Por Stakeholders
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Las exportaciones ilegales de oro podrían igualar —e incluso superar— a las legales por primera vez en 2025. Así lo advierte el Instituto Peruano de Economía (IPE), que estima un valor de US$12 mil millones para ambos flujos de exportación, reflejando la acelerada expansión del comercio ilícito de este metal.
La minería ilegal ha cuadruplicado sus envíos desde 2019, mientras que la minería formal apenas los ha duplicado. Este fenómeno, lejos de ser marginal, evidencia una transformación estructural del sector aurífero nacional, donde las redes informales —muchas veces amparadas en la inacción estatal— se posicionan como protagonistas del mercado, alerta el IPE.
Bolivia como canal de salida del oro ilegal
Uno de los principales puntos de fuga del oro ilegal peruano es la frontera con Bolivia. Desde hace más de una década, datos oficiales de ese país —analizados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)— han revelado exportaciones de oro con orígenes dudosos, atribuidas al contrabando desde Perú. Este circuito se ha reforzado con el crecimiento de las cooperativas mineras bolivianas, que operan sin mayor fiscalización y que, paradójicamente, pagan mejores regalías que muchas empresas formales.
La situación se agravó en 2023, cuando el Banco Central de Bolivia fue autorizado a comprar oro directamente a las cooperativas, abriendo un nuevo canal para el blanqueo del mineral. Como resultado, la producción de oro en Bolivia se ha cuadruplicado en los últimos 15 años, según la Fundación Milenio, alimentada en gran parte por oro peruano sin trazabilidad.
Auge de procesadoras y comercializadoras informales
El avance de la minería ilegal no solo se manifiesta en la extracción y el contrabando. El boom de los precios internacionales del oro ha incentivado la proliferación de empresas dedicadas al procesamiento y comercialización del mineral. En lo que va del 2025, se han creado en promedio 82 procesadoras y 58 comercializadoras de oro por mes, triplicando las cifras de la década pasada.
Este patrón se repite en la cadena del cobre. Entre 2015 y 2025, las plantas de beneficio cupríferas se triplicaron, especialmente en regiones como Arequipa, Ica y Puno, donde también se evidencia una mayor participación de actores informales.
Estado ausente y dinero sospechoso
El fortalecimiento de las redes ilegales también se evidencia en el terreno financiero. Entre 2020 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró un promedio anual de operaciones sospechosas relacionadas a la minería ilegal cinco veces superior al del quinquenio anterior. Solo en el primer semestre de 2025, se alcanzó el 88% de ese promedio.
Este crecimiento va de la mano con una débil presencia del Estado. El Índice de Densidad del Estado (IDE), elaborado por el PNUD, muestra que servicios básicos como salud, agua y seguridad han retrocedido o se han estancado en distritos con fuerte presencia de minería aurífera informal, como los de Madre de Dios o La Libertad.
Diálogos sin control y urgencia de estrategia integral
Mientras tanto, el Gobierno sostiene una tercera mesa de diálogo con representantes de la minería artesanal e informal, tras el fracaso de la ley MAPE. Expertos advierten que sin una visión integral, estos espacios podrían derivar en acuerdos que consoliden la ilegalidad bajo un manto de legitimidad política.
La solución, coinciden analistas, va mucho más allá de la formalización de operadores. Requiere recuperar la presencia efectiva del Estado en los territorios, reforzar los controles fronterizos —especialmente con Bolivia—, asegurar la trazabilidad del oro en toda su cadena de valor, articular esfuerzos con países vecinos y generar alternativas económicas sostenibles para las comunidades atrapadas por la minería ilegal.
