Por Stakeholders
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En una región marcada por contrastes entre su potencial productivo y las brechas sociales, Francisco Ísmodes Mezzano, exministro de Energía y Minas y actual gerente general de Río Blanco Copper S.A., propone una visión que, asegura, puede transformar la economía piurana: la coexistencia armónica entre minería y agricultura.
“Es prioritario que los ciudadanos conozcan cómo el aprovechamiento sostenible de los recursos minerales puede asegurar beneficios reales para la región”, afirma Ísmodes en una reciente entrevista con Correo Piura. Su planteamiento parte de una premisa clara: no se trata de reemplazar al agro como actividad económica principal, sino de complementarlo con ingresos y obras generadas por una minería moderna, formal y ambientalmente responsable.
Un potencial desaprovechado
Piura, conocida por su pujante agroexportación de mango, uva, banano y limón, también guarda en sus tierras importantes reservas de cobre y oro. Sin embargo, estas riquezas contrastan con los índices de pobreza e informalidad que persisten.
En 2024, la región registró una de las tasas de pobreza más altas de la última década: 31,9% de la población vive en situación de pobreza, y en zonas rurales la cifra trepa a 41,5%. La desnutrición crónica infantil alcanza el 14,3% y la informalidad laboral llega al 76,7%.
Para Ísmodes, estas cifras revelan la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y financiar infraestructura clave que permita mejorar la competitividad agrícola y la calidad de vida.
El megaproyecto Río Blanco
En ese marco, Ísmodes defiende el proyecto Río Blanco, ubicado en Huancabamba —distrito El Carmen de la Frontera, colindante con Ayabaca—, actualmente en etapa de pre-factibilidad. Con una inversión proyectada de US$ 2.700 millones, la iniciativa prevé generar 5.000 empleos en su etapa de construcción y 1.200 empleos directos y 7.000 indirectos durante su operación.
Más allá de la actividad extractiva, Río Blanco contempla un componente hídrico de gran escala: US$ 385,5 millones destinados a construir reservorios que ampliarían la frontera agrícola en un 42% en Ayabaca y 49% en Huancabamba. Esta inversión busca asegurar agua para riego, especialmente en temporadas de sequía, y reducir la dependencia de lluvias cada vez más irregulares.
Agua: la urgencia frente al cambio climático
La propuesta cobra relevancia frente a los impactos del cambio climático en la región. Según datos oficiales, solo en la campaña agrícola 2024-2025, Piura perdió más de S/ 82 millones en producción y vio afectadas 11.000 hectáreas por eventos climáticos extremos.
“Miles de metros cúbicos de agua se pierden en el mar cada temporada de lluvias. Aprovechar estos recursos es clave para la seguridad alimentaria de Piura”, sostiene Ísmodes, quien enfatiza que la infraestructura hídrica no es un lujo, sino una necesidad urgente para sostener la producción agrícola.
Formalización y lucha contra la minería ilegal
Ísmodes también advierte sobre la presencia de minería ilegal en Piura, actividad que —señala— afecta la seguridad ciudadana, degrada el medio ambiente y vulnera derechos humanos. Frente a este escenario, plantea impulsar la formalización de la pequeña minería y reforzar la fiscalización a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“La minería ilegal no solo genera pérdidas económicas, sino que deja pasivos ambientales y sociales difíciles de revertir. Necesitamos reglas claras, transparencia y supervisión independiente”, remarca.
Para el exministro, cualquier proyecto minero debe nacer de un proceso de diálogo temprano con las comunidades, en el que la información objetiva y verificable sea la base para construir confianza. “No se puede imponer un proyecto. La población debe entender cuáles son los beneficios tangibles y cómo se mitigarán los impactos”, enfatiza.
