Por Stakeholders
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Actualmente, el Perú no cuenta con una entidad rectora que regule y procure que los ingresos por pago de servidumbre en el país se inviertan en el desarrollo de las comunidades, en cambio es fuente de desigualdad, conflictos y un elemento reproductor de pobreza.
Casandra Llosa Montagne
Colaboradora especial de la Revista Stakeholders
Más de uno recuerda la estrofa del himno nacional en la que cantábamos la palabra servidumbre con la mano al pecho. Si bien ya no la cantamos, sigue retumbando la servidumbre en nuestro país, pero con diferente acepción, aunque quizá con muchas semejanzas.
Según el código civil el derecho de servidumbre implica que tanto “la ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos.” Lo cual implica el pago de una compensación comúnmente denominada pago por concepto de servidumbre, lo cual se emplea para la ejecuciòn de proyectos de distinta índole, como de energía, minería, líneas de alta tensión, comunicación, ductos, entre otros.
Por ejemplo, el 75 % de la Amazonía peruana cuenta con concesiones de gas y petróleo. Aquellas que se encuentran activas debieron realizar pagos de servidumbre, los cuales se realizan a los titulares de los terrenos en cuestión, siendo – en la mayoría de casos – comunidades nativas. Para escribir esta columna intentamos conseguir información oficial respecto a la superposición entre concesiones y comunidades, incluso acerca de cuántas han recibido o perciben actualmente pagos de servidumbre, y de cuánto dinero estamos hablando. Sin embargo, esta información no se encuentra sistematizada por el Estado peruano.
Más aún, no existe una regulación para la canalización adecuada de dichos recursos, de manera que se considere como capital para el desarrollo de las comunidades. En la mayoría de casos el dinero es repartido directamente entre los pobladores, en otros, se desvía en las telarañas de la corrupción.Excepcionalmente, se destina a la inversión social.
Cabe aclarar, que es importante respetar el derecho privado que engloba estas transacciones, así como la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, respecto a lo último, no todas las comunidades que reciben el pago de servidumbre pertenecen a un pueblo indígena, sino que son producto de la reforma agraria o incluso de la organización colonial de la sociedad andina o amazónica. De esta manera, reciben los fondos como una asociación, o en términos más crudos, como una empresa (sobre todo en la costa y sierra del Perú). En segundo lugar, estamos hablando de una transacción que se realiza en el contexto de la implementación de un proyecto de infraestructura o energía, en los que el core del negocio implica, por su naturaleza, desarrollo para el país, sin desmedro a otros beneficios que debería involucrar la ejecución, tales como regalías, impuestos y pagos de servidumbre.
Así, nos preguntamos, ¿No sería importante que el Estado peruano cuente con un sistema para procurar la canalización de dichos fondos para el desarrollo del Perú? Esto se puede traducir en que una entidad rectora realice las siguientes funciones: identificar con metodologías participativas las necesidades de las comunidades que percibirán el pago de servidumbre, para luego priorizar el destino de los fondos en, por ejemplo, proyectos de educación, salud, saneamiento o actividades productivas (clave para diversificar la economía y desincentivar la dependencia económica). Posterior a ello, asesorar y acompañar en la ejecución de dichos proyectos, así como articularlos a estrategias de desarrollo del gobierno, a través de autoridades locales y sectoriales.
Si bien existen estudios que demuestran que la transferencia directa de dinero puede tener impactos positivos para el desarrollo económico, tal como lo realiza el programa social Juntos, cabe acotar que estos significan programas sociales condicionados, estrechamente ligados a una estrategia de acceso a la salud y educación. Mientras que, en el caso de los pagos de servidumbre, se trata de transferencias de grandes cantidades de dinero, sin planificación, ni previa capacitación en el uso del dinero, alfabetización financiera o estrategias de inversión. Muchas comunidades beneficiarias ni siquiera se considera el dinero como unidad de cambio ni comprenden su valor.
Podría sonar anecdótico, pero lo siguiente brindará una fotografía del escenario que estamos describiendo, y no es el único caso, situaciones similares suceden en la costa y sierra del Perú, relacionados a proyectos de minería, hidrocarburos e infraestructura. Este caso en particular, es sobre una comunidad nativa del distrito de Megantoni, en Cusco (cuyo nombre protegeremos), con una población que no supera las mil personas. A pesar de haber recibido más de seis millones de soles por concepto de servidumbre, cuenta con altos niveles de desnutrición crónica, enfermedades agudas respiratorias y con deficiencias en acceso a servicios básicos. No obstante, cuentan con un estadio de futbol que se observa desde el helicóptero como punto referencial de aterrizaje, un colegio que triplica la demanda educativa y demás elefantes blancos en medio de la selva.
Al recibir el pago de servidumbre por la última empresa que intervino en la zona, la dirigencia de la comunidad cobró el cheque en un banco en la ciudad de Quillabamba, luego colocaron el efectivo en sacos de yute para trasladarlos en el helicóptero de la empresa, para luego ser acopiados en el local comunal. Ahí lo dividieron en bloques de igual altura, sin evaluar la cantidad de dinero que estos contenían. La mitad de paquetes se asignó para la comunidad, y la otra se distribuyó entre todas las familias. Esto bajo una lógica comunal de distribución de recursos, tales como como semillas o fertilizantes.
El destino final del dinero, en muy pocos casos, implicó el desarrollo familiar. En la mayoría de estos se destinó para la compra de materiales de construcción, que finalmente no eran adecuados para la zona, por lo que no se utilizaron o fueron inevitablemente consumidos por la selva. Esto sumado a la adquisición de bienes recreativos, y, al incremento del consumo de alcohol. El dinero destinado a la comunidad, se utilizó para contratar empresas que implementen servicios públicos, los cuales nunca se implementaron, debido a una malversación de fondos. Al mismo tiempo, – ya que de pronto las familias contaban con una fuerte inyección de dinero que presumían podría durarles para toda la vida, inclusive para generaciones futuras -, abandonaron sus actividades económicas, ya sean agrícolas o de dependientes como obreros de las empresas de la zona, Generándose una reproducción intergeneracional de la pobreza, es decir, con dinero se quedaron entrampados en la brecha.
Entonces, es común encontrar en zonas donde han recibido millones de soles, que aún persistan cifras alarmantes de pobreza. Una incoherencia desconcertante y desoladora, la cual puede ser revertida si el Estado peruano implementa un marco normativo y operativo para canalizar adecuadamente los recursos recibidos por concepto de servidumbre en el desarrollo de las comunidades, trabajando de la mano con estas para que diseñen y auto-gestionen sus propios planes de desarrollo, en sintonía con las metas del Estado en todos sus niveles. La servidumbre largo tiempo en silencio gimió, peguemos el grito sagrado para convertirla en una oportunidad de desarrollo, en lugar de una trampa para la pobreza y una fuente para el conflicto.
