Por Stakeholders
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El último Reporte de Conflictos Sociales N° 147, correspondiente al mes de mayo del 2016, presentado por la Defensoría del Pueblo da cuenta, entre otros aspectos, que durante ese periodo se registraron 212 conflictos sociales, de los cuales 152 se encuentran en estado activo y 60 en estado latente.
En ese contexto, más del 60% de todos los conflictos ambientales se relacionan con la actividad minera siendo este indicador uno de los índices más altos en el 2015, según un estudio de Viceversa Consulting. Dicho estudio también señala que justamente estos conflictos activos representan el 70.95% de toda la conflictividad nacional.
Lo desalentador del asunto es que desde el 2014 la estadística indicada por la DP se ha mantenido en dichas cifras, lo que significa que no se ha conseguido solucionar los problemas que se replican en distintas regiones. En efecto, las cifras expresan un panorama de conflictividad social crítica, teniendo en cuenta el conjunto de protestas sociales a lo largo del territorio, facilitando el desarrollo de escenarios de violencia y represión social.
No en vano, según el balance del informe de la DP, que abarca desde agosto del 2011 al 25 de mayo del 2015 detalla que los conflictos sociales en el Perú han dejado un aproximado de 1.935 personas heridas y 63 muertos, y las cifras van en aumento paulatinamente. Sin duda, pese a que las cifras han disminuido en los últimos años al término del gobierno de turno, no implica necesariamente que los propios disturbios no se hayan intensificado en mayor medida.
Frente a este panorama, ¿qué factores son determinantes a considerar para una adecuada prevención y manejo de la conflictividad social?, ¿qué medidas socio-ambientales debe asumir el próximo gobierno de cara a los conflictos sociales?
Para Rolando Luque, Defensor Adjunto para la prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, las cifras expresan que los conflictos han ido disminuyendo, sin embargo, los casos que se resuelven han llegado a ser la mitad de los casos nuevos. Durante todo el gobierno del presidente Ollanta Humala han muerto 90 personas y 2.367 resultaron heridas.
Por ende, “todavía no tenemos una capacidad suficiente para atender la conflictividad en las fases más tempranas de manera preventiva”, analizó Luque. Esto permite que se desencadenen, en muchos casos, actos de violencia, que presenten enfrentamientos obteniendo desenlaces fatales.
Solo por mencionar algunos casos que han tenido mayores repercusiones políticas, sociales y ambientales, con pérdida de vidas como el proyecto Las Bambas (Apurímac), Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) y La Oroya (Junín) no hace más que pensar que la conflictividad, independientemente si conlleva a generar malestares y disturbios acompañados de actividades violentas alrededor de las comunidades, siguen en un estado latente.
Como consecuencia, el panorama a nivel regional se torna denso y complejo en su propio análisis, ya que en cada región difieren mucho las razones por las cuales se suscita un determinado conflicto social.
ANÁLISIS Y BALANCE
Desde el abordaje de la percepción que tiene la comunidad frente a los conflictos sociales, según Isabel Calle, Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), una de las diversas razones por las cuales se generan los conflictos es porque las diferentes poblaciones consideran que la misma autoridad que promueve la actividad extractiva no debería ser la misma autoridad que, por ejemplo, apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Si bien en la actualidad existen organismos independientes que ven asuntos tanto de fiscalización como de aprobación de los EIA, Calle destacó que el primer paso es tratar de aminorar dicha percepción, que aún persiste por parte de las comunidades.
Todo este grado de percepción, sumado a las múltiples necesidades básicas y complementarias que tienen las comunidades en general hacen que la situación de conflictividad social, al momento de realizar la fase tanto de exploración como de la propia operación de actividad extractiva, se agudice en mayor grado.
Según cifras del INEI, en el año 2015, el 21,8% de la población del país se encontraba en situación de pobreza monetaria al tener un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo (compuesto por alimentos y no alimentos).
Si bien la pobreza comparada con la del año 2014 disminuyó en 1,0 punto porcentual (es decir, 221 personas dejaron esta condición) en la actualidad y de cara al próximo gobierno, existen aún muchas demandas básicas que exigen las comunidades.
Para José Salazar, Experto en Responsabilidad Social Empresarial, el tema de la pobreza se convierte sin duda en un elemento de conflicto social entre las empresas y poblaciones, porque son éstas últimas quienes ven en el sector privado la alternativa para que les resuelvan sus grandes problemas, cuando quien debería responder por ello es el propio Estado.
En ese sentido, ¿qué produce este tipo de circunstancia? A juicio de Salazar, quien también trabajó más de 10 años en el sector minero, esto genera una postura paternalista, ya que la empresa privada en muchos casos interviene en los problemas básicos de la población cuando no es su obligación; pues si bien está en condiciones de realizar un esfuerzo por contribuir en la mejora de las comunidades, al hacerlo y abarcar las necesidades más básicas de ellas, está asumiendo una actitud paternalista, cuando es al Estado a quien le correspondería atender dichas demandas.
