Por Renzo Rojas
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¿Cuál fue el objetivo principal del estudio que han realizado sobre la minería aurífera en la cuenca amazónica?
Nuestro análisis busca dimensionar la afectación territorial de la minería de oro en la cuenca amazónica. Este es el segundo año que lo presentamos. En 2024 identificamos presencia minera en siete regiones y ahora hemos sumado dos más: Pasco y Cajamarca.
¿Qué cifras reflejan este avance de la minería?
Encontramos un incremento de cerca de 9000 hectáreas afectadas, donde ha avanzado la minería. La mayoría corresponden a bosques naturales —sobre todo en Madre de Dios— y, en menor medida, a áreas agrícolas. Además, se registró un aumento de 20 % en cuerpos de agua impactados, alcanzando más de 220 ríos y afluentes alterados. También creció la afectación a comunidades indígenas: de 36 en 2024 pasamos a 72 en 2025.
¿Cómo se concreta ese impacto en los ecosistemas?
El proceso suele empezar con la remoción de bosques: deforestan, bombean agua, dragan y vierten lodo sobre la vegetación cercana. Ese material asfixia al bosque más cercano y degrada el ecosistema. Otro ecosistema gravemente afectado son los bosques inundables, clave para la reproducción de peces amazónicos, pero muy frágiles. En los ríos el impacto es quizá mayor: cambian de curso, aumentan los sedimentos y se rompe el ciclo natural de migración de especies.
«Más de 690 coinciden con cuerpos de agua, pese a que la ley prohíbe la minería en estos espacios».
Además de la deforestación, ¿qué otros riesgos existen?
El mercurio es crítico. Se usa de manera ineficiente para amalgamar el oro, y gran parte de residuos se vierte a los ríos, acumulándose en peces que luego entran a la cadena alimenticia. Otra vía de contaminación es la quema de amalgamas, que libera metilmercurio al aire, afectando directamente a las poblaciones. Estudios recientes en los ríos Putumayo y Nanay, ya detectan presencia de mercurio en la población.
¿Qué factores explican que esta problemática siga creciendo?
Primero, la lejanía y ausencia del Estado en muchas zonas amazónicas; segundo, la pobreza y falta de oportunidades, como se evidencia en distritos del río Nanay, con preocupantes indicadores sociales; y tercero, la “profesionalización” de la minería ilegal, hoy asociada a redes criminales. A esto se suma un incentivo económico: el alza del precio del oro, que subió casi mil dólares la onza en el último año.
Frente a este panorama, ¿qué se puede hacer?
Identificamos cuatro retos. Uno es político, ya que el tema debe ser prioridad nacional. El segundo es normativo debido a que el marco regulatorio favorece la permanencia de mineros en proceso de formalización. El tercero es operativo porque se necesitan recursos. Finalmente, en el frente social-productivo se debe ofrecer oportunidades económicas a las comunidades.
Un tema polémico es el rol de INGEMMET en la concesión de derechos mineros. ¿Qué hallaron?
Detectamos que entre 2024 y 2025 se otorgaron 1096 nuevas concesiones en la Amazonía. De estas, 136 se superponen con comunidades indígenas, 48 con áreas de conservación y tres con reservas indígenas, que tienen una categoría de intangibilidad alta. Más de 690 coinciden con cuerpos de agua, pese a que la ley prohíbe la minería en estos espacios. En la práctica, se titulan concesiones que facilitan operaciones ilegales y que el Estado no tiene capacidad de fiscalizar.
