Por Stakeholders
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Por: Pedro Vásquez Indacochea
Gestor Socio Ambiental, RSC y Sostenibilidad
A partir de inicios de la década de 1990, el Estado peruano empezó a requerir licencias ambientales para el desarrollo de proyectos de inversión, principalmente en minería y en hidrocarburos. Posteriormente, este requerimiento fue ampliándose a otros sectores tales como el eléctrico, el pesquero y transportes. En la actualidad, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) considera además de estos sectores al agrícola como plausible de requerir esta certificación ambiental. Luego, vemos el amplio espectro de actividades económicas que requieren involucrarse en procesos formales para asegurar dicha certificación y poder iniciar las inversiones del caso.
Un elemento fundamental de este proceso de certificación es la elaboración de un instrumento de gestión ambiental (IGA), tarea desarrollada por una consultora ambiental autorizada, para su posterior aprobación por la autoridad pertinente. Uno de los principales IGA es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sea detallado (EIA-d) o semi detallado (EIA-sd). En general, el IGA tiene como objetivo principal el prever y el analizar los impactos (ambientales y sociales) que sobre el entorno se podrían derivar de la implementación del proyecto propuesto por el inversionista. Definidos estos impactos, se establecen las medidas de manejo correspondiente para evitar o minimizar los de carácter negativo que podrían suceder y maximizar aquellos de índole positivo en el apartado determinado como “estrategia de manejo ambiental”.
Un IGA se elabora a partir de las definiciones que plantea la entidad sectorial responsable -sea a través de manuales, guías o términos de referencia. El cumplimiento de estos lineamientos es una exigencia básica para poder obtener una aprobación del IGA luego de su evaluación. Luego, es de interés tanto del inversionista como de la consultora realizar un estricto cumplimiento de dichos lineamientos.
El Estado peruano ha suscrito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la cual se ha comprometido a impulsar el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, viene desplegando distintos esfuerzos para poder sistematizar toda la información posible que le permita visibilizar su desempeño de cumplimiento respecto a los ODS, tal como se observa con el Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los ODS administrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Desde que el Senace inició sus funciones, ha evaluado y aprobado 29 modificatorias de EIA-d y siete EIA-d, expedientes de proyectos que en total US$ 6 030 millones (Senace, 2017). Sin embargo, al no requerir los lineamientos para la elaboración de los IGA se demuestre la relación que tienen los impactos de los proyectos y las respectivas medidas de manejo con los ODS, se pierde la oportunidad de identificar el esfuerzo económico de la inversión privada en implementar estrategias que tengan un impacto positivo en los ODS y generar información de valor para que el Estado pueda reconocer el nivel de cumplimiento con la Agenda 2030.
Así mismo, considerando que las estrategias de responsabilidad social buscan atender los impactos y los riesgos del proyecto, al realizarse esta conexión entre impacto – medida de manejo – ODS, el inversionista podría alinear sus estrategias de inversión social y ambiental para con el cumplimiento de ODS y fortalecer la sostenibilidad del proyecto. Solo se requeriría actualizar los lineamientos de elaboración de los IGA desde las instituciones sectoriales correspondientes, lo cual en términos prácticos no generaría mayores sobre costos en el proceso de elaboración y de evaluación de estos instrumentos.
