Por Stakeholders
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La minería peruana, pilar de la economía nacional, atraviesa una profunda reconfiguración en sus dinámicas de conflicto social. En un contexto de creciente inestabilidad y el auge de la minería informal, la PERUMIN 37 Convención Minera emergió como un escenario crucial para un debate que va más allá de los negocios y la tecnología.
El 36º reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), presentado recientemente, ofrece un diagnóstico contundente: las disputas ya no son solo entre empresas formales y comunidades, sino que ahora involucran a nuevos actores, con el crimen organizado y la ilegalidad como protagonistas.
Los datos de la Defensoría del Pueblo confirman este panorama, con un promedio de 200 conflictos mensuales, de los cuales dos tercios están directamente vinculados al sector minero. La expansión de la minería informal e ilegal, impulsada por un superciclo de precios de minerales como el cobre y el oro, que generó ingresos extraordinarios por casi US$ 19,000 millones en 2024, ha transformado el patrón de producción, especialmente de oro. Si antes predominaban las grandes empresas, ahora la producción se dispersa entre mineros artesanales y actores ilegales que compiten por el control del territorio.
El caos del régimen de concesiones y la expansión delictiva
La raíz de esta nueva conflictividad, según el OCM, reside en el modelo de concesiones mineras del Perú. Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denuncia que el régimen actual «permite el caos». La convivencia de la minería formal, informal e ilegal en territorios como Pataz, donde el 80% de la superficie tiene concesiones, ha desatado una ola de criminalidad que se ha convertido en un problema central para el Estado.
Este desorden territorial no solo fomenta la violencia, sino que también genera una crisis social. El investigador Daniel Hernando advierte que la minería informal está redefiniendo las trayectorias de vida de los jóvenes, desplazando la agricultura y la educación técnica. «Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores», señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia en regiones como Amazonas, La Libertad y Cajamarca.
Antagonismo aparente, agenda común
Pese a que la narrativa oficial suele presentar a la minería formal e informal como antagónicas, la realidad es más compleja. Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, señala que ambos sectores a menudo tienen vínculos comerciales, ya que el oro ilegal termina siendo “blanqueado” y exportado por los puertos del país.
Además, Maquet destaca una agenda compartida entre ambos grupos: ampliar la frontera de la extracción minera y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las responsabilidades y procedimientos sociales y ambientales. Esta situación ha intensificado la criminalización de líderes y defensores ambientales en el norte del país, como denuncian las rondas campesinas que se oponen a la contaminación. David Velazco, director de Fedepaz, criticó el discurso oficial que asocia a la minería con el desarrollo, ignorando las demandas sociales.
Ejemplos de resistencia como los de Río Blanco en Piura y Tía María en Arequipa demuestran que, a pesar de las promesas de desarrollo, las comunidades persisten en su rechazo a proyectos que, desde hace casi 20 años, fueron rechazados en consultas vecinales.
PERUMIN 37: la plataforma para un diálogo inclusivo
Ante este panorama, la PERUMIN 37 Convención Minera se presentó como una plataforma ineludible para que la minería aborde estos problemas de manera frontal. El evento fue un espacio clave para discutir la necesidad de un nuevo modelo que no se limite a la fiscalización, sino que promueva la formalización y el desarrollo sostenible.
En este sentido, los expertos del OCM hacen un llamado al Estado para que en la discusión de la nueva Ley MAPE (Minería a Pequeña Escala) se escuchen todas las voces. Es fundamental que las organizaciones de pueblos indígenas, los gobiernos territoriales y las asociaciones de personas afectadas por la contaminación sean convocadas a las mesas de diálogo, para que su perspectiva también sea incluida en la construcción de un modelo de minería más justo y equitativo para todos.
