Por Stakeholders
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El Gobierno extenderá el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2025, debido a la ausencia de consenso en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, quien aseguró que esta decisión responde a la necesidad de dar continuidad al proceso de formalización mientras se define un marco regulatorio actualizado.
La decisión surge luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso postergara la aprobación del dictamen de la Ley MAPE el pasado martes 17 de junio, optando por un cuarto intermedio para su análisis y evaluación. Al no aprobarse el texto, este no fue elevado a la Comisión Permanente para su debate, lo que bloquea temporalmente el reemplazo normativo del REINFO, vigente desde hace más de una década.
“No será una ampliación indiscriminada”, enfatizó Montero, quien adelantó que el decreto supremo con las condiciones específicas será publicado en los próximos días. Agregó que solo los operadores con “actividad real y voluntad genuina de formalizarse” podrán beneficiarse de la medida.
Una prórroga del REINFO con condiciones
Desde su presentación ante el Congreso el pasado 13 de junio, el titular del Minem ya había señalado que no se avalaría una prórroga automática del REINFO, postura que se mantiene firme en esta nueva etapa. La medida se plantea como transitoria, mientras se logra consenso político y técnico para aprobar la Ley MAPE, cuyo objetivo es ordenar y regular con mayor efectividad el subsector minero artesanal y de pequeña escala.
El congresista Paul Gutiérrez Ticona, presidente de la comisión que analiza la propuesta legislativa, ha defendido la creación de una nueva ley que permita “el desarrollo sostenible, competitivo y técnicamente adecuado” de esta actividad, subrayando su importancia económica en regiones con alta concentración minera informal.
Formalización atrapada en el limbo legislativo
La ampliación del REINFO se da en un contexto de prolongadas dificultades para legislar de manera efectiva sobre la pequeña minería, donde confluyen intereses económicos, ambientales y sociales profundamente heterogéneos. Aunque existen múltiples propuestas técnicas desde el Ejecutivo, la falta de acuerdos entre las bancadas parlamentarias ha retrasado la reforma normativa que el propio ministro Montero consideró esencial para no repetir extensiones.
Cabe recordar que hace exactamente un mes, el titular del Minem descartó una ampliación del REINFO hacia 2026, asegurando que el país necesitaba dar paso a un nuevo marco regulatorio más eficiente y sostenible. Sin embargo, la falta de resultados legislativos ha forzado un cambio de ruta.
Hacia un nuevo pacto de formalización
En medio del impasse, el Ejecutivo busca replantear la estrategia de formalización, estableciendo criterios más exigentes y plazos diferenciados para depurar el padrón actual, cuestionado por haber permitido la inscripción de operadores sin actividad real o vinculados a redes ilegales.
El nuevo decreto supremo deberá especificar los mecanismos de verificación, así como las metas para acelerar el tránsito hacia una minería formal, segura y ambientalmente responsable.
