Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Fernando Romero Bolaños
Muchos cuestionan, con razón, cuando se identifica al Perú como un país minero. Hay demasiados ejemplos que demuestran que el Perú no es sólo, ni principalmente, un país dedicado a la extracción de minerales. Sin embargo, también es cierto que esta actividad va a acompañar al Perú las próximas décadas. Me parece que sacar las consecuencias prácticas de esta conclusión puede ser útil.
Y es que al gobierno, tal vez el más crítico al desempeño de las industrias extractivas que hemos tenido en los últimos 60 años, le interesa que este sector sea una de las principales fuentes de ingresos del Estado, tal como lo expresa el hecho que esperan conseguir que las inversiones en minería, gas y petróleo asciendan a varios miles de millones de dólares en los próximos cuatro años.
Esta situación no es exclusiva del Perú; países con gobiernos de distintas orientaciones ideológicas, como Ecuador, Brasil y Colombia, le vienen prestando cada vez más atención a la promoción de este tipo de inversiones, particularmente en el sector minero.
Tal hecho muestra la fuerza de la demanda global por los recursos minerales, pero también que aún existen limitaciones, especialmente en la política, para pensar y hacer realidad modelos de desarrollo alternativo, basados en otra priorización de nuestras potencialidades internas y en una inserción distinta en el proceso de globalización. Hay que decir también que, aún en el caso de que estas alternativas tuvieran más consistencia, la diversificación de nuestra economía y la reubicación del lugar que ocupan las extractivas requeriría varios años para que se hagan realidad.
El asunto que el gobierno tendría que asumir es la reforma y fortalecimiento de las instituciones relacionadas especialmente con las actividades mineras, para reducir la incertidumbre que estas generan entre las poblaciones y para gestionar adecuadamente los conflictos (que no es lo mismo a actos violentos) que se producirán.
Lo peor que puede suceder es que el Ministerio de Energía y Minas dé luz verde a nuevas concesiones y proyectos sin antes establecer ese nuevo marco institucional; porque el existente ha demostrado ser uno de los factores que lleva a que los conflictos se transformen en actos de violencia cometidos por los distintos actores involucrados.
Un primer paso positivo ha sido la aprobación de la Ley de Consulta Previa, y esperamos que su implementación confirme esta buena noticia.
Hay otros pasos que son necesarios de realizar. Uno de los más importantes y más urgentes, es el establecimiento de normas y políticas nacionales de Ordenamiento Territorial (OT) que permitan, con la flexibilidad necesaria, tomar decisiones intergubernamentales sobre el uso del suelo y el aprovechamiento de las potencialidades presentes en el territorio. La urgencia tiene que ver con el hecho que ante la abstención del gobierno nacional, varios gobiernos subnacionales, en el marco de sus competencias, han avanzado en procesos de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y en la elaboración de planes de OT, con metodologías e instrumentos diversos, que requieren ser encauzados y articulados en un marco común, que solo lo puede brindar el gobierno nacional.
Por otro lado, se requiere modificar la manera cómo se autorizan concesiones y se aprueban los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Por un lado es necesario involucrar a los gobiernos subnacionales, quienes deberían brindar información sobre las áreas comprometidas y dar opinión sobre los EIA. Situaciones como la ocurrida con el EIA del proyecto Tía María muestra que se requiere mejorar significativamente la calidad de estos estudios y la revisión de los mismos por parte del MINEM y/o el MINAM.
Se requiere dar una atención especial a la implementación de políticas de información que permitan que las poblaciones involucradas conozcan con la mayor claridad posible las implicancias en sus derechos que tiene cada una de estas situaciones y, de este modo, reducir la incertidumbre que hasta el momento causan estas decisiones. Asimismo, el gobierno nacional debe asumir, además de la responsabilidad de conducir la consulta previa sobre los EIA, el liderazgo en los procesos de participación ciudadana, que hasta este momento son las empresas quienes los llevan a cabo.
Si se avanza en esta dirección podremos aspirar a que el tratamiento de los conflictos, pueda ser menos reactivo y más preventivo. Será posible avanzar en que su gestión sea una responsabilidad compartida y no sólo de una oficina de la PCM.
Tales cambios requieren de un Estado más consistente. Más coordinado entre sus niveles de gobierno; con acceso a toda la información relacionada a la materia en cuestión; con el personal y los sistemas necesarios para la revisión oportuna y calificada de las peticiones e instrumentos que se requieren para que los proyectos mineros sean autorizados; con un sistema de información adecuado a las poblaciones con las que se quiere relacionar.
Sin más Estado es muy difícil que haya más minería.
FUENTE: ASOCIACIÓN SER
