Por Stakeholders
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El Congreso de la República ha generado una gran controversia al aprobar la autógrafa para la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, permitiendo así la legalización de la deforestación en la Amazonía peruana. La decisión tomada, el último miércoles, ha levantado fuertes críticas debido a la aparente omisión de los pedidos de reconsideración presentados anteriormente.
En el centro de la polémica se encuentran el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y el congresista Waldemar Cerrón, señalados por quebrantar el reglamento interno del Poder Legislativo al no considerar los pedidos de reconsideración presentados por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes el pasado 19 de diciembre.
La ausencia de votación de estas reconsideraciones, que antes estaban visibles en el portal del Congreso, ha llevado a la congresista Ruth Luque a expresar su preocupación en redes sociales, destacando la falta de transparencia en el proceso legislativo. La eliminación de estos registros plantea dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos formales establecidos, ya que, según el proceso ordinario, cualquier reconsideración debe someterse a votación en el Pleno del Congreso antes de avanzar en el proceso legislativo.
La legisladora Susel Paredes también exigió explicaciones a Soto por la firma de la autógrafa sin tomar en cuenta las reconsideraciones presentadas, lo que sugiere una posible omisión deliberada para facilitar la aprobación de la ley.
Según información de Actualidad Ambiental, el congresista Edwin Martínez Talavera habría presionado al presidente del Congreso para la emisión de la autógrafa de los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR. Estos proyectos, además de aumentar la deforestación en la Amazonía, abrirían paso al desarrollo de prácticas ilegales como el tráfico de tierras, afectando los derechos de los pueblos indígenas y generando preocupación por la conservación de los bosques en el país.
Finalmente, con el respaldo del presidente Alejandro Soto, la polémica reforma a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en la Amazonía peruana, identificada como Ley 31973, ha entrado en vigor.
Se oponen a ley
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2439 comunidades nativas, 109 federaciones y 9 organizaciones regionales, manifestó su rechazo contundente hacia la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Advierten que estos cambios representan un grave peligro para los pueblos indígenas y acelerarían la deforestación de la Amazonía peruana.
En tanto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) destaca que esta normativa plantea cambios significativos en el uso y manejo de los bosques amazónicos, con impactos potenciales sobre el ambiente y las comunidades nativas que dependen de estos. Entre las modificaciones, se destaca el cambio en el procedimiento de clasificación de las tierras, facilitando la legalización de actividades agrícolas que previamente requerían un análisis técnico más exhaustivo para evitar malas prácticas en el bosque.
