Por Stakeholders
Lectura de:
Por: Lucero Castro
Ingeniera ambiental y docente de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo (UCV)
Hizo bien el Gobierno en derogar los decretos supremos que aprobaron los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ya que no se respetó la normatividad ambiental y social del Perú.
La legislación peruana indica que, para promover un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos petroleros, todo proyecto de exploración y explotación debe contar con un instrumento de gestión ambiental (EIA o EIA-sd) y un proceso de consulta de participación ciudadana.
Ni la una ni la otra se cumplieron en este caso, por lo que la firma de los contratos per se entrañaban grandes peligros.
Por un lado, las actividades de exploración que se querían realizar en el mar de Áncash, Lambayeque, Piura y Tumbes implicaban el uso de técnicas que iban a impactar en la vida marina y, por lo tanto, constituían una seria amenaza contra la biodiversidad de la zona, la
misma que, según una investigación del biólogo marino Yuri Hooker, representa más del 70 % de la variedad biológica del mar peruano, incluyendo especies endémicas.
Por otro lado, pescadores artesanales, pobladores y organizaciones no gubernamentales (ONG) estaban en contra de la exploración petrolera en el mar, pues temían que afectara a su principal actividad económica, la pesca.
En este contexto, las medidas de protesta ya se estaban alistando y con justa razón.
Es por esto que ha sido apropiado que el Gobierno anule los contratos, aunque todavía debe realizar mayores esfuerzos por hacer que se respete la normatividad vigente.
