Estado, empresa y comunidad deben establecer espacios de entendimiento fructuosos para alcanzar una minería más sostenible

La inversión social minera en desarrollo sostenible ha sido de más de cinco mil millones de soles en los últimos diez años. Pero a pesar de este importante monto, los conflictos sociales vinculados a la minería han sido una constante, con causales diversas y a veces enfatizado por el bajo desarrollo que presentan previamente las comunidades.

Por Renzo Rojas
rrojas@stakeholders.com.pe

No siempre existió esa intención por contribuir al desarrollo de las comunidades de influencia por parte de las compañías mineras. Hubo un momento en el que la prioridad era conseguir lo mínimamente esencial, como la licencia social, en la ejecución de los proyectos mineros. Básicamente, el chip cambió aproximadamente en los últimos 20 años como consecuencia de muchos factores, entre los que se encuentra la exigencia por parte de inversionistas y consumidores de una producción más sostenible del mineral.

En el Perú, este cambio de enfoque se viene reflejando en la inversión en aspectos del desarrollo sostenible que se hace desde las empresas mineras. Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, menciona que la responsabilidad social en el sector ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con una transición a favor de las comunidades.

De este modo, las compañías han expandido su radio de acción y, en la actualidad, es común que profesionales de salud, educación y otras disciplinas estén entre el personal de una minera.

“El rol de la empresa minera ya no es solamente producir minerales, es también hacerlo de una manera sostenible. Es decir, que esta producción tiene que darse en el marco de una relación de buen vecino. De ser miembro de una comunidad, que contribuya al desarrollo de esta. Tiene que ver con la forma de gobernanza y cómo las empresas se relacionan con su entorno”, sostiene Delgado.

El desarrollo sostenible en números

La Declaración Anual Consolidada 2007-2018 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), documento en el que toda empresa minera registra la inversión social en desarrollo sostenible, muestra la preponderancia de estas apuestas que benefician a las poblaciones relacionadas a proyectos mineros.
Solo en el año 2018 se han invertido más de 682 millones de soles, cantidad que sobrepasa inmensamente los 195 de 2007.

En cuanto a la cantidad de proyectos declarados por las empresas, esta mantiene una regularidad entre el periodo 2007 -2018, fluctuando de tres mil a más de cuatro mil iniciativas.

Sobre los rubros en lo que se ha concentrado esta inversión, destaca la generación de empleo local y actividades que conllevan el fortalecimiento de las capacidades productivas de la población. Más de 168 millones de soles avocados en 223 proyectos declarados para este rubro en 2018. Asimismo, la educación es otro de los puntos que recibe un fuerte despliegue.

Si bien la relación entre la inversión monetaria y la cantidad de proyectos no merece una calificación absoluta, se puede observar que los programas educativos desde 2007 han sido prioridad. En el mismo periodo analizado siempre se han mantenido en los primeros lugares, con una media de más de 700 por año, alcanzando su pico máximo en 2013 con más de mil proyectos.

“En la práctica, las empresas han invertido mucho en educación y salud, y en formación y capacitación para poder generar empleo. No hay una receta única. Depende del contexto. Si por ejemplo una compañía va a Arequipa donde hay universidades, tienes un nivel de educación mucho más alto en la población. La prioridad es distinta en un lugar como Apurímac, donde no hay universidades o el nivel educativo, según estadísticas nacionales, es bajo”, manifiesta Gonzalo Delgado.

Sin embargo, a pesar de la importante inversión social en el Perú, los conflictos sociales vinculados a la minería han sido una constante, con causales diversas y a veces enfatizado por el bajo desarrollo que presentan previamente las comunidades.

Algunos casos se reflejan en la existencia de brechas como la educativa, la digital o la falta de acceso a servicios tan esenciales como la salud, y que pueden apuntar directamente a la compañía minera como responsable.

¿De quién es la solución?

Para el director del CEMS, las empresas, especialmente aquellas de gran capital, han generado buenos modelos y prácticas para apoyar la educación y salud en sus zonas de influencia, pero no es suficiente. En su consideración, el Estado es primeramente quien tiene la tarea de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y a eso se suma las compañías mineras como socios clave.

