Por Denisse Torrico
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Bania Ávalos Gómez nunca ha vivido ni trabajado en Chiclayo. Sin embargo, en junio del 2024 descubrió que tenía una deuda de S/40.000 en el banco BBVA, producto de un préstamo solicitado con documentos falsificados. El caso estuvo bajo investigación, pasando por diferentes instituciones como Indecopi y la Policía Nacional.
Si bien la entidad bancaria BBVA canceló la deuda, el caso ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad y las medidas que adoptan los bancos para prevenir el fraude.
Para el Dr. Fernando Cuadros, abogado civilista del estudio Iuralex, el caso de Ávalos constituye un claro incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del banco. “El BBVA tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad de la relación contractual con su cliente. Esto incluye prevenir riesgos razonablemente previsibles como el fraude”, explicó. Según el Artículo 1321 del Código Civil, la responsabilidad contractual conlleva consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de reclamación por daños y perjuicios.
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En ese sentido, el especialista señala que los bancos deben seguir protocolos estrictos para verificar la identidad de los solicitantes. Es por ello que, además de validar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el uso de verificación biométrica es esencial para confirmar la identidad del cliente. «La falta de diligencia del personal bancario puede derivar en responsabilidad penal, sobre todo si hay colusión o negligencia grave”. advierte la Dra. Diana Pérez, abogada penalista.
¿Cuál es el camino legal para las víctimas de fraude?
Ávalos presentó denuncias tanto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) como a Indecopi, buscando la anulación de la deuda. De acuerdo con el Dr. Cuadros, el paso inicial es alegar la nulidad del contrato bajo el Artículo 219 del Código Civil, debido a la ausencia de consentimiento válido. Este principio legal es claro: sin voluntad, no hay contrato.
Por otra parte, la denuncia administrativa en Indecopi puede fundamentarse en la vulneración del deber de idoneidad del servicio financiero. La Ley Nº 29571 otorga un plazo de dos años para presentar este tipo de denuncias. La SBS también tiene un rol crucial en supervisar los procedimientos internos de las entidades financieras para evitar la repetición de fraudes similares.
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No obstante, la responsabilidad del banco no termina en la anulación de la deuda. Ávalos también puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios. “El daño patrimonial incluye la afectación del historial crediticio, lo que puede limitar el acceso a nuevos créditos y generar pérdidas de oportunidades”, detalla el Dr. Cuadros. Además, el daño moral, como el estrés emocional causado, también es indemnizable.
Casos similares han sido resueltos a favor de los clientes. La Dra. Pérez recuerda un precedente en que la suplantación de identidad derivó en la devolución del dinero sustraído. Aunque estos fallos demuestran que es posible obtener justicia, el proceso puede ser largo y desgastante.
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La prevención es la mejor defensa
Mientras las instituciones financieras ajustan sus protocolos, los consumidores también deben tomar precauciones. “No comparta información confidencial, active notificaciones para operaciones bancarias y denuncie cualquier pérdida de documentos de identidad”, recomienda la Dra. Pérez. Las estafas bancarias son un recordatorio constante de la importancia de la seguridad financiera.
El caso de Bania Ávalos es un llamado a reforzar las barreras contra el fraude en el sistema financiero peruano, donde la tecnología y la diligencia humana deben trabajar de la mano para proteger a los consumidores.