En esa línea, el experto en RSE agregó que el Estado también asume una actitud paternalista en el sentido de dejar que la empresa privada le resuelva los problemas a la población. Y la población, en algunos casos, otorga vía libre para que la empresa le resuelva todos sus problemas.
Este análisis permite entender la coyuntura fragmentada de relaciones que existe entre los 3 actores principales dentro de una conflictividad social, haciendo pensar que la adecuada gestión del conflicto en sí pase por un tema que involucre una intervención y ordenamiento de sus roles.
ACCIONAR DEL ESTADO
Desde ya existen cuestionamientos hacia el rol que cumple el Estado en atender dichas necesidades. Algunas de estas podrían resumirse en necesidades básicas insatisfechas o, muy pertinente, la fragmentada y tibia participación del Estado en la vida pública de los grupos más vulnerables, sumado a los mecanismos de control al momento tanto de evaluar, otorgar y fiscalizar todos los impactos medioambientales suscitados a causa de la actividad extractiva.
En ese contexto, a criterio de la Mg. Gina Gogin, Consultora e investigadora en temas mineros, el gobierno anterior ha tenido poca participación, incluso desde lo que la ley dispone como uno de los principales actores competentes en este escenario. “La principal razón para que esta situación se siga frecuentando recae en la inacción del Estado”, puntualizó Gogin.
Y es que está claro que el Estado tiene que asumir su rol, como un actor garante e intermediador entre la inversión y actividad extractiva del sector privado y las necesidades básicas correspondientes con las comunidades de cada región.
Según Javier Caravedo, Director Ejecutivo de la Asociación Civil ProDiálogo, su rol es garantizar el respeto de los derechos de los individuos y las comunidades demostrando consistentemente que esa es su principal preocupación ante la presencia de un proyecto.
“Esa es una gran brecha de percepción que tienen que remontar”, afirmó el especialista. Frente a esta carencia de satisfacer las necesidades con miras al próximo gobierno, indicó Caravedo, el Estado debe cumplir con liderar los procesos de desarrollo con una visión territorial de las necesidades y potencialidades y en función de ello responder a las brechas sociales, económicas e institucionales para impulsar el desarrollo con la participación de la sociedad civil, las autoridades locales y las empresas.
Al igual que la opinión de Salazar, el Director Ejecutivo de la Asociación Civil ProDiálogo instó en no delegar, en la práctica, a las empresas que asuman el rol de responsables de ser los proveedores de bienes y servicios públicos. Es importante que el próximo gobierno conozca de primera mano la realidad social que enfrenta cada comunidad para que, de ésta forma, se encuentre en la capacidad suficiente de desarrollar una actitud preventiva frente a una crisis que tome forma de represión.
Como bien se mencionó con anterioridad, las acciones de violencia suscitadas a raíz de los conflictos socioambientales representan una clara evidencia de que el país carece de una adecuada y eficiente organización para conducir las protestas sociales que se van radicalizando.
Mucho más complicado es el tratar y gestionar el aspecto de la prevención como medida cautelar frente a los posibles conflictos que se originen en el tiempo con mira a los próximos años. ¿Por qué cuesta tanto desarrollar este tipo de medidas y recién reaccionar cuando el conflicto ha estallado?
FACTOR 1: PREVENCIÓN
En palabras del Defensor Adjunto para la prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, no es fácil implementar una estrategia de prevención en el Perú, dado que cuesta trabajo recoger buena información en torno a cuáles son los problemas que enfrenta cada región.
“No es lo mismo un problema con los Asháninkas que un problema con los Aymaras en el sur o agricultores en las zonas costeras”, analizó. Para Luque, la obtención de buena información es el punto de partida para el desarrollo de la prevención del conflicto.
Si de por si la complejidad de indagar y recopilar información precisa y fidedigna acerca de la coyuntura social que tiene cada comunidad resulta ser un trabajo minucioso y complejo, en materia de prevención y resolución de conflictos sociales, el acto de empoderar a la sociedad civil de manera que se pueda generar el diálogo en igualdad de condiciones, amerita un mayor análisis que involucra el rol que cumple cada actor social en un escenario de conflictividad social.
En efecto, las relaciones, expresó Caravedo, por su propia naturaleza son de alta complejidad y por lo tanto de tensión. Para el especialista de ProDiálogo, lo importante es ver si las dinámicas de relacionamiento son constructivas, es decir, si van generando transformaciones positivas.
