COSTO SOCIAL POR OMISIÓN

Por: Guillermo Vidalón del Pino – Durante los últimos años, un nuevo concepto se viene incorporando a las agendas empresariales, el Corporate Social Responsibility o lo que en español se ha denominado “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE).

Sin embargo, aquel concepto que surgió en los países desarrollados como una preocupación por el ambiente y la comunidad fue transmitido como de cargo exclusivo y excluyente de la empresa privada. Los cuestionamientos planteados a la RSE han hecho que el concepto evolucione para que la propuesta original no permanezca en el ámbito restrictivo de la empresa privada, sino que convoque a los otros agentes sociales; es decir, el sector público – principal responsable de promover el desarrollo social – y las personas naturales. Más adelante, particularmente en el Perú, la RSE trocó a Responsabilidad Social (RS) y el espectro de invitados a esta mesa fue más vasto.

La RS así concebida ha alcanzado algunos impactos positivos para sus principales auspiciadores, quienes han logrado abrir un nuevo nicho de mercado para muchas instituciones académicas que demandan el dictado de una serie de cursos vinculados a la RS. Las empresas que decidieron participar de la RS tuvieron que recurrir a consultorías proveídas por los auspiciadores para terminar rediseñando sus organigramas o hacer responsable a algunas de sus dependencias para evitar incurrir en mayores costos.

Otras aún evalúan su advocación a la RS, conocedoras de que no puede haber RS sin una empresa exitosa en el mercado y que, finalmente, será sólo el mercado quien determine si las empresas deben asumir el compromiso que demandan los promotores de la RS. Si la RS no es una moda y tiene la pretensión de quedarse a compartir el ámbito neurálgico del desarrollo empresarial, es decir, el estratégico, pues bien, la primera responsabilidad social que deben asumir las empresas es la promoción de la libre iniciativa de las personas, que surge en el momento de la creación del ser humano, lo cual le da derecho y otorga valor al concepto de la propiedad privada y a la cual le corresponde un sistema de libre empresa; sin pequeñas, medianas y grandes empresas no hay como transvasar ni utopías, ni ideologías, ni RS.

A la sazón, ahora que cada vez con mayor ahínco se demanda a las empresas dar a conocer qué hacen por sus stakeholders, tanto los internos (trabajadores) y los externos (público e instituciones vinculadas), creo que sería conveniente también reflexionar sobre un nuevo concepto, al cual he denominado Costo Social por Omisión. En un país donde tanto el éxito individual como el desarrollo empresarial aún se encuentran en cuestión por discursos que propugnaron la culpabilidad y la penalidad del exitoso, haciendo una falsa analogía, en la que se manifestaba que si alguien tuvo éxito no sería por los méritos que alcanzó sino porque debió haber despojado a alguien de aquello que disfruta en la actualidad, pues entonces otro de los compromisos a asumir es desvirtuar esta falsa correlación de que si alguien gana otro pierde.

Los líderes empresariales y sus empresas son personas que, por su acuciosidad, intuición o entrenamiento, pueden percibir oportunidades de negocio que a otro sector de la sociedad quizás no le resulte de interés, pero que, una vez desarrollado, cualquier proyecto empresarial surge para atender una demanda social creada o existente y el éxito de la misma produce nuevos encadenamientos, sinergias, que incluyen a un mayor número de ciudadanos y lo hacen partícipe. Esto que a veces resulta difícil de percibir y entender en nuestro medio, en el que el desarrollo empresarial ha sido muchas veces satanizado, ha imposibilitado que muchos emprendedores ejecuten sus proyectos, siendo que el stakeholder Perú, el de nuestro principal interés, se vea limitado por el Costo Social por Omisión.

Si nos abstenemos de promover en la sociedad peruana la imperiosa necesidad de educar en los valores del sistema empresarial, difícilmente surgirán nuevos emprendimientos y, en adición, debemos impulsarlas para que sean exitosas, pues el COSTO SOCIAL DE NO HACER EMPRESA SERÁ MAYOR PARA TODOS. Un ejemplo clamoroso lo configura el caso Tambogrande, una compañía minera legal que realizó exploraciones en la zona y descubrió que debajo de un sector del Valle de San Lorenzo había un yacimiento importante de oro, la misma que emplearía tecnología de punta y desarrollaría prácticas sociales y ambientales con los más altos y exigentes estándares nacionales e internacionales, que pagaría impuestos al Estado y que éstos hubiesen llegado a la región Piura por intermedio del Canon.

Asimismo, habría habido trabajo de calidad y un impulso dinamizador de la economía local.

Hoy, viene ocurriendo todo lo contrario. La minería ilegal viene ocupando progresivamente el valle piurano y opera sin la más mínima consideración por el ambiente, sin reconocimiento alguno de los derechos del Estado a los frutos del subsuelo, sin contribuir al desarrollo ya que no paga impuestos, sin derechos laborales para quienes allí trabajan, sin el menor respeto por la prohibición del trabajo infantil, sin las más mínimas condiciones de seguridad para quienes allí laboran, sin ningún manejo seguro en el uso de insumos y reactivos de empleo restringido que pudiesen terminar en manos del narcotráfico, así como de explosivos.

El párrafo anterior grafica con crudeza el concepto de “Costo Social por Omisión”, la negligencia a la cual fue conducido el stakeholder denominado Comunero del Valle de San Lorenzo, nos demuestra que la primera responsabilidad social que debemos asumir es la promoción, desde el nivel educativo, de la libre iniciativa privada y su expresión jurídica, el desarrollo empresarial, porque finalmente será éste el que genere progreso y bienestar para el conjunto de ciudadanos del Perú.