedad civil deba cumplir su rol de fiscalizador de los acuerdos o compromisos que se tenga como agenda sostenible. Sin embargo, advirtió Artieda, no hace falta cargarle de mayor responsabilidad al sector público entorno a sus competencias dentro de su gestión local.
El ciudadano es responsable por no hacer valer sus derechos a la ciudad. Entonces, ¿dónde radica el problema? Para el especialista de la Fundación Avina, el problema es que somos ciudadanos individuales; por tanto, resulta difícil organizarse. Empero, es importante elevar nuestra voz entorno a nuestros derechos a través de mecanismos de participación ciudadana para tratar de modificar algunos aspectos en el plano de transporte.
“Un ciudadano formado, de hecho, puede ser un agente de cambio”, acotó. Por último, a juicio de Herrera, el Estado debe facilitar y enfocar todos sus esfuerzos para seguir con programas sostenibles, y no a corto plazo, y que todo el sector privado aporte y acompañe en este tipo de programas.
Siendo este el panorama general de comportamiento del Estado frente al enfoque de sostenibilidad, en la práctica. Sin embargo, el Estado es cada vez más abierto promotor de la RSE. No obstante, se espera que conforme pasen los años hacia el modelo de un desarrollo sostenible, las políticas públicas con enfoque de sostenibilidad sea la manera adecuada que el Estado pueda dar respuestas a soluciones o demandas por parte de la ciudadanía socialmente organizada.
La articulación, la gobernanza, continuidad y voluntad política, entre otros factores son solo puntos clave para que este proceso esté cada vez más al alcance de sus propias competencias y pueda desarrollarse de manera natural para, sobre todo, mejorar el nivel de calidad de vida de sus habitantes.
