Por Bryam Esquen Del Carmen
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El sistema de salud peruano enfrenta una paradoja persistente: a pesar de contar con un presupuesto histórico equivalente al 6.2% del PBI, los niveles de acceso, calidad y oportunidad en la atención continúan rezagados. Stakeholders conversó con Hernán Ramos, miembro del Comité de CADE Salud 2026 de IPAE Acción Empresarial y pone en evidencia que el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino en fallas estructurales vinculadas a la regulación, la gestión y la articulación entre los distintos actores del sistema.
El análisis revela que, lejos de facilitar soluciones, el marco normativo vigente, la fragmentación institucional y la baja capacidad de ejecución del Estado han configurado un entorno que limita la inversión, debilita el primer nivel de atención y reduce la eficiencia del gasto público.
Durante la última edición de CADE Salud se insistió en el mensaje de pasar “del diagnóstico a la acción”, señalando un aporte público privado que contribuya al mejoramiento del sistema de salud en el Perú. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo para que estas propuestas se ejecuten?
Como se evidenció en las sesiones de CADE Salud de IPAE Acción Empresarial, el principal obstáculo para concretar iniciativas conjuntas es un marco normativo hostil y desarticulado. El Estado ha configurado un sistema de supervisión que, en la práctica, termina funcionando como una barrera de entrada, asfixiando financieramente a las instituciones formales y retrasando la inversión. A esto se suma la falta de coordinación entre las distintas instancias gubernamentales. Como resultado, muchas empresas se ven obligadas a destinar recursos a su defensa legal frente a procedimientos administrativos, lo que perpetúa la maraña de trabas burocráticas y genera millonarias pérdidas económicas cada año.
A esta situación se añade una clara asimetría en el trato. Mientras las entidades supervisoras fiscalizan con severidad a los centros privados y aplican sanciones drásticas incluso por faltas administrativas, el propio Estado suele incumplir sus propias reglas. Se permite la operación de establecimientos públicos que enfrentan graves problemas de infraestructura y niveles críticos de desabastecimiento. Sin predictibilidad jurídica ni condiciones regulatorias equitativas, el capital privado difícilmente encontrará incentivos para ampliar la oferta sanitaria en beneficio de la población.
De cara a las Elecciones Presidenciales 2026, ¿qué medidas concretas debería implementar el próximo gobierno en los primeros 100 días para generar cambios visibles en el sistema?
En línea con las discusiones sostenidas en la reciente edición de CADE Salud, la próxima administración debería evitar embarcarse en reformas estructurales que suelen tardar años en dar resultados y, en cambio, impulsar un plan de choque administrativo y desregulador. Este debería apoyarse en tres pilares. El primero es establecer un mandato claro para aplicar de manera estricta el Análisis de Impacto Regulatorio y avanzar hacia una regulación basada en riesgos. Ninguna entidad debería emitir nuevas normas sin demostrar previamente, y con evidencia, que existe una falla de mercado y que las medidas propuestas están orientadas a corregirla. Además, debe garantizarse que los beneficios de cualquier regulación superen los sobrecostos que se imponen al sistema.
El segundo pilar pasa por revisar con urgencia los actuales esquemas de categorización de los establecimientos de salud. La fiscalización debería concentrarse con mayor rigor en aquellas áreas donde existe un riesgo real de mortalidad, mientras que los requisitos para los centros de baja complejidad tendrían que flexibilizarse. Esto permitiría ampliar con mayor rapidez la oferta de servicios y acercar la atención a más pacientes.
Finalmente, es clave destrabar los mecanismos de intercambio prestacional para que los pacientes del sector público puedan ser derivados, sin barreras, a instituciones privadas cuando sea necesario. Para lograrlo, se requiere eliminar la imposición de tarifas centralizadas que no reflejan la diversidad de costos logísticos en el país. Un esquema más flexible permitiría avanzar hacia una integración operativa real entre los distintos prestadores del sistema.
Si más del 70% de la carga de enfermedad es crónica, ¿por qué el primer nivel de atención sigue sin ser resolutivo en el Perú?
Según se discutió en CADE Salud 2026, la limitada capacidad resolutiva de los centros de atención primaria responde principalmente a un abandono financiero sostenido y a un marco normativo que ha quedado desfasado frente a las necesidades actuales del sistema. La precariedad operativa es evidente. Distintos estudios muestran que cerca de la mitad de los establecimientos del primer nivel del Estado funcionan sin presencia médica permanente y que nueve de cada diez no cuentan con la infraestructura básica necesaria para brindar una atención adecuada.
Como consecuencia, muchos ciudadanos terminan acudiendo directamente a hospitales de mayor complejidad, lo que genera una fuerte saturación de servicios que deberían concentrarse en los casos más graves. A ello se suma el desabastecimiento recurrente de medicamentos, que obliga a los pacientes a comprarlos por su cuenta y eleva significativamente el gasto de bolsillo de las familias.
