Por Stakeholders
Lectura de:
En un gesto que podría transformar el panorama ambiental de la navegación internacional, la OMI, organismo dependiente de la ONU con más de 170 países miembros, ha aprobado un novedoso sistema de gravamen para las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques. A partir de 2028, todas las embarcaciones deberán ajustar su mezcla de combustibles para reducir sus emisiones o, en su defecto, pagar en función de la contaminación que generen.
La medida, que abre la puerta a un comercio de derechos de emisión, establece tres categorías según la intensidad de las emisiones. Los buques más contaminantes deberán abonar 380 dólares por cada tonelada de CO₂ equivalente, mientras que aquellos que ya están dando pasos hacia combustibles más limpios enfrentarán una tarifa de 100 dólares. Por su parte, los barcos que logren emisiones muy bajas o nulas no tendrán que pagar, e incluso podrán vender sus derechos sobrantes a sus contrapartes más contaminantes. Los fondos recaudados se destinarán a un fondo común para ayudar en la transición energética del sector marítimo a nivel mundial.
Sin embargo, el camino hacia este acuerdo no estuvo exento de tensiones. La propuesta se aprobó mediante votación, 63 votos a favor, 16 en contra y 25 abstenciones, ya que el consenso total no fue posible. Países con grandes intereses en los combustibles fósiles, como Arabia Saudí, Qatar y Omán, se manifestaron en contra, mientras que naciones insulares y Estados vulnerables al cambio climático, como las Islas Marshall y Tuvalu, optaron por abstenerse, denunciando falta de inclusividad y transparencia en el proceso.
El clima de la negociación fue particularmente tenso. Se cuenta que Estados Unidos, en aquel entonces bajo la administración de Donald Trump, amenazó con “tomar medidas recíprocas” contra quienes respaldaran el gravamen, evidenciando la magnitud y la complejidad de la disputa.
El objetivo de esta iniciativa es ambicioso: lograr que el sector marítimo reduzca sus emisiones entre un 20% y 30% para 2030, entre un 70% y 80% para 2040, y alcanzar las emisiones netas cero en 2050. Dado que las emisiones de buques representan cerca del 3% de las emisiones globales –una cifra comparable a la producción de toda la economía japonesa–, la medida es vista como crucial para combatir el cambio climático. Sin embargo, algunos activistas y líderes ambientales consideran que la reducción estimada de solo un 8% para 2030 no cumple con las ambiciosas metas necesarias para enfrentar la crisis climática.
La decisión marca la primera vez que el sector marítimo se enfrenta a un mecanismo de este tipo, y, a pesar de las críticas, abre la puerta a la creación de un mercado internacional de emisiones que podría incentivar a los armadores a invertir en tecnologías y combustibles más limpios.
En palabras del embajador de las Islas Marshall, Albon Ishoda, “No hemos terminado. Volveremos”, reflejando el compromiso de aquellos países que seguirán presionando para lograr un acuerdo más riguroso y efectivo.
Mientras el mundo observa de cerca cómo se implementa este sistema, la aprobación de la OMI se perfila como un paso histórico, aunque controvertido, en el camino hacia una navegación más sostenible. Con la mira puesta en 2050, el sector marítimo se enfrenta a la doble tarea de adaptarse a un nuevo marco normativo y demostrar que, incluso en un escenario de desacuerdos, es posible avanzar hacia un futuro con menos emisiones.
