Por Stakeholders
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Durante los últimos años, parecería que desarrollar un proyecto extractivo supone la generación de un conflicto de múltiples dimensiones…
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Durante los últimos años, parecería que desarrollar un proyecto extractivo supone la generación de un conflicto de múltiples dimensiones. Esta afirmación es sin duda discutible y muchos sostendrán que existen en el escenario peruano casos "no conflictivos" de desarrollo minero. Ello depende de lo que entendemos por "conflicto". Para nosotros sería ante todo la existencia de diferencias no reconciliables de manera sencilla entre actores locales y empresas mineras, que generan tensiones o fricciones permanentes que eventualmente desembocan en protestas y acciones abiertas de enfrentamiento u hostigamiento. Ello supone una primera distinción entre "conflicto" propiamente dicho y "protesta", que muchos confunden e identifican con el primero.
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La presencia de una empresa extractiva en una zona no habituada al desarrollo de dicha actividad, genera siempre, algún tipo de conflicto, que ordinariamente es canalizado por las fuerzas organizacionales y políticas locales para la búsqueda de algún acuerdo entre las posiciones divergentes que permitan canalizar las tensiones hacia compromisos mutuos, que no desembocan en una protesta pública pero que ciertamente se desarrollarán en el marco de la tensión constante de las diferencias entre las posiciones y aspiraciones de los actores involucrados. Cuando no se logra dicho acuerdo, tal como sucede en múltiples ocasiones, las tensiones se exacerban y se desarrollan acciones diversas de protesta o de hostigamiento, que luego aparecen reportados en los boletines de la Defensoría del Pueblo.
A partir de un análisis de seis casos de relacionamiento entre empresas mineras y colectividades locales , observamos que el desarrollo de los conflictos y las protestas asociadas a ellos, desarrollan dos tipos de "movimientos": de un lado, "aproximaciones" es decir, intentos de diálogo y negociación entre los actores involucrados y, del otro, "polarizaciones", momentos de exacerbación de las diferencias y por lo tanto de mayor expresión del conflicto y diferencias. Las aproximaciones facilitan la negociación, las polarizaciones son funcionales a los radicalismos de ambas partes. Y todo ello se inserta en espacios y procesos políticos complejos y con sus propias dinámicas, movilizando a los diversos agentes locales, modificando el campo de acción de la política local desde lo comunal-familiar hasta las dinámicas electorales locales. Encontrar un equilibrio y lograr acuerdos no es una tarea sencilla dados los múltiples temas que entran en juego en los conflictos "socio ambientales". Entre ellos se cuentan: 1) la propiedad y el uso alternativo de los recursos (que son afectados, utilizados y aprovechados de manera diferente por las empresas y por las colectividades locales, muchas veces entrando en competencia por ellos), 2) la contaminación ambiental, existente o posible tras el desarrollo de la actividad extractiva; 3) la distribución de los beneficios, cuyo reparto no logra aún una fórmula que satisfaga a los diversos actores involucrados y que actualmente beneficia más a los municipios que a las colectividades de pobladores; 4) la existencia de diversas concepciones culturalmente determinadas del desarrollo y del futuro deseable, que son confrontadas ante la presencia de la actividad minera; y, finalmente, 5) el derecho de las poblaciones a decidir sobre su destino. No son ciertamente los únicos factores, pero probablemente si los más importantes. Las protestas se solucionan, los conflictos sólo se transforman. Dado que los conflictos mineros se desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de uso de los recursos naturales; entre diferentes concepciones del desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones diferentes de sociedades locales, del Estado y de las empresas y muchos otros factores, no permiten resoluciones del tipo "ganador-ganador" (win-win) sino que exigen ser "transformados" cualitativamente, desplazándolos hacia nuevos escenarios que modifiquen las condiciones que los generan o que permitan gestionarlos. Si resolver una protesta supone encontrar un acuerdo entre las partes para que se remitan las medidas de fuerza y se retorne a un estado de tranquilidad social; transformar un conflicto supone cambiar las condiciones en las que se desarrollan las tensiones y diferencias que lo originan. Y para ello, es necesaria la acción de un Estado regulador e imparcial que, en nuestra opinión debería garantizar al menos: un ordenamiento territorial apropiado regional y local (superando el tratamiento sectorial que se viene dando al problema): un nuevo sistema de gestión ambiental (que contemple la creación de una autoridad ambiental independiente de los sectores, con peso y responsabilidad política); la vinculación directa entre minería y desarrollo (procurando que la extracción de recursos renovables incida en el desarrollo local); y, el fortalecimiento de la participación ciudadana (que permita y facilite la intervención oportuna e informada de la población en las decisiones que afectarán su futuro, con consideración a las cultura locales). Fuentes |
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