Por Osmaro Villanueva
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La minería ilegal ya no es un problema periférico. Hoy representa la mayor economía criminal del país, movilizando activos ilícitos por más de US$ 12 mil millones anuales, una cifra que supera en siete veces al narcotráfico, según alertó recientemente la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Pero lo más alarmante no es solo el dinero que mueve, sino las consecuencias sociales, ambientales y políticas que está dejando a su paso: contaminación con mercurio, crecimiento de la violencia, deforestación masiva y una expansión territorial que ha sobrepasado la capacidad de respuesta del Estado.
En una conferencia de prensa, Espinoza advirtió que nuevas leyes debilitan la capacidad del Ministerio Público para enfrentar estos delitos. “La minería ilegal no actúa de forma aislada. Está conectada a delitos graves como trata de personas, sicariato y extorsión”, afirmó. A pesar de los recortes presupuestales, insistió en que su institución seguirá “trabajando con autonomía y objetividad para frenar esta amenaza”.
Oro ilegal: auge sin control
El economista Alonso Macedo, del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincide con el diagnóstico. Asegura que el alza sostenida del precio internacional del oro ha incentivado el ingreso masivo de nuevos actores ilegales.
“En 2024, cuando el precio promedio del oro subió 29% respecto al año anterior, los registros de nuevas comercializadoras y procesadoras se duplicaron, lo que facilita el blanqueo de oro ilegal”, explicó.
Bajo el ritmo de producción actual, el IPE estima que el volumen de oro ilegal exportado alcanzaría entre 105 y 115 toneladas, con un valor superior a US$ 12 mil millones, lo que representa más de 60% por encima de lo registrado en 2024.
Estas exportaciones tienen como principales destinos a India y Emiratos Árabes Unidos, países que, según Macedo, “mantienen estándares bajos en la verificación del origen del oro”. Solo en 2024, estas dos naciones acumularon el 48% del oro exportado por el Perú.
El Reinfo, el escudo perfecto para el crimen
El principal mecanismo que permite esta expansión, aseguran fiscales y especialistas, es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema que debía ser temporal, pero que ha sido repetidamente ampliado. Según Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, este sistema “funciona como una fachada legal para operaciones ilegales”, ya que muchos inscritos nunca completan su proceso de formalización, pero siguen explotando recursos sin control.
“Es urgente que el Reinfo se cierre de manera definitiva. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera trazabilidad del oro y desarticular estas redes criminales», sentenció Almanza.
El problema no es menor. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, hay entre 300,000 y 500,000 personas en actividades de minería artesanal y de pequeña escala, pero solo el 22% se ha formalizado.
A la fecha, más de 50,000 registros han sido suspendidos por inactividad o incumplimientos, pero los gremios de mineros informales presionan al Congreso para una nueva ampliación del Reinfo hasta 2026.
Más violencia, menos Estado
El avance territorial de la minería ilegal ha traído consigo una ola de violencia en zonas clave. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios por habitante se duplicó en La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, regiones que concentran más de un tercio de los registros suspendidos en el Reinfo y el 40% de los yacimientos de oro, según el IPE.
En lugares como Laberinto (Madre de Dios), las concentraciones de mercurio en el aire superan cinco veces los niveles aceptables, con efectos irreversibles en la salud de la población.
“Estamos perdiendo territorio frente a redes criminales bien organizadas. Es una amenaza directa a la seguridad nacional”, advirtió Almanza.
El Ministerio Público y organizaciones especializadas también han denunciado la participación de bandas armadas, redes de explotación sexual y lavado de activos en torno a esta actividad. Pese a ello, los gobiernos regionales —encargados por ley de fiscalizar la pequeña minería— no cuentan con presupuesto ni capacidad técnica suficiente.
Según Cooperacción, el presupuesto actual de supervisión administrativa es de apenas S/ 60 por minero al año, monto que hace inviable cualquier tipo de fiscalización efectiva. “Faltan laboratorios, logística y presencia policial. Sin esos elementos, los gobiernos regionales no pueden ejercer su rol”, indica Andrés Dulanto, decano de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur a Stakeholders.
¿Qué hacer?
Frente a este escenario, expertos y autoridades coinciden en tres líneas de acción urgentes:
- Cerrar definitivamente el Reinfo, eliminando el principal mecanismo de fachada para el oro ilegal.
- Fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados, con presupuesto adecuado, fuerzas del orden, fiscales especializados y tecnología para fiscalizar en tiempo real.
- Implementar un sistema robusto de trazabilidad del oro, que permita identificar su origen desde el punto de extracción hasta el mercado internacional.
Dulanto destacó que ya se viene implementando el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, una herramienta tecnológica que permitiría compartir información entre entidades estatales para rastrear operaciones ilegales. “Hoy tenemos la tecnología, pero no la coordinación ni la voluntad política suficiente”, puntualizó.
Estado en jaque
Mientras las mafias del oro ilegal se enriquecen y expanden, el Estado sigue reaccionando con lentitud. La minería ilegal no es ya un fenómeno marginal, sino el motor principal de una economía paralela que degrada ecosistemas, impone reglas de violencia y corrompe instituciones.
Si el Perú quiere defender su territorio, su legalidad y su futuro, debe asumir esta lucha como una prioridad nacional. Lo contrario sería seguir cediendo ante una economía que, al ritmo actual, terminará reemplazando al Estado mismo.
