Por Osmaro Villanueva
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El proceso de formalización minera en el Perú atraviesa una etapa crítica. En una misma semana, el Gobierno y el Congreso han dado pasos en direcciones opuestas respecto al destino de la minería informal y artesanal. Mientras el Ejecutivo eliminó el controvertido mecanismo conocido como “Reinfo hereditario” mediante el Decreto Supremo 010-2025-EM, el Congreso de la República se prepara para debatir un nuevo proyecto de ley —la llamada ‘Ley Mape’— que podría reinstaurar mecanismos ya derogados y generar nuevas rutas de legitimación para actividades informales e incluso ilegales.
Esta tensión entre los poderes del Estado pone en evidencia no solo una falta de consenso sobre el cierre del proceso de formalización, sino también el peso político y económico que representa la minería de pequeña escala en el país, un sector históricamente complejo, difícil de fiscalizar y, muchas veces, capturado por redes ilegales.
El fin del Reinfo hereditario: una señal desde el Ejecutivo
A través del Decreto Supremo 010-2025-EM, publicado en El Peruano, el Gobierno oficializó la eliminación del llamado «Reinfo hereditario», mecanismo que permitía transferir la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a herederos del titular fallecido. Esta posibilidad, introducida anteriormente por reglamento, fue duramente criticada por expertos, juristas y organismos del sector.
La eliminación de este mecanismo responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de reafirmar el carácter excepcional del proceso de formalización y a evitar que “el marco legal permita una extensión indefinida de la vigencia de inscripciones en un registro transitorio desde su origen”. En esa línea, también se derogó el artículo 10 del Reglamento de la Ley 32213, que habilitaba convenios con Gobiernos Regionales para funciones compartidas. El Gobierno ha preferido reafirmar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es el único rector del proceso.
Como complemento, se ha creado un Grupo de Trabajo que, en un plazo de 10 días, deberá proponer la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), con el objetivo de unificar información de distintas entidades y fortalecer la trazabilidad del proceso.
El Congreso contraataca: la Ley Mape y sus vacíos
En contraposición a los avances del Ejecutivo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha emitido un predictamen que, de aprobarse, significaría un retroceso normativo considerable en materia de fiscalización y control de la minería informal.
El documento, de más de 200 páginas, busca establecer un nuevo “régimen jurídico especial” para la pequeña minería, minería artesanal y, como nuevo concepto, la “minería tradicional”. Esta última es definida como una actividad “empírica y heredada, con métodos manuales ancestrales”, ejercida por individuos o comunidades, sin fines industriales.
Este concepto no solo amplía las categorías legales, sino que, en la práctica, podría habilitar una nueva ruta de formalización paralela, con menores controles y criterios menos técnicos. Así lo han advertido expertos como Iván Arenas, quien teme que el predictamen reintroduzca de facto el mecanismo del “Reinfo hereditario”, pese a su reciente derogación.
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Por su parte, la SNMPE alertó que el texto contiene una definición de minería informal que minimiza su gravedad jurídica y diluye las diferencias con la minería ilegal. “Hay un ánimo por dar legitimidad a actividades que hoy son ilegales”, advirtió el gremio en una carta enviada a la Comisión.
Además, el predictamen contempla la creación de un nuevo registro: el Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Tradicional Ancestral (Renapmat), cuya administración recaería en el Minem. Sin embargo, especialistas temen que se trate de un registro paralelo, con menor rigor técnico, que permita el ingreso masivo de actores que hoy operan al margen de la ley.
Choque de poderes y posibles escenarios
Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, ha planteado que si el Congreso no logra aprobar la nueva ley antes del cierre de la legislatura el 15 de junio, el Ejecutivo podría emitir un nuevo decreto ampliando por seis meses el proceso de formalización, según lo permite la ley de ampliación del Reinfo. Esto pondría al país en una situación de incertidumbre regulatoria justo cuando el Gobierno intenta cerrar definitivamente la puerta a la informalidad prolongada.
La coexistencia de normas contradictorias, registros paralelos y definiciones ambiguas podría derivar en un caos legal que beneficie precisamente a los sectores menos fiscalizados del ecosistema minero. Mientras el Ejecutivo apuesta por cerrar el Reinfo como un proceso excepcional, el Congreso parece abrir otra ventana normativa para perpetuar una formalización sin fin.