“Las compañías son parte de su comunidad. Es un miembro, es parte del problema y también de la solución. El análisis tiene distintas aristas y tienes que verlas en dimensiones en el tiempo. Los roles y las expectativas han ido cambiando en el tiempo. Lo que no cambia sustantivamente es la responsabilidad primaria de resolver los problemas, de reducir brechas, de contribuir a la calidad de vida, agenda tecnológica, etc., que recae en el Estado”, subraya.

Las oportunidades que representa el aporte minero para aumentar, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las regiones son fundamentales. Según Delgado, el Gobierno debe contar con una política de incentivos para fomentar la inversión social en desarrollo sostenible.

“Lo que nos falta es generar espacios de coordinación. Efectivamente tenemos que complementar nuestras políticas de inversión con unas de estímulo al desarrollo local, un poco esa es la mirada. Hay que ver no solo la inversión de un proyecto, sino la inversión y el desarrollo en un territorio. Es la dirección en la que nos estamos moviendo poco a poco”, dice.

En ese sentido, Luis Augusto Ducassi, director general de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, manifiesta que de parte de la actual gestión tienen este enfoque, siendo conscientes de lo que representa la actividad minera para el país.

Refiere que por conceptos de canon, regalías y el derecho de vigencia y penalidad, se han transferido 3,631 millones de soles entre enero y setiembre de 2020 a las regiones.

“El ministro Miguel Incháustegui nos ha dado el encargo de poner énfasis en el desarrollo de los proyectos que cuenten con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y con aceptación social. Asimismo, estamos articulando con otros sectores para generar mecanismos para el destrabe y desarrollo de proyectos mineros, así como la promoción de la exploración minera”, puntualiza.

Confianza, articulación y diálogo

Para la cartera minera es fundamental que toda inversión en el sector minero energético se de en un contexto de paz social, donde el diálogo y la articulación sean mecanismos vitales.

Al respecto, Ducassi valora lo que se hace desde el lado privado de la minería para contribuir al desarrollo de las comunidades, hecho que se ha demostrado también en el escenario de la pandemia de COVID-19.

“Las empresas mineras cuentan con políticas de responsabilidad social por las que realizan diversas intervenciones e iniciativas para atender las necesidades prioritarias de las comunidades de su ámbito de influencia. Muestra de ello son los numerosos e importantes donativos realizados durante el periodo de emergencia que contemplaron la entrega de plantas de oxígeno, equipamiento médico, pruebas rápidas, alimentos, entre otros”, sostiene.

Por otro lado, algunos mecanismos ya están en marcha para lograr que la minería se desarrolle en un ámbito de sostenibilidad, promoviendo que la inversión no solo sea vista desde el proyecto, sino también desde el territorio de la comunidad donde se implemente. De esta manera, desde el Minem señalan que el Comité de Gestión Minero Energético fortalecerá la coordinación entre Estado, empresa y comunidad con la intención de construir confianza.

En ello, la implementación del Programa de Integración Minera (PIM) genera oportunidades para capacitar y brindar información a miembros de una comunidad que tiene relación con algún proyecto minero.

“Adicionalmente se han generado reuniones virtuales mensuales con líderes y lideresas de comunidades cercanas a proyectos mineros con el propósito de generar espacios que permitan compartir información y nos puedan manifestar sus preocupaciones a fin de absolverlas”, añade el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera.

Todo apunta a que mientras Estado, empresa y comunidad logren establecer espacios de entendimiento fructuosos, el progreso será mayúsculo en quienes más lo necesitan. Algo que es imprescindible especialmente en tiempos de pandemia, donde la economía ha tenido una significativa recesión y la minería tiene un papel crucial en su recuperación. Así lo entiende también Ducassi.

“La minería tiene un rol fundamental para la recuperación de la economía. De acuerdo a los cálculos del Banco Central de Reserva, el próximo año, el PBI nacional tendrá una rápida recuperación que se plasmará en un crecimiento de 11%. En ese resultado, el PBI minero metálica tendrá un importante desempeño con un crecimiento estimado de 14.4%”, finaliza.