Entonces, ¿en qué medida le correspondería a cada actor apaciguar los conflictos suscitados? Esto implica, agregó Caravedo, que las partes mismas y quienes las representan van asumiendo mayores niveles de responsabilidad personal e institucional con el entorno, que permita que las relaciones avancen a una mayor colaboración y confianza.
Por ende, que exista o se intente promover un mayor reconocimiento y entendimiento intercultural, y se vayan produciendo cambios institucionales para responder a una mirada de desarrollo sostenible.
FACTOR 2 CRUCIAL: DIÁLOGO
En la actualidad, hablar del diálogo entre los actores sociales es siempre apelar al mismo discurso de valorar su importancia, sin necesariamente entenderlo y comprenderlo a cabalidad. El diálogo y la concertación como procesos básicos y necesarios en el tratamiento y resolución de conflictos han ido, conforme el transcurrir de los gobiernos de turno, ganando mayor relevancia en el terreno tanto social como político.
Sin embargo, ¿por qué cuesta tanto llevar a la práctica su respectiva implementación? ¿confiamos en la eficacia del diálogo para resolver problemas sociales? Ya el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski afirmó lo siguiente: “El Perú necesita una fuerte dosis de diálogo social para evitar conflictos como los ocurridos contra el proyecto minero Las Bambas”.
Al respecto, con todas estas complejidades, tensiones y desafíos que le depara al próximo gobierno en materia de diálogo, Luque consideró que la infraestructura del diálogo no está debidamente descentralizada. Es decir, explica el vocero de la DP, contamos con una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en Lima y representantes con oficinas muy pequeñas en algunas zonas del Perú, y un aproximado de 10 gobiernos regionales que ven el tema de conflictos sociales.
Entonces, es necesario poner en acción todo un Sistema en donde una oficina central de Lima marque una política institucional, cuente con protocolos de articulación con Ministerios, Gobiernos regionales y locales. El blog de la Defensoría del Pueblo expresa claramente que el “diálogo es un proceso comunicacional en el que las partes en conflicto informan, debaten, crean opciones y negocian con la finalidad de llegar a acuerdos de manera colaborativa”.
En ese sentido, si bien la descentralización en cuanto al dialogo es una tarea pendiente para el próximo gobierno, ¿cuál es el gran déficit en relación al diálogo con las comunidades? El especialista en material de diálogo de ProDiálogo afirmó que este déficit radica en la creación de condiciones de base para que el diálogo entre empresas, comunidades y gobiernos locales pueda transformar los espacios territoriales a través de procesos de desarrollo sostenible más allá del ciclo de proyectos y más allá de los entornos más inmediatos.
No por nada el último reporte N° 147 a mayo del 2016 de la DP indica que existen 85 casos en proceso de diálogo. Entonces, a raíz de las declaraciones tanto del Defensor Adjunto de la DP como del especialista de ProDiálogo, de la asociación civil ProDiálogo, ¿faltaría fortalecer una mayor articulación e institucionalidad en torno al tema del diálogo por parte de los actores sociales involucrados en un conflicto?
En la opinión de Luque, faltan mayores protocolos de intervención, una unidad conceptual alrededor de qué es lo que estamos entendiendo por conflicto y cómo organizar un proceso de diálogo. Una condición estructural para ello, acotó Caravedo, es el tipo de presencia del Estado para atender las necesidades de fondo en términos de bienes y servicios públicos para garantizar derechos y fortalecer capacidades de las comunidades.
Además de la participación propiamente en los procesos de diálogo para el desarrollo desde un rol de gestor y articulador de lo local, regional y nacional, y no solo condicionada a la presencia de un proyecto extractivo, sino con una visión estratégica del territorio.
¿INCUMPLIMIENTO DE LO PROMETIDO?
En este escenario, “un tema importante es el cumplimiento de lo comprometido”, destacó Caravedo. Para aterrizar en torno a la presencia o no del diálogo entre los actores sociales es preciso mencionar que los acuerdos establecidos entre las partes representan la carencia que puede existir al momento de dialogar.
El vocero de la DP agregó que en los conflictos socioambientales suscitados en las diferentes regiones, un 20% aproximadamente de estos conflictos tienen que ver con el incumplimiento de actas firmadas entre comunidades, Estado y empresas.
“No existe un mecanismo de seguimiento para gestionar el cumplimiento de estas; entonces, un acuerdo que no se cumple es un conflicto que regresa”, puntualizó Luque. ¿Por qué no se cumplen estos acuerdos?
El vocero de la DP explicó que en algunos casos puede ocurrir que en el camino de lo pactado, alguno de los actores considere que estos acuerdos ya no son de fácil cumplimiento, porque ha variado la situación económica o porque se produce un cambio entre las autoridades y dirigentes.
“Si bien el seguimiento de estos acuerdos lo realiza un comité conformado por miembros de los actores sociales, en otros casos no existe un mecanismo que realice el seguimiento”, determinó Luque.
