Por Luis Paucar 
lpaucar@stakeholders.com.pe

Veinte días después de que comuneros de Fuerabamba y Huancuire, en Apurímac, ocuparan los terrenos de Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG y productora del 2 % del cobre mundial, el Gobierno peruano convocó a una mesa de diálogo para el próximo 7 de mayo en busca de una solución para los pueblos cercanos al asentamiento minero.

Los comuneros protestan ante supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa desde 2014, cuando vendieron sus tierras para las operaciones extractivas. El último  viernes se registró un «uso irregular» de la fuerza pública durante un desalojo de manifestantes ejecutado por la Policía.

«Se está utilizando personal civil que está siendo dotado con equipamiento policial y esa cuestión está haciendo desde el punto de vista de la conflictividad social que escale a un nivel de crisis», dijo el asesor legal de la comunidad campesina, Alexander Anglas Quiroz. Según un informe de Convoca, un grupo de civiles contratado por la minera recibió accesorios policiales para sumarse al violento desalojo.

El Ejecutivo ha dejado a las comunidades elegir el lugar donde se reunirá la mesa de diálogo, sea en Lima o en Tambobamba (Apurímac). “Una vez logrado el diálogo e instaurada la paz y tranquilidad -se lee  en un comunicado del Gobierno-, se fijará la fecha para la realización de un consejo de ministros descentralizado en la provincia de Cotabambas”, en la cual se ubican las comunidades y el yacimiento minero operado por MMG.

La ocupación de los terrenos de la mina ha provocado que la empresa suspenda sus operaciones y los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui quedaron bajo estado de emergencia por 30 días. Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aseguraron que estas comunidades “rechazan todos los canales de diálogo”.

Angela Grossheim, directora ejecutiva del gremio minero energético, dijo que al menos 8 mil trabajadores y proveedores de Las Bambas corren el riesgo de perder sus empleos ante las condiciones de arbitrariedad e inseguridad en la mina.

El impacto de la paralización de Las Bambas -reiteró la ejecutiva- significa que el Perú deja de percibir al día, 5.2 millones de soles por canon y regalías, así como otros 9.2 millones de dólares por exportaciones de cobre. La medida también impacta en 75,000 familias que se benefician de puestos de trabajo inducidos por la presencia de Las Bambas.

“Invocamos a que se dejen de lado posiciones extremas y violentistas; y que todo proceso de diálogo entre el Estado, las comunidades y empresas debe darse sin condiciones y de manera transparente”, dijo.

En marzo pasado, la comunidad de Huancuire se opuso a un nuevo proyecto de extracción de MMG en terrenos de la zona de Challcobamba, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en un territorio adquirido por la minera en 2013.

En el desalojo de la semana pasada, los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras, lo que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 14 civiles y 4 efectivos policiales heridos, pero ningún detenido.

Estas cifras contrastan con las ofrecidas por la Policía Nacional, que informó de cuatro heridos y once detenidos.  







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