El impacto de esta situación es profundo. La falta de un seguimiento efectivo de las enfermedades no transmisibles desde el primer nivel ha contribuido al aumento de la mortalidad por afecciones cardiovasculares, cáncer y complicaciones asociadas a la diabetes. En la práctica, el sistema actual no logra prevenir ni controlar la cronicidad, sino que termina reaccionando cuando la enfermedad ya se ha agravado.
¿Qué acciones internacionales lograron fortalecer el primer nivel de atención y que podrían servir de ejemplo al Perú?
Para revertir las debilidades del primer nivel de atención, el Estado peruano debería incorporar experiencias internacionales que han demostrado buenos resultados, especialmente aquellas basadas en la colaboración, la adaptabilidad y la prevención. Un paso importante sería abrir espacio a una participación más activa del sector privado en la atención primaria urbana. Esto implica permitir que los ciudadanos, en particular los pacientes con enfermedades crónicas, puedan adscribirse a establecimientos privados para recibir su seguimiento médico. Para que este esquema funcione adecuadamente, tendría que ir acompañado de un modelo de financiamiento claro, sustentado en mecanismos como la capitación y los pagos por desempeño (P4P), de modo que el sistema incentive la resolución efectiva de los problemas de salud y el bienestar del paciente.
Otro aspecto clave es revisar la rigidez normativa que exige infraestructuras prácticamente idénticas en todo el país. La regulación debería permitir que los centros de salud se diseñen de acuerdo con las necesidades epidemiológicas y las características geográficas de cada territorio. Una mayor flexibilidad ayudaría a reducir requisitos innecesarios que hoy encarecen los proyectos y retrasan la expansión de servicios.
Al mismo tiempo, el sistema necesita reforzar su enfoque preventivo. Anticiparse a la enfermedad implica intervenir también en los hábitos de consumo de la población. Fortalecer las estrategias nutricionales orientadas a reducir el consumo de productos ultraprocesados puede tener un impacto directo en la prevención de enfermedades crónicas y permitir que estas se enfrenten desde etapas mucho más tempranas.
El Perú tiene un presupuesto récord en salud, alcanza el 6.2% del PBI, pero sin resultados proporcionales. ¿Dónde está la principal falla: asignación, ejecución o control del gasto?
En CADE Salud 2026 se dejó en evidencia que la desconexión entre un presupuesto histórico y la paupérrima calidad del servicio obedece a una distribución irracional de los fondos y a una parálisis gerencial del Estado. El financiamiento no atiende las verdaderas necesidades clínicas, sino que sostiene maquinarias burocráticas fragmentadas. Esta situación produce desigualdades marcadas dentro del propio sistema, ya que el gasto per cápita varía significativamente entre los distintos subsistemas y los asegurados del régimen subsidiado reciben apenas una fracción de los recursos disponibles. A ello se suma que una parte importante del presupuesto se destina al pago de planillas administrativas, lo que limita la inversión en tecnología, equipamiento y modernización de los servicios.
Por otro lado, la inestabilidad institucional impide que el gobierno concluya las obras iniciadas. El aparato estatal mantiene decenas de miles de proyectos de inversión pública detenidos o sin continuidad presupuestal. Lejos de priorizar la finalización de estos activos críticos, las gestiones gubernamentales se dedican a inaugurar procesos y a sumar nuevos proyectos, desperdiciando el presupuesto y vulnerando la capacidad de respuesta sanitaria del país.
¿Qué reformas políticas de salud se requieren para que el presupuesto realmente se traduzca en acceso y calidad?
En línea con los consensos promovidos en CADE Salud de IPAE Acción Empresarial, el marco institucional debe someterse a cuatro reformas fundamentales orientadas a empoderar al usuario y profesionalizar la administración.
Primero, el modelo económico debe garantizar que los fondos sigan al paciente y no a la infraestructura. Es necesario debatir abiertamente sobre la consolidación de la libre elección de prestadores, a fin de que las personas que superen un periodo de espera razonable puedan acudir a cualquier establecimiento de salud, ya sea público o privado. Para que esto sea sostenible y brinde seguridad a los prestadores, la atención derivada de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas debe estar estrictamente protegida mediante un fideicomiso o a través de mecanismos como los servicios por impuestos.
Segundo, se requiere una modernización en la regulación farmacéutica. La autoridad sanitaria debe actuar como un facilitador que apruebe directamente aquellas tecnologías médicas que ya han sido avaladas por países de alta vigilancia sanitaria, fomentando así la competencia comercial y garantizando la libertad contractual.
Tercero, las entidades fiscalizadoras deben reorientar sus objetivos. Deben pasar de una cultura punitiva de carácter recaudatorio hacia una gestión resolutiva, enfocada en la continuidad asistencial.
Cuarto, resulta imperativo blindar de los vaivenes políticos la gestión pública de entidades clave como Susalud, Digemid, Cenares y EsSalud. Para mejorar su gobernanza, la administración sanitaria debe despolitizarse, de modo que las jefaturas se adjudiquen exclusivamente mediante selección meritocrática y se reduzca de manera sostenida la carga del personal burocrático.
