¿Un nuevo acuerdo de gobernabilidad?

Recientemente, en un medio local, un grupo de organizaciones publicó a toda página un anuncio en el que solicita a los candidatos a la Presidencia de la República la adopción de lo que han denominado “un nuevo acuerdo de gobernabilidad (social, ambiental y económico)”, entre otros. Que se sepa, a la fecha, sólo existe un candidato antisistémico, el mismo que, a decir de las encuestadoras, no constituye una opción representativa para la ciudadanía.

Siendo así las cosas, y a la espera del proceso electoral del próximo 10 de abril, nos preguntamos si los ciudadanos de los gobiernos de los países cooperantes sabrán que sus tributos y donaciones son empleados para fomentar determinadas tendencias políticas en nuestro país, en vez de promover el desarrollo de los menos favorecidos. De seguro que no.

Cuando dichas organizaciones se reúnen y promueven un cambio en el contrato social que rige el Perú, lo que están expresando es una voluntad política para que la Carta Constitucional que gobierna a todos los peruanos sea modificada. Sabemos que es legítimo que los integrantes de estas organizaciones manifiesten sus intereses, simpatías y antipatías políticas, pero lo cuestionable es emplear el financiamiento externo de sus instituciones para hacer política en el Perú bajo el manto de “organizaciones cooperantes” y nunca informar claramente quiénes son éstas.

Por otro lado, saludamos que a través de dicho comunicado hayan transparentado sus verdaderas intenciones, de manera consciente o inconsciente. Algunas instituciones de la cooperación internacional quieren que en el Perú se cambie el régimen económico de la Constitución que ha atraído inversiones por más de $22 mil millones desde 1993, lo que ha resultado en la reducción de la pobreza, la creación de empleo digno, la caída sostenida del subempleo y la disminución sistemática de la desnutrición infantil.

Cambiar el Capítulo Económico de la Constitución es restar garantías a la inversión nacional y extranjera, pretender excluir al interior del país de los beneficios que trae la inversión es condenar a la pobreza y extrema pobreza a millones de compatriotas. Discutir dónde realizar actividades extractivas cuando aún el país no ha sido explorado en su totalidad es cerrar las opciones de desarrollo para las futuras generaciones.

¿Qué hubiese pasado si con los conocimientos del siglo XIX se hubiese decidido excluir de la minería a varias regiones del país?, pues el 60% de las divisas que recibe hoy el Perú por concepto de la actividad minera sería menos de 10%. ¿Podemos imaginar cuán elevado sería el tipo de cambio?, ¿cuánto costarían los productos que importamos, como el petróleo, por ejemplo?

Para terminar, estas organizaciones también se manifiestan a favor del establecimiento de regímenes tributarios diferentes al actual, podríamos empezar por eliminarles las exoneraciones de que gozan y comiencen a pagar impuestos o ¿será que quieren beneficiar a sus países de origen para que la inversión minera internacional, que tiene interés en asentarse en el Perú, migre hacia allá?

Por: Guillermo Vidalón del Pino