Medio ambiente - Cambio climático

Cambio climático puede agravar pobreza e inseguridad alimentaria en Perú

De acuerdo al Minam, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Su biodiversidad y ecosistemas no solo se verían amenazados, sino también las poblaciones, particularmente aquellas dentro del umbral de pobreza. Según el INEI, en el 2024, el 27,6 % de peruanos no contaron con recursos monetarios suficientes para cubrir la canasta básica de consumo.

César Ipenza, profesor de postgrado de la Universidad del Pacífico, señala que si bien no existe un estudio concluyente que determine con precisión el nivel de afectación del Perú, son innegables los altos niveles de vulnerabilidad. Ello debido a sus características geográficas, las marcadas desigualdades sociales y la limitada capacidad del Estado para atender adecuadamente las zonas más expuestas.

“Muchos de los proyectos orientados a combatir el cambio climático no se implementan de manera efectiva en los territorios. En ocasiones, las iniciativas se concentran en el ámbito nacional y no llegan con apoyo técnico o financiero directo a los actores locales, especialmente a los pueblos indígenas”, expresa.

Pobreza e inseguridad alimentaria

La correlación entre la crisis climática y la pobreza es indudable, en tanto que agrava otras brechas sociales de por sí. De acuerdo a ONU Mujeres, hasta 158 millones más de mujeres y niñas son susceptibles a la pobreza extrema hacia el 2050 a causa del cambio climático. Es evidente que abordar la problemática no solo concierne al sector ambiental. “Los pobres son la población más vulnerable ante el cambio climático, los que tienen menos recursos económicos. Los que viven de forma más precaria son siempre los más afectados por los efectos del cambio climático. Un ejemplo claro son las casas se construyen en laderas, pendientes o quebradas. Un huaico, lluvias, deslizamientos son una amenaza en esas circunstancias”, comenta Arturo Caballero, CEO de A2G Sostenibilidad y Cambio Climático.

Al interior del Perú, donde existen brechas estructurales entre lo rural y urbano, las comunidades amazónicas, que presentan precedentes de altos índices de pobreza, también incrementan su vulnerabilidad al ver reducida la disponibilidad de recursos, bienes y servicios.

“Esto, a su vez, repercute directamente en el deterioro de sus condiciones de vida y en el aumento de la pobreza”, menciona César Ipenza.

De igual forma, la economía nacional se ve afectada, lo que incluye a actores de diversas cadenas de valor. Es el caso de la agroindustria. Juan Pablo Carrera, consultor en Sostenibilidad y Gestión Ambiental, explica que el impacto aqueja principalmente a la agricultura, la infraestructura y los servicios ecosistémicos.

“En el sector agrícola, eventos extremos como las sequías y las lluvias intensas vinculadas al fenómeno de El Niño han reducido la productividad, incrementado las pérdidas económicas y comprometido la seguridad alimentaria. Solo entre 2012 y 2014, las pérdidas por plagas asociadas al cambio climático superaron los 13 000 millones de soles, según datos de SENASA”, indica.

El docente de la UP detalla que, por ejemplo, un pequeño agricultor o caficultor en la Amazonía peruana ya enfrenta desafíos significativos, como el alto costo de los fertilizantes y la creciente escasez de mano de obra. Con el cambio climático, a esto se suman enfermedades y plagas que afectan los cultivos, más allá de la conocida roya amarilla (enfermedad que afecta al trigo).

“Estas condiciones provocan pérdidas en la producción e inversión, que contribuye a una mayor precariedad económica”, dice.

En esa línea, José Manuel López, jefe de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, manifiesta que sequías o lluvias determinan que las cosechas sean buenas o constantes. Asimismo, enfatiza en que afectan directamente a territorios habitados por poblaciones que dependen de estos ciclos climáticos. En ese sentido, la seguridad alimentaria puede hallarse en jaque debido a la falta de abastecimiento.

“No extrañamente muchas de estas zonas geográficas, que están vinculadas al desarrollo de producción, son pobres en el mundo, no solo en el Perú. Por ejemplo, los litorales peruanos están poblados por pescadores artesanales que no solo pescan para su propio consumo, sino también para abastecer los centros de distribución. Cerca del 50 % de los pescados que llegan al mercado provienen de estos pequeños pescadores”, remarca.

Al respecto, un reciente informe de la FAO y otras organizaciones, titulado El Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, revela que el 74 % de los países de América Latina y el Caribe estudiados están expuestos de manera frecuente a estos fenómenos climáticos extremos, los cuales impactan en la seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo, se especifica que en el caso de Perú más del 50 % de la población sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en el trienio 2021 – 2023.

