Por Stakeholders
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POR MARCO MINAYA
No hay duda que en las últimas décadas, el tema de la conflictividad social en nuestra región se ha mostrado como uno de los temas más sensibles y difíciles de tratar, sobre todo porque analizar los diferentes conflictos sociales suscitados en los últimos años implicaría evaluar el rol que tiene el sector privado, la comunidad y sobre todo el del Estado; este último, muchas veces, cuestionado por su poca presencia o figura en zonas en donde se originan los propios conflictos.
Ante esto, una de las medidas que toman diversas empresas para desarrollar un acercamiento hacia las comunidades con el fin de reducir los posibles conflictos sociales que se puedan generar en el tiempo es apostar por la Responsabilidad Social Empresarial en las zonas de influencia donde operan. Pese a que ya desde hace un tiempo dicha gestión responsable ha sido implementada por aquellas empresas que son de gran tamaño o forman parte de transnacionales, no obstante, los conflictos sociales siguen teniendo mayor presencia y revuelo en las diferentes regiones de nuestro país.
En ese sentido, teniendo en consideración el enfoque de responsabilidad social empresarial que asumen algunas empresas para el mejor relacionamiento con las comunidades, ¿cómo prevenir y reducir los conflictos? ¿hasta qué punto se puede implementar la RSE al momento de que la actividad extractiva por parte del sector privado opere en las áreas de influencia cercanas?
Para Marco Lupú, Docente del Programa de Especialización en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa de la Extensión y Proyección Universitaria (EPU) de la USMP, el problema en torno a la gestión de la responsabilidad social empresarial es que aún muchas empresas ven a la RSE como acciones de ayuda o diversos donativos, pero no lo ven como un modelo de gestión que adecuadamente implementado puede generar una estrategia “ganar-ganar” de la empresa con sus diversos grupos de interés con los que interactúa.
Si bien como menciona el docente este es uno de los tantos problemas que tiene la implementación de una adecuada estrategia de la RSE, también es preciso mencionar que las diversas áreas de influencia en las cuales opera una empresa de actividad extractiva se encuentran en un estado de muchas necesidades tanto sociales como económicas como por ejemplo el de servicios básicos de salud, agua y saneamiento, educación, infraestructura, entre otros.
De ahí es que parte el hecho de comprender hasta cierto punto la demanda que existe por parte de la comunidad en relación a cubrir este tipo de necesidades. En ese contexto, gran parte de la responsabilidad por cubrir este tipo de necesidades entre otras recae en el Estado, quien, considerando lo fragmentado y débil de su institucionalidad estatal para asumir un rol activo y participante frente la violencia suscitada por diversos conflictos sociambientales, su rol resulta ser transcendental al momento de controlar estos mismos disturbios en el corto plazo, y establecer una clara estrategia sectorial a nivel de prevención en el largo plazo en compañía tanto del sector privado como con las comunidades aledañas.
Según Igor Grimaldo, Gerente de Innovación y Desarrollo Empresarial de IPAE Acción Empresarial, muchas comunidades campesinas de la costa, andinas de la cordillera y nativas de la amazonia tienen claro un mensaje: “ausencia, olvido y marginación de parte del Estado.
Según su perspectiva, los altos índices de mortalidad infantil, ingreso anual per cápita y bajos índices de calidad educativa en niños y jóvenes son uno de los tantos problemas que las comunidades enfrentan. Pese a que al momento de hablar de conflictos sociales siempre el tema medio ambiental está de por medio, para Grimaldo, de ninguna forma es el eje principal de sus demandas.
Entonces, ¿por qué el tema ambiental es el que siempre lidera la lista de reclamos por parte de la comunidad? En palabras del Gerente de Innovación y Desarrollo Empresarial de IPAE Acción Empresarial, este es un muy buen argumento para poner en jaque a las empresas extractivas, ya que la gran mayoría de componentes con que se solucionan el 99% de las demandas se enmarcan en las necesidades de salud, trabajo y educación.
Sin embargo, advirtió que, para hacerle frente a este tipo de necesidades es necesario tener cuidado con el asistencialismo desmedido que termina abasteciendo temporalmente a la comunidad, pero luego genera más necesidad. Como bien lo mencionaron ambos especialistas, dentro del marco de la RSE, ese tipo de asistencialismo o ayuda no debe ser considerado el mecanismo central de abordaje la prevención del conflicto socio ambiental.
Si se pretende elaborar buenas estrategias de desarrollo comunitario a largo plazo y desvincularse de ayudas aisladas o, en tal caso, tener controlado una situación latente de conflicto social, para el docente de la USMP, la RSE puede prevenir los conflictos sociales, si se aplica antes de que ocurran este tipo de eventos y antes de la instalación de los proyectos en las comunidades o poblaciones.
¿De qué forma se puede planificar este enfoque? Lupú consideró que es necesario que la empresa haya mapeado y analizado los grupos de interés con los que interactúa, así como la priorización de los mismos, conociendo previamente si los pobladores están a favor o en contra del proyecto y qué los haría cambiar su opinión a favor del proyecto, si estuvieran en contra.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Desde ya es una apuesta a largo plazo implementar la RSE por parte de las empresas vinculadas al sector extractivo. El trabajo, empero, no debería ser solamente realizado por el sector privado. En esa línea, el docente de la USMP afirmó que se pueden buscar alianzas con el Estado u otras empresas privadas para llevar a cabo iniciativas de RSE, las cuales podrán tener mayor credibilidad, reducir costos y generar un mayor impacto de estas acciones.
El asunto, expresó Lupú, es dar en el blanco de lo que necesitan realmente las comunidades, que en muchos casos puede ser a nivel de salud (Alianzas con el MINSA para hacer campañas de salud), capacitación (alianzas con el MINEDU para contribuir en temas educativos en los colegios) o seguridad (alianzas con la Policía Nacional).
Sin embargo, “el problema es cuando las empresas confunden la RSE y quieren construir colegios, postas médicas u obras de infraestructura, lo cual no es el rol de las empresas, sino del propio Estado”, acotó el docente de la USMP.
Entonces, para Lupú, esto genera confusión en los pobladores, lo cual simplemente hará que las demandas se incrementen negativamente. Y es que desde su perspectiva, precisamente los conflictos sociales se dan por una mala lectura de la empresa sobre los pobladores o comunidades alrededor de los proyectos, al no haber establecido una comunicación adecuada, sin lograr entender, ni atender sus intereses para que no llegue a la calificación de conflicto social.
Ante ello, se debe ser consciente de que los conflictos sociales ocurrirán ya sea en mayor o menor grado, y para poder encausarlos y llegar a soluciones adecuadas es importante implementar medidas preventivas y mayores esfuerzos anticipadamente y a largo plazo con el desarrollo de las comunidades en general.
