Por Stakeholders
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Una nueva iniciativa legislativa ha encendido las alarmas entre expertos ambientales y organizaciones de la sociedad civil. Se trata del Proyecto de Ley 11822/2024-CR, impulsado por el congresista Jorge Flores (Podemos Perú), el cual busca modificar nueve artículos clave de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) para habilitar la extracción de hidrocarburos en espacios actualmente prohibidos, como parques nacionales, santuarios históricos y otras áreas de uso indirecto.
La propuesta presentada al Congreso de la República plantea que si un proyecto extractivo —de recursos renovables o no renovables— es declarado de necesidad pública e interés nacional mediante decreto supremo, podría permitirse su ejecución incluso si implica transformar el ambiente natural, algo que actualmente está prohibido.
Además, se propone que las modificaciones a las áreas protegidas puedan realizarse vía decreto supremo y no por norma con rango de ley como está establecido actualmente, lo que flexibilizaría aún más la posibilidad de intervenir estos espacios.
Argumento económico frente a riesgos ambientales
Según el documento legislativo, los cambios buscan promover la inversión privada y aumentar el canon y sobrecanon para regiones y gobiernos locales, con el fin de “cerrar brechas de infraestructura y sociales”.
Uno de los casos más alarmantes incluidos en el proyecto es la declaratoria de interés nacional del “Proyecto de Exploración y Explotación del Lote 76” en Carabaya, Puno, que abarca parte de la Reserva Comunal Amarakaeri. La medida se pretende aprobar sin consulta previa a los pueblos indígenas, lo cual contraviene el Convenio 169 de la OIT, según alerta la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
La respuesta de la comunidad ambiental
La SPDA considera que este proyecto implica un “retroceso en la institucionalidad ambiental y del régimen de recursos naturales” establecido en el país durante las últimas dos décadas. “Los objetivos de conservación no pueden ser relegados por la potencialidad extractivista de un territorio”, señala su opinión legal.
Además, recuerda que los ecosistemas protegidos cumplen funciones vitales como la regulación hídrica, la captura de carbono, la seguridad alimentaria y la lucha contra la deforestación y economías ilegales, especialmente en territorios indígenas y pesqueros.
Amenaza constante
No es la primera vez que se intenta abrir las puertas de las áreas protegidas al extractivismo. En 2023, Perúpetro propuso una modificación similar con respaldo del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, aquella iniciativa fue rechazada por el Ministerio del Ambiente y más de 60 organizaciones de la sociedad civil por ser considerada inconstitucional y peligrosa para la biodiversidad. Ahora, la propuesta vuelve desde el Congreso, con implicancias aún más graves: eliminar restricciones legales que protegen los últimos bastiones de biodiversidad del país en nombre del “interés público”.
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