Por Stakeholders
Lectura de:
El Congreso de la República vuelve a colocar en el centro del debate una propuesta legislativa que ha generado posiciones encontradas tanto dentro como fuera del hemiciclo: permitir que el Banco de la Nación compre, comercialice y exporte oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.
El proyecto, que busca modificar la Ley N.° 16000 —norma que regula la creación del banco estatal— fue priorizado recientemente por la Comisión de Economía, con el respaldo de 15 congresistas que aprobaron su inclusión en la agenda del próximo Pleno.
La intención de la iniciativa es clara: crear un canal formal y estatal para que los mineros artesanales vendan su producción de oro, con el fin de reducir los flujos ilegales hacia el extranjero —especialmente por las fronteras con Bolivia—, generar trazabilidad del metal y captar ingresos fiscales que hoy se pierden en el mercado negro.
Según el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Illich López, esta medida “busca saber de dónde viene el oro y frenar la pérdida de impuestos por exportaciones no registradas”.
Un camino ya intentado y cuestionado
Aunque la propuesta se presenta como novedosa, no es la primera vez que se plantea. En legislaturas anteriores, se consideró otorgar esta responsabilidad al Banco Central de Reserva (BCR), idea que fue rechazada por el propio presidente de la entidad, Julio Velarde, quien advirtió que no correspondía a la naturaleza ni al mandato del BCR.
Ahora, el enfoque apunta al Banco de la Nación, entidad cuya función principal es ofrecer servicios financieros a entidades públicas y a los trabajadores del sector estatal. Para concretar la iniciativa, se requiere una reforma legal que le permita al banco actuar como agente comercial en la compra y exportación de minerales, implementar mecanismos de control de calidad y trazabilidad, y operar bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Las alertas no se hicieron esperar
Pese al entusiasmo de algunos parlamentarios, diversas instituciones han expresado su rotundo rechazo. En un informe técnico, el Banco de la Nación advirtió que no cuenta con la capacidad operativa ni el conocimiento técnico necesario para desempeñar funciones comerciales vinculadas al mercado de metales preciosos. “Asumir esta función implicaría distraer recursos críticos y afectar la calidad de los servicios actuales”, señala el documento.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) también calificó la propuesta como inviable, mientras que la SBS advirtió que esta medida desviaría el objeto institucional del banco, comprometería su solvencia financiera y vulneraría el principio de subsidiariedad, al competir directamente con empresas privadas del rubro.
A pesar de ello, el dictamen sigue en evaluación y podría llegar a debate en el Pleno en la próxima legislatura. En ese escenario, el Congreso deberá decidir si el combate contra la minería ilegal justifica una ampliación radical de las funciones del Banco de la Nación, o si es necesario repensar el enfoque con una estrategia más técnica, multisectorial y sustentada en capacidades reales.
¿Formalización o improvisación?
El debate en torno al proyecto refleja una tensión de fondo: el Estado necesita herramientas más efectivas para enfrentar la minería ilegal y promover la formalización de pequeños productores, pero estas no pueden surgir de atajos institucionales sin sustento técnico.
Mientras tanto, más de 500 mil mineros artesanales continúan operando fuera del sistema formal, y el oro sigue saliendo del país sin control, sin trazabilidad y sin generar ingresos tributarios. La pregunta que queda en el aire es si una ley puede solucionar décadas de informalidad estructural o si simplemente terminará generando más problemas de los que busca resolver.
