Por Stakeholders
Lectura de:
El Congreso de la República ha reactivado esta semana el debate sobre el proyecto de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), una norma que podría transformar el panorama regulatorio de la minería en el Perú, con consecuencias que diversos especialistas califican como “graves” y “regresivas”.
El martes 8 de julio, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Paul Gutiérrez, incorporó de manera inesperada en su agenda el predictamen de esta iniciativa, pese a que semanas antes —el pasado 17 de junio— la mayoría de miembros del grupo parlamentario había votado por postergar su discusión.
En la nueva sesión, convocada con carácter extraordinario, se espera votar el texto sin haber alcanzado consensos ni haber escuchado plenamente las observaciones técnicas del Ejecutivo y otras entidades del Estado.
La reanudación del debate se da en medio de una serie de bloqueos viales en regiones como Arequipa, Ica, Cusco y La Libertad, así como una vigilia instalada por grupos de mineros informales frente al Congreso desde hace casi dos semanas. Estas protestas, según diversas fuentes del Legislativo, han acelerado la aprobación de una norma que podría otorgar nuevas ventajas a quienes operan sin cumplir estándares ambientales, laborales o legales mínimos.
Un registro sin filtros ni control
El núcleo de la propuesta legislativa es la transformación del actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —vigente desde 2012 pero criticado por su ineficacia— en un nuevo Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma). La diferencia clave, advierten especialistas, es que este nuevo sistema sería aún más permisivo.
Para inscribirse en el Renapma, bastaría con presentar un documento de identidad, un RUC y las coordenadas del terreno explotado. No se exigiría contar con permisos ambientales, ni con autorizaciones para el uso de explosivos, ni se establecerían plazos para iniciar un proceso real de formalización. Incluso se permitiría que los solicitantes operen en zonas restringidas o prohibidas por normativas ambientales o culturales vigentes.
“Esta sesión es improvisada y solo busca atender la presión de un grupo que no tiene voluntad de formalizarse”, advirtió Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas y miembro de Avanza País. La parlamentaria señaló que la iniciativa equivale a “institucionalizar la informalidad” y desmantelar los pocos controles que el Estado mantiene sobre una actividad con alto impacto social y ambiental.
Beneficios sin compromisos
Más allá del registro, el predictamen también ha sido duramente cuestionado por incluir una serie de beneficios legales, tributarios y financieros para los inscritos en el Renapma. Entre ellos: exención de responsabilidad penal por delitos ambientales, acceso a créditos del sistema financiero y suspensión de sanciones administrativas.
Asimismo, se incorporan figuras controversiales como la servidumbre minera —que permitiría a los operadores informales ingresar a concesiones ajenas— y la autorización para realizar minería aluvial sobre cuerpos de agua, una práctica altamente destructiva para los ecosistemas amazónicos y andinos.
Según alertan organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho ambiental, esta normativa también pondría en riesgo a comunidades campesinas y pueblos indígenas, ya que podría facilitar el despojo de tierras comunales sin un proceso previo de consulta ni garantías jurídicas adecuadas.
Presiones, protestas y una institucionalidad en jaque
El debate legislativo ocurre bajo fuerte presión de los mineros informales, quienes han intensificado sus protestas con bloqueos en al menos seis puntos estratégicos del país. Según la Sutran, los cortes más críticos se registraron en la Panamericana Sur —a la altura de Camaná, Chala y Nasca— y en vías importantes de Cusco y La Libertad.
La demanda principal de los manifestantes es doble: la aprobación de la Ley MAPE y la anulación de las más de 50 mil exclusiones del Reinfo ejecutadas por el Ministerio de Energía y Minas en los últimos meses.
Estas exclusiones respondieron, en su mayoría, a la falta de avances en los procesos de formalización. Pese a haber estado inscritos durante años, muchos operadores no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley plantea reinstaurar automáticamente a estos actores, sin verificar su cumplimiento previo ni establecer nuevos criterios.
Paul Gutiérrez, presidente de la comisión, ha defendido la propuesta como un acto de “justicia social” hacia quienes, según él, han sido históricamente excluidos por la gran minería. No obstante, su postura ha sido interpretada por analistas como una alineación con intereses informales y un debilitamiento del Estado de derecho. Su uso del artículo 60 del Reglamento del Congreso para reintroducir el tema sin consenso fue visto como una maniobra poco transparente.
Una oportunidad perdida para una reforma real
En lugar de fortalecer el sistema de formalización minera —mejorando los procesos del Reinfo, exigiendo trazabilidad del oro, garantizando derechos laborales y protegiendo ecosistemas vulnerables—, el Congreso parece avanzar hacia una ley que podría tener efectos devastadores. “Esto no es una política pública, es una concesión al caos”, afirmó un especialista en políticas extractivas que pidió no ser citado por temor a represalias.
Para hoy, la Comisión ha citado a los ministros Jorge Montero (Energía y Minas), Raúl Pérez Reyes (Economía), Juan Carlos Castro (Ambiente) y Fabricio Valencia (Cultura). Sin embargo, hay dudas sobre si sus voces serán escuchadas antes de una votación apresurada. El Perú enfrenta el riesgo de retroceder años en su lucha contra la minería ilegal, con una norma que, en nombre de la inclusión, podría debilitar aún más la gobernabilidad ambiental y legal del país.
