Por Roberto De La Tore - Presidente de la Cámara de Comercio de Lima
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En definitiva, no hay posibilidad de desarrollo en un país sitiado por la inseguridad. La crisis de criminalidad que atraviesa el Perú sin duda se ha convertido en el principal enemigo de la recuperación económica, la generación de empleo formal y la lucha contra la pobreza en el Perú. Este flagelo, que lacera nuestra convivencia diaria, encuentra un combustible poderoso en las economías ilegales, las cuales operan desde las sombras distorsionando los mercados y afectando la institucionalidad de las entidades públicas.
Entre estas actividades ilícitas, la minería ilegal emerge como una de las más devastadoras. No es un fenómeno aislado: es consecuencia directa de una cadena de corrupción que permite, protege y se enriquece con sus operaciones, porque no podría operar sin autoridades que miran hacia otro lado y sin redes criminales que garantizan el transporte, la comercialización y el lavado del oro extraído ilícitamente.
De acuerdo a los datos brindados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) (2023), la minería ilegal genera pérdidas al país por alrededor de 23 000 millones de soles, lo que corresponde el 2.5 % del PBI al año 2023.
Pero el costo va más allá de lo económico. El rastro de devastación en territorios como Madre de Dios, Pataz o Puerto Inca es la prueba física de un cáncer que corrompe todo a su paso. Miles de hectáreas de bosque tropical han sido arrasadas, ríos envenenados, ecosistemas destruidos y comunidades enteras desplazadas o violentadas. Las empresas formales que intentan operar con legalidad son hostigadas, sus trabajadores amenazados e, incluso, asesinados. Este no es un fenómeno espontáneo; es la consecuencia directa de una cadena de corrupción que permite, protege y se enriquece con esta ilegalidad. Y lo reafirmamos, la minería ilegal no podría existir sin la complicidad de autoridades omisas y sin redes criminales que lavan el oro ilícito en el sistema financiero formal.
La dolorosa paradoja es que en las regiones bendecidas con una inmensa riqueza natural, la población vive condenada a la pobreza, la violencia y la degradación ambiental. Donde debería florecer la prosperidad gracias al canon y las regalías, la ilegalidad ha sembrado desolación. En estas zonas, la minería ilegal además ha devastado miles de hectáreas de bosque tropical, así como ríos y valles, contaminándolos y destruyendo ecosistemas.
“Lamentablemente, esta crisis ha sido alimentada por una ausencia del Estado y por marcos regulatorios como el REINFO”.
Por ello, combatir la inseguridad es, inexorablemente, enfrentar a las economías ilegales y a la corrupción que las sustenta. No habrá desarrollo inclusivo ni mercados sanos mientras el dinero sucio continúe infiltrando la política, financiando campañas electorales y pervirtiendo la toma de decisiones en el Estado. Un país donde, según las encuestas, más del 87 % de la población se siente insegura y se registran en promedio seis asesinatos diarios, no es un país libre. Es una nación cuya competitividad y productividad son secuestradas diariamente por el crimen.
No basta con la denuncia
Lamentablemente, esta crisis ha sido alimentada por una ausencia del Estado y por marcos regulatorios como el REINFO, que lejos de resolver el problema de la informalidad minera, han permitido por años que operaciones ilícitas se escuden en una fachada de presunta formalización.
Frente a este desafío, no basta con la denuncia; se requiere acción concertada y propuestas concretas. Urge implementar una política de Estado coherente y de mano firme que combata con eficacia a la delincuencia organizada y, de manera paralela, promueva una formalización genuina, transparente y sostenible. Como se plantea en el libro “La seguridad ciudadana: Pilar fundamental para el desarrollo del país”, es imperativo:
- Fortalecer y financiar decididamente el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PIRDAIS), para lograr la transformación progresiva de la matriz socioeconómica de los ámbitos afectados por cultivos ilícitos.
- Fomentar planes de desarrollo alternativo adaptados a la realidad de cada región. Estos programas deben ser promovidos y respaldados tanto por el sector empresarial como por organizaciones no gubernamentales y por los propios habitantes de las regiones involucradas.
- Dotar de recursos y capacidades reales a las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, proveyéndoles de los recursos necesarios para un accionar más efectivo en forma coordinada con la Policía Nacional del Perú.
- Restablecer el principio de autoridad con un Estado presente, para evitar que más regiones sigan afectadas por la criminalidad.
Desde la Cámara de Comercio de Lima hacemos un llamado a las autoridades, al sector privado y a la ciudadanía a conformar un frente común. Exigimos y estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta por un Perú donde la seguridad no sea una promesa lejana sino una realidad tangible. Exhortamos a nuestras autoridades a trabajar por garantizar la protección de la vida, el trabajo digno y el desarrollo económico sostenible, como pilar fundamental del progreso de nuestro país.