¿Cómo cerrar la brecha de capacidades digitales en el personal de salud ayudaría en la atención de pacientes en el sector salud?
A pesar de que el costo de las tecnologías avanzadas representa una barrera financiera inicial, capacitar sistemáticamente al personal en competencias digitales transformaría la eficiencia en tres frentes determinantes. La base de la seguridad del paciente no radica en imponer un único software de historia clínica, sino en desarrollar un sistema con una interoperabilidad mínima que permita la continuidad de la atención. Entrenar a los profesionales para utilizar estos sistemas interconectados evitará la duplicación de pruebas invasivas, reducirá los costos estatales y eliminará los riesgos asociados al desconocimiento de los antecedentes clínicos.
Además, la modernización digital del área de atención al público suprime múltiples barreras administrativas. Permitir que los pacientes autogestionen velozmente sus citas mediante plataformas virtuales terminaría, de una vez por todas, con el indignante escenario de las aglomeraciones físicas para obtener un turno médico.
Finalmente, la adopción de algoritmos predictivos mejora la precisión diagnóstica y redefine la gerencia hospitalaria, lo que posibilita realizar proyecciones matemáticas de la afluencia en emergencias y automatizar el control de los insumos farmacéuticos.
Se insiste en la unificación del sistema de salud, sin embargo, se ha hecho poco o nada para hacerlo realidad. En ese sentido, ¿Qué está impidiendo que se ejecute de manera efectiva en el Perú?
La intención de absorber financiera y administrativamente a la seguridad social dentro de la cartera ministerial de Salud es una propuesta inviable que enfrenta serias barreras constitucionales y graves riesgos técnicos. Los fondos del seguro social son de naturaleza privada e intangible, puesto que provienen de los aportes de los empleadores y de los trabajadores formales. Utilizar este patrimonio para financiar el régimen público general y maquillar los déficits fiscales constituiría una acción confiscatoria que atentaría directamente contra la propiedad privada, destruiría la planificación actuarial y dejaría en el desamparo a la fuerza laboral a largo plazo.
El error de diseño radica en creer que la colaboración interinstitucional exige que los hospitales pertenezcan a una misma entidad centralizada. La vía para eliminar la fragmentación ya existe y se fundamenta en el intercambio fluido de servicios entre todos los actores del ecosistema. Sin embargo, su despliegue sigue bloqueado por los intentos gubernamentales de imponer tarifas controladas y centralizadas, ignorando los verdaderos costos operativos del mercado formal y socavando la libertad contractual.
¿Qué rol cumple hoy CADE Salud en la discusión de políticas públicas del sistema sanitario peruano?
CADE Salud cumple un rol clave: conectar a los actores que normalmente no conversan lo suficiente entre sí. En el sistema de salud, muchas veces las decisiones se toman por un lado, la gestión ocurre por otro y el conocimiento se queda en otro espacio distinto. CADE Salud ayuda a cerrar esa brecha, reuniendo al sector público, privado y académico para tener una conversación más completa y aterrizada.
Eso permite algo importante: entender mejor los problemas, pero sobre todo avanzar en soluciones que sí se puedan implementar. No se trata solo de debatir, sino de alinear prioridades y empujar acciones concretas.
En ese sentido, CADE Salud de IPAE Acción Empresarial no reemplaza a las instituciones, pero sí cumple el valioro rol de ordenar la conversación, poner sobre la mesa lo urgente y ayudar a que las decisiones se tomen con una mirada más integral y enfocada en el ciudadano.
¿Qué tan importante es que actores públicos, privados y académicos coincidan en un mismo espacio como CADE Salud?
Es clave. En un sistema de salud como el peruano, donde muchas veces los actores trabajan de manera aislada, generar un espacio donde puedan encontrarse, escucharse y dialogar directamente marca una diferencia real.
Cuando ese encuentro no existe, se profundiza la desconexión: las políticas no siempre recogen lo que pasa en la práctica, la gestión enfrenta barreras que no se terminan de entender desde el diseño, y el conocimiento académico no logra incidir en decisiones concretas.
CADE Salud justamente rompe esa dinámica. Al reunir en un mismo espacio al Estado, al sector privado y a la academia, permite construir una mirada compartida sobre los problemas y, sobre todo, sobre las soluciones. Ayuda a bajar prejuicios, a entender mejor los roles de cada uno y a encontrar puntos de coincidencia.
Además, este tipo de espacios hace evidente algo fundamental: ningún actor, por sí solo, va a poder resolver los desafíos del sistema. Se necesita colaboración real. El Estado con capacidad de liderar, el sector privado aportando gestión e innovación, y la academia generando evidencia útil para decidir mejor.
Por eso, más que un espacio de conversación, CADE Salud de IPAE Acción Empresarial es una oportunidad para alinear esfuerzos y avanzar hacia soluciones concretas que impacten en la atención de las personas.
