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Minería ilegal de oro se dispara con apoyo del Estado: US$7,415 millones y una ola de violencia
Por Osmaro Villanueva
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Las exportaciones de oro ilegal en el Perú marcaron un récord histórico en 2024: US$7.415 millones, un 54% más que el año anterior. Detrás de esta cifra hay un fenómeno estructural, donde confluyen un alza sostenida del precio internacional del oro —que ya superó los US$3.000 por onza—, la débil fiscalización estatal y una política de formalización que ha terminado favoreciendo a quienes operan al margen de la ley.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que el país representa el 44% de todas las exportaciones ilegales de oro en Sudamérica, lo que posiciona al Perú como el mayor proveedor de esta economía ilícita en la región. Este fenómeno, advierte el IPE, tiene un correlato devastador: violencia, deforestación y captura del territorio por el crimen organizado.
Reinfo: el programa que normalizó la minería ilegal
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2017 con la finalidad de impulsar la transición hacia la minería formal. Sin embargo, siete años después, este mecanismo se ha convertido en una válvula de escape para mineros ilegales que, sin cumplir los requisitos mínimos, operan con una apariencia de legalidad.
De los 84.470 registros actuales, el 76% se encuentran suspendidos, pero siguen activos en la práctica, pues quienes figuran en el Reinfo continúan siendo considerados por las autoridades como “informales” y no como “ilegales”. Esto les permite evadir fiscalización, operar libremente e incluso exportar oro sin mayores restricciones. El programa ha sido ampliado en cuatro ocasiones desde su creación, diluyendo cada vez más su propósito inicial.
El IPE ha propuesto cerrar definitivamente el Reinfo y reemplazarlo por un nuevo régimen de formalización sin amnistías, que imponga obligaciones reales y elimine vacíos legales. Esta nueva política debería contemplar además una trazabilidad obligatoria del oro, de modo que se pueda identificar su origen en toda la cadena productiva y comercial.
Rutas de la minería ilegal
El cambio en los destinos de exportación también refleja una estrategia de evasión. Hace una década, el 75% del oro peruano era exportado a Suiza, Estados Unidos y Canadá, países con altos estándares de trazabilidad y control de origen. Hoy, el 40% del oro sale rumbo a India y Emiratos Árabes Unidos, mercados con regulaciones menos estrictas.
Este desplazamiento obedece al interés de los exportadores ilegales por esquivar mecanismos de fiscalización más robustos. Y lo logran: el Perú hoy vende oro ilegal a un ritmo sin precedentes, beneficiando redes que operan en las sombras, pero con acceso libre al sistema financiero y comercial.
Violencia, deforestación y crimen organizado
La minería ilegal no solo mueve miles de millones de dólares, también genera condiciones propicias para la expansión del crimen. Regiones como Madre de Dios y La Libertad son hoy los epicentros de esta problemática. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios en el país subió de 3,5 a 6 por cada 100 mil habitantes. En Madre de Dios, el aumento fue de +6,5 puntos, mientras que en La Libertad fue de +6,1.
Las denuncias por extorsión se cuadruplicaron a nivel nacional, alcanzando niveles récord. La Libertad, con 250 denuncias por cada 100 mil habitantes, quintuplica el promedio nacional. En paralelo, datos del Proyecto MAAP (Monitoreo de la Amazonía Andina) indican que entre 2021 y 2024 se perdieron más de 31.000 hectáreas de bosque por efecto de la minería ilegal, equivalente a 43.000 canchas de fútbol.
A pesar de este panorama alarmante, el presupuesto estatal para combatir este delito ha caído en picada. El programa “Reducción de la minería ilegal” contaba con S/121 millones en 2019, pero para el 2024 solo recibió S/89 millones, es decir, una reducción del 37% en términos reales. En proporción, por cada S/100 que el Estado destina al orden público y seguridad, apenas S/0.50 van a la lucha contra la minería ilegal.
Combustible como indicador
Un indicador indirecto del auge de esta economía ilícita es el consumo de combustible. En zonas como Madre de Dios, cada persona consume en promedio 50 galones al mes, cinco veces más que el promedio nacional. Esta cifra atípica, según el IPE, es un reflejo del aumento en el uso de maquinaria pesada para extracción y transporte de oro ilegal, muchas veces subsidiada por beneficios tributarios.
Hacia una política real de formalización
El IPE propone una serie de medidas urgentes:
- Cierre definitivo del Reinfo y diseño de un nuevo régimen de formalización estricto.
- Política integral de trazabilidad del oro, desde la extracción hasta la exportación.
- Fortalecimiento institucional en zonas afectadas, especialmente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Energía y Minas.
- Más presupuesto para fiscalización e inteligencia, con acciones coordinadas entre Ejecutivo, Congreso y gobiernos regionales.
- Acompañamiento técnico y social a pequeños mineros para una transición real a la legalidad, sin amnistías automáticas ni prórrogas indefinidas.
Una oportunidad que se convierte en amenaza
El oro, históricamente símbolo de riqueza, se ha convertido en el motor de una de las economías ilegales más lucrativas y peligrosas del Perú. Con un Estado que ha optado por mirar hacia otro lado, el país está perdiendo no solo control sobre sus recursos, sino también sobre su territorio.
Si no se adoptan medidas firmes y articuladas, el oro seguirá fluyendo por canales ilícitos, financiando mafias, contaminando ríos, deforestando la Amazonía y cobrando vidas. El momento de actuar es ahora.
