Por Stakeholders
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El Gobierno de José Jerí ha decidido habilitar la construcción de la carretera UC-105, una vía que atravesará una de las zonas más críticas de Ucayali, marcada por la expansión del narcotráfico, la tala ilegal y la rápida pérdida de bosques amazónicos. El proyecto, impulsado por Fuerza Popular, busca conectar Pucallpa con Atalaya y llegar hasta la frontera con Brasil, pese a los riesgos que advierten organizaciones ambientales y especialistas en seguridad.
La medida ha generado una fuerte controversia, especialmente entre comunidades indígenas, que denuncian la ausencia de consulta previa y alertan sobre los impactos territoriales y sociales de la carretera. Mientras tanto, informes satelitales y reportajes independientes evidencian que el trazo de la UC-105 coincide con un corredor dominado por economías ilícitas y pistas clandestinas que podrían expandirse aún más con la nueva infraestructura.
¿Qué plantea la propuesta de la carretera UC-105, dominado por el narcotráfico y la tala ilegal?
La construcción de la carretera UC-105 propone conectar Pucallpa con Atalaya y, finalmente, con Puerto Breu, en la frontera con Brasil. De acuerdo con un informe de Epicentro TV, dicha carretera se encuentra dominada por el narcotráfico y la minería ilegal que reconfiguran el paisaje ucayalino.
Dicha iniciativa fue presentada por la congresista fujimorista Jenny López Morales, quien, al igual que otros coautores, evitó responder por qué se promueve una vía en donde confluyen cultivos ilegales.
A su vez, autoridades locales como el alcalde de Atalaya respaldan la integración vial con Brasil por supuestos beneficios comerciales, pese a que estudios e informes coinciden en que estas rutas también fortalecen redes criminales transfronterizas.
Aunque la carretera fue aprobada en el Congreso con amplia mayoría y sin segunda votación, las comunidades indígenas, principales afectadas, no fueron consultadas de manera adecuada. Lejos de apoyar la iniciativa, pueblos de Perú y Brasil conformaron una Comisión Transfronteriza para denunciar los riesgos del proyecto y exigir respeto a sus derechos laborales.
“Somos indígenas y también somos peruanos. No queremos ser maltratados, por eso se ha formado la Comisión Transfronteriza, para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, para recordar que los bosques no están en venta y que el río no es un negocio. Es nuestro río, donde vivimos”, declaró un líder indígena de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa y Alto Tamaya, que agrupa a 28 territorios de 13 pueblos de ambos países, en diálogo con Mongabay.
Un corredor estratégico para el narcotráfico
El trazo de la UC-105 atraviesa áreas donde ya operan organizaciones criminales que controlan cultivos ilícitos y pistas clandestinas. Monitoreos satelitales muestran un patrón claro: a medida que se abren caminos, crece la infraestructura ilegal. Los sembríos de coca se ubican a pocos kilómetros de la ruta proyectada, y se han identificado zonas con minería incipiente y nuevas trochas asociadas a actividades ilícitas.
Las alertas no se limitan al Perú. Autoridades brasileñas han confirmado la presencia del Comando Vermelho en la frontera de Ucayali con Acre, en una zona donde el narcotráfico financia la minería ilegal, la tala, la ocupación de tierras y otras actividades que transforman la Amazonía. Expertos en seguridad advierten que, sin una presencia estatal efectiva, la apertura de carreteras como la UC-105 podría acelerar procesos de ocupación ilegal ya vistos en otras regiones amazónicas.