Esto puede significar una “bomba” de tiempo, ya que, en advertencia de Caravedo, “es posible la existencia de millones de soles acordados en actas que están pendientes de cumplimiento que pueden ser un detonador de nuevos y de más intensos conflictos si no son respondidos adecuadamente”.
Pedro Pablo Kuczynski señaló dentro de sus propuestas para las elecciones que va darle continuidad a la implementación del derecho a la consulta previa. Somos uno de los únicos países que cuenta con una ley, un reglamento que ya está implementado.
Sin embargo, en algunos casos se ha cuestionado tanto su implementación como su efectividad y viabilidad. En esa línea, la Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental del SPDA indicó que si bien el Derecho a la Consulta Previa no es vinculante, los acuerdos llegan a serlo una vez que se decide.
Es decir, “no solamente hay que implementar el derecho a la consulta en los términos de regulación, sino que realmente se debe cumplir con los principios del derecho a la consulta que resulta ser una negociación de buena fe. Como bien lo han indicado los especialistas, es necesaria una mayor continuidad y seguimiento de estos con el fin de beneficiar a todas las partes involucradas.
FACTOR 3: INTERCULTURALIDAD
Otra condición importante es el desafío de la interculturalidad en los procesos de diálogo con las comunidades. Según cifras de la DP3, en el Perú de los últimos 6 años, el 48% de los conflictos sociales han sido tratados a través de procesos de diálogo.
Algunos de ellos han sido improvisados, otros largos y poco eficaces, pero los ha habido también exitosos. En este escenario, para Salazar, la barrera cultural es una de los grandes inconvenientes que todavía existen y que resulta complicado erradicarlo. Por ejemplo, agregó el experto en Responsabilidad Social Empresarial, el tema del lenguaje propio al momento de dirigirse a las comunidades por parte de las empresas impide que se logre un proceso de comunicación mucho más rápido y apropiado al contexto.
Al respecto, la Mg. Gogin fue contundente: “ante la inacción por parte del gobierno se ha producido también estas deformaciones e incumplimientos en las licitaciones. El aspecto de la interculturalidad, para la consultora e investigadora en temas mineros, resulta ser un modo de expresión del desencuentro entre peruanos que se desprecian, que se desconocen.
“No se forman a los profesionales en el sentido de interculturalidad”, recalcó. Por ende, al momento de incluir el factor de interculturalidad al momento de dialogar con las comunidades, aconsejó que en cada ámbito habría que hacer un análisis académico a profundidad, no político. Es por ello que a su juicio se trata de conocer la mentalidad del campesino y lograr una adecuada licencia social, sin llegar a imponer, sino saber cómo llegar, y respetar los dispositivos legales establecidos.
MEDIDAS HACIA EL BICENTENARIO
Para Calle, el problema no es la política pública a largo plazo, sino en que la política se convierta en una política de gobierno y no necesariamente en una de Estado. De esta afirmación se podría valorar lo clave de darle continuidad a todas las iniciativas, mecanismos, acuerdos y planes que se establezcan en los próximos meses, con el fin de que al 2021 se evidencien mejoras y que las cifras entorno a los conflictos sociales no solamente reduzcan, sino que no lleguen a intensificarse, de esa manera se podría evitar muertes innecesarias ante la falta de entendimientos de los actores sociales.
En ese sentido, la vocera del SPDA agregó que es necesario seguir implementando el derecho a la consulta previa, seguir fortaleciendo el trabajo del SENACE, y en cómo preparar a la población para que cuando venga la empresa pueda beneficiarse no solo en términos de inversion social, sino también en terminus de tener un producto con esa capacidad que ha adquirido.
Por su parte, Caravedo consideró que una medida fundamental seria el desarrollo políticas públicas para una gestión integrada del diálogo desde el Estado con enfoque de prevención y sobre todo transformación de conflictos para el desarrollo, que involucre una coordinación intergubernamental e intersectorial con una visión territorial y preventiva.
Por último, Luque acotó que con el cambio de gobierno se presenta una gran oportunidad para continuar apostando por el dialogo. Aconsejó que se continúe trabajando con las instituciones que vienen trabajando en el tema, porque desde su criterio es necesario que todos los involucrados tengan una misma comprensión sobre el significado que tiene el conflicto y diálogo respectivamente.
Ante el escenario actual, cada conflicto se convierte en un foco de violencia. Empezar teniendo la verdadera voluntad no solo política, sino de visión del desarrollo territorial de las comunidades para afrontar la conflictividad social es un paso vital. La exhortación de los analistas al nuevo gobierno es recuperar la capacidad de diálogo como mecanismo de solución, pero al mismo tiempo la autoridad que el Estado ha ido perdiendo en los últimos años en torno a este tema.
