Gestionando la crisis social en las empresas extractivas: más allá de la gestión de riesgo

Por: Rafael Valencia-Dongo
Presidente ejecutivo del Grupo Estrategia

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Las empresas que trabajan en los sectores minero, energético, petrolero, gas, pesca y ahora último las empresas de la mediana y gran industria -dadas sus características especiales de tamaño respecto al entorno, vistosidad, expectativa- están expuestas a los riesgos sociales, más aún ahora que, lo que se denomina el “estado de derecho” está agotado y no sirve para conducir a la sociedad vía el mandato de las autoridades y de la ley.

Las empresas previenen las crisis a través de la gestión de riesgos, con lo que buscan que las crisis puedan ser evitadas, para ello siguen un protocolo basado en la recolección de información, como por ejemplo el mapeo de actores, su grado de peligrosidad frente al negocio, escogen las herramientas para gestionar el riesgo, tales como ganar-ganar, hacer crecer la torta, intereses, posiciones, etc. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que realizan, los riesgos comúnmente se convierten en crisis y de eso es lo que trataremos en este artículo.

Hoy la crisis puede ser de tal magnitud, que ya no solo significa añadirle mayores costos al negocio, sino que puede significar incluso la amenaza o finalmente la clausura de la inversión. Esto último se ha acentuado ante la falta o reducción de dos de las funciones básicas de los mandatarios: la capacidad para convencer a los ciudadanos de actuar en uno u otro sentido y la falta de capacidad para obligar a los mismos si estos son rebeldes frente a la ley y sus instrumentos.  Así vemos como, por ejemplo, la autoridad no puede convencer que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ha aprobado contempla los riesgos y la forma de mitigar los impactos que una actividad empresarial puede ocasionar, de modo que el balance para la sociedad en su conjunto, sea beneficioso para la misma. La autoridad tampoco tiene capacidad para obligar a los ciudadanos a cumplir la ley. Así vemos que poblaciones se rebelan frente a las autorizaciones y toman actitudes abiertas contra la ley, como la toma de carreteras, boicotean los servicios públicos o mantienen a la sociedad en un régimen de terror que paralizan sus capacidades de elegir por sí mismos lo que más le conviene, para mejorar su calidad de vida o lograr mayor igualdad de oportunidades.

Las empresas pueden “llorar sobre la leche derramada” indicando que el problema de la crisis social, se ha debido a la ausencia del Estado, la inacción de la policía, la corrupción en el Poder Judicial, la falta de capacidad de convencimiento respecto de su trabajo de las instituciones como el MEM, SENACE, Contraloría, etc. Efectivamente, así es, es decir falta de institucionalidad. Rediseñar un cambio en el sistema de institucionalidad, sin embargo, tomará décadas si es que se da (por ejemplo, el cambio de modelo institucional que se dio en Europa de Monarquía a Democracia Representativa, o la caída del modelo de la URSS a Democracia Participativa); por lo que el empresario debería adoptar dos premisas:

• “Con estos bueyes hay que arar”, es decir seguir usando los elementos de la institucionalidad vigente, aunque se sabe que no serán necesariamente eficaces.
• Construir gobernabilidad para la empresa (además de la institucionalidad), sobre la base de la opinión ciudadana de manera directa. El presidente Vizcarra, por ejemplo, el 28 de julio de 2018 decidió ir por este camino ante la grave falta en la institucionalidad vigente. Decidió gobernar con la calle, dejar de lado al Congreso, el reparto de poder a través de los puestos públicos y gobernar con la opinión pública. Esta acción de inmediato le ha servido para sacarlo del marasmo y del posicionamiento de pusilánime en que lo habían encajonado a él y sus ministros; las encuestas elevan su grado de favorabilidad casi de inmediato y retoma el manejo de la agenda. Este actuar funciona muy bien para los gobernantes y para las empresas, siempre que se cuente con un “tejido social” construido por acciones y comunicaciones. Esto implica trabajar en un “caldo base” con anticipación, lo que significa pasar de la negociación en una mesa de diálogo con 50 personas dirigentes (que usualmente no tienen capacidad de convencer ni obligar a quienes dicen representar), a influir en los ciudadanos de un distrito o de una provincia. Es decir, pasar de influir en 50 a influir en 50 000 ciudadanos.

Cuando ya estalló la crisis, la ciudadanía que rodea físicamente a las empresas (la empresa debe tratar de reducir los territorios abarcados por la crisis) está muy molesta, lastimada y con una gran dosis de temor. La empresa debe tratar de evitar que la crisis se contagie a otras ciudades o comunidades.  Los opositores a la inversión buscarán escalar la crisis y las empresas deberán tratar de desescalar la misma.

La empresa debe afrontar la crisis principalmente, sobre la base social que ha formado durante el tiempo de paz, construido esencialmente sobre la base de las demandas ciudadanas:

1. Articulación para lograr que las poblaciones puedan contar con servicios públicos.
2. Articulación para lograr igualdad de oportunidades (educación, salud, entre otros).
3. Articulación para lograr promoción del desarrollo económico (despertar la vocación productiva de la localidad).

Sin embargo, nada de lo arriba indicado servirá si no es comunicado adecuadamente desde terceros y si previamente no se ha despertado la necesidad para que la satisfacción de la misma sea valiosa perceptualmente, de lo contrario se apreciará que poblaciones enteras rechazan el agua, electricidad o la construcción de un colegio, o peor aún la lucha contra la anemia o las antenas de celular, porque no le darán la importancia debida e inclusive servirá para enfadar más a la población.

La comunicación desde terceros debe servir para acelerar el cierre político de la crisis, es decir “dejar como cura sin feligreses” a los opositores; así como producir el cierre operativo, es decir que la población y sobre todo las autoridades al apreciar que ya no es “sexi” atacar a la inversión, no le brinden los elementos logísticos tales como banderolas, transporte o comida a las masas movilizadas. Es decir, el manejo de la crisis vía la comunicación debe permitir el cierre político y logístico, lo que, sin embargo, no deberá generar a la empresa victorias públicas ni tampoco pretenderá lograr el pleno consenso ciudadano.

Usualmente las crisis son de “sombra alargada” y no de “fuego en la paja”; sin embargo, debe buscarse terminar con la crisis, debe tratar de evitarse que se vuelva crónica, aunque es claro que el sector extractivo e industrial es inestable, la más práctica manera de manejar una crisis es no tenerla. Para ello hay que evitar, vía la comunicación desde terceros, o no darle la oportunidad para que se produzca y reproduzca.