Por Stakeholders
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La escalada de violencia contra el sector minero-energético en el Perú ha encendido las alarmas de seguridad y gobernabilidad. En un llamado urgente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) exigió al Gobierno restaurar el Estado de Derecho tras una serie de ataques perpetrados por mineros ilegales asociados con organizaciones criminales.
Uno de los casos más graves afecta a la Compañía Minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad, donde se registró la destrucción de dos torres de alta tensión en menos de 72 horas. A la fecha, al menos 16 torres fueron derribadas, comprometiendo la red eléctrica.
“El objetivo es paralizar la producción minera y expulsar a las empresas formales”, denunció la SNMPE, señalando que la declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz ha sido insuficiente. La zona continúa siendo escenario de enfrentamientos entre mineros ilegales, quienes disputan concesiones invadidas mientras la seguridad de trabajadores y comunidades queda en riesgo.
Carlos Gálvez, analista del sector, subrayó la importancia de medidas más agresivas que incluyan inteligencia policial para desarticular redes delictivas y controles tributarios que limiten el acceso de estos grupos a explosivos. Además, la SNMPE cuestionó la elaboración de la Ley MAPE por favorecer intereses de la minería ilegal bajo el pretexto de la formalización.
El sector minero-energético representa el 14% del PBI nacional. Sin una respuesta contundente, advirtió la SNMPE, el crimen organizado podría comprometer no solo la producción, sino también la paz y el bienestar de miles de peruanos.
