Por Stakeholders
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El último lunes 20 de enero , el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) marcó un antes y un después en la defensa de los derechos reproductivos. Ecuador y Nicaragua fueron condenados por negar el acceso al aborto a tres niñas violentadas sexualmente. Estas decisiones históricas, logradas tras una estrategia de litigio internacional liderada por el movimiento Son Niñas, No Madres, establecen un precedente global para proteger a menores de embarazos y maternidades forzadas.
Justicia para Norma, Lucía y Susana
Las historias de Norma, Lucía y Susana, las niñas protagonistas de estas sentencias, son un reflejo de las desgarradoras consecuencias de la violencia sexual en América Latina. Estas menores no solo sufrieron abusos, sino que también fueron forzadas a llevar embarazos no deseados. Ahora, el Comité ha determinado que estos actos constituyen violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida digna, la no tortura y la igualdad.
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El impacto de estas sentencias trasciende las fronteras de Ecuador y Nicaragua. Al ser emitidas por el Comité de Derechos Humanos, las directrices son vinculantes para los más de 170 países del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se insta a las naciones a garantizar el acceso seguro y legal al aborto, especialmente en casos de violación o riesgos para la salud, y a eliminar barreras que perpetúan la impunidad y los estereotipos de género.
Una realidad preocupante en América Latina
Con la segunda tasa más alta de partos en menores de 15 años, América Latina enfrenta una crisis de salud y derechos humanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 80 % de las violaciones sexuales en la región tienen como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años. Esta situación agrava la mortalidad materna, una de las principales causas de muerte entre adolescentes.
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Medidas de reparación y garantías de no repetición
El Comité ordenó a Ecuador y Nicaragua implementar cambios legislativos y garantizar servicios de salud reproductiva integrales. Entre las acciones demandadas destacan:
- Asegurar el acceso al aborto legal, seguro y efectivo en casos de violación y riesgo de salud.
- Combatir la violencia sexual mediante educación, capacitación judicial y sensibilización.
- Proveer apoyo psicológico, indemnizaciones y oportunidades educativas para las sobrevivientes.
La lucha feminista y la vigilancia internacional
Organizaciones como Surkuna, Promsex y Planned Parenthood Global, parte del movimiento Son Niñas, No Madres, subrayan la urgencia de una implementación efectiva. «Estas condenas son un triunfo de la lucha feminista por la autonomía reproductiva», afirmó Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos.
Las decisiones también resaltan la necesidad de monitoreo internacional para asegurar que países como Nicaragua cumplan con sus obligaciones, especialmente en contextos donde la libertad de expresión está en riesgo.