Infraestructura y agenda pública

El estrago del cambio climático en la economía también se puede ver en la afectación de infraestructuras y su consecuente gasto público. Juan Pablo Carrera cuenta el caso de El Niño Costero que en 2017 destruyó 493 puentes y más de 4000 km de carreteras, cuadruplicando el impacto causado en el del 1997-1998.

“Esta recurrencia de eventos extremos eleva los costos de mantenimiento y reposición de infraestructura crítica, presionando el gasto público. BID y CEPAL estimaron que los costos acumulados de reposición de carreteras por cambio climático podrían superar los 700 millones de soles al año 2100”, añade.

A nivel macroeconómico, las consecuencias se reflejan en la reducción del PBI. El consultor subraya que el cambio climático introduce una brecha significativa en el crecimiento económico. Proyecciones al 2030 estiman que el crecimiento del PBI podría ser 1,1 % menor si no se actúa frente a sus consecuencias.

“Al 2050, esta brecha alcanzaría un 20,2 %, lo que evidencia la urgencia de integrar la variable climática en la planificación del desarrollo nacional con enfoque territorial”, dice.

Un enfoque transversal público

Los especialistas coinciden en un enfoque transversal e integral del componente climático y ambiental. César Ipenza considera que el cambio climático no ha sido plenamente asumido por las autoridades y los actores políticos. Es fundamental, entonces, que ocupe un lugar central en el debate público.

“No solo como un tema ambiental, sino como un eje transversal que afecta directamente la economía, el bienestar social y el desarrollo sostenible del país”, añade.

Juan Pablo Carrera, por su parte, comparte que la perspectiva de las políticas públicas debe ser holística, urgente y adaptada a la realidad territorial y empresarial del Perú. Resalta instrumentos como la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 y las hojas de ruta correspondientes a la economía circular y las finanzas verdes.

“Estas ofrecen una arquitectura de planificación cuyo principal reto es la articulación intersectorial; por lo tanto, el desafío está en su implementación efectiva, particularmente en los niveles subnacionales y en el sector privado”, explica.

En este contexto, recalca que se requiere acelerar la implementación de políticas sectoriales que incorporen criterios de resiliencia climática y descarbonización con enfoque territorial. Asimismo, deben priorizarse intervenciones que reduzcan la vulnerabilidad de sectores estratégicos —como el agrícola y el hídrico— y que fortalezcan las capacidades institucionales para gestionar los riesgos climáticos de forma anticipada, y no solo reactiva.

Otro aspecto importante es la sostenibilidad de las políticas a largo plazo. José Manuel López indica que es indispensable que las implementaciones se cumplan en el periodo fijado por las autoridades de turno.

“Así, cuando vengan los siguientes periodos de los nuevos gobernantes, tengan enmarcado esa línea de políticas públicas para progresar. Lo que ocurre es todo lo contrario, cada quien entra y lo único que hacen es documentos”, especifica.

Hacia el 2030, el Perú presenta ambiciones de reducción de emisiones de GEI en un 40 %. Las acciones desarrolladas en este marco requieren la transformación de toda la economía nacional. Todas las industrias, gobiernos en todas sus instancias e instituciones deben compartir esta visión para lograr una sostenibilidad en todos los frentes: social, ambiental y económico. Solo así podremos tener un futuro para las siguientes generaciones.

¿Y el sector privado?

El rol del sector privado es vital para combatir los efectos negativos del cambio climático. Juan Pablo Carrera explica que las pequeñas y medianas empresas enfrentan retos múltiples. Por un lado, muchas dependen de sectores intensivos en recursos naturales (como la agricultura, pesca o turismo), los cuales ya están siendo impactados por el aumento de la temperatura o desastres naturales.

“Esto las expone a interrupciones operativas, pérdida de ingresos y mayores costos de producción”, complementa.

Otro desafío es la adaptación a las exigencias derivadas de la transición global frente al cambio climático, impulsadas por economías a las que se exportan productos. Es decir, el cumplimiento de estándares ESG, así como el acceso a tecnologías limpias, se han vuelto condiciones clave en cadenas de valor que buscan reducir su huella de carbono.

Desde el lado de las grandes empresas, Arturo Caballero comenta que están avanzando y cumplen con tener metas concretas para la reducción de sus emisiones, aunque son muy pocas y, sobre todo, las de gran envergadura.

“Se está buscando reducir las emisiones directas. Hay sectores que las generan de manera indirecta, especialmente en su cadena de proveedores. Son muy pocas las que han comenzado a reducir su impacto o definir políticas en relación a sus proveedores”, finaliza.