Por Stakeholders
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El gobierno de México se prepara para demandar a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, por operar sin autorización en aguas nacionales y causar daños ambientales luego de la explosión del cohete Starship durante una prueba en el Golfo de México. El caso ha escalado a nivel diplomático y podría convertirse en un precedente clave para exigir responsabilidad ambiental a compañías espaciales privadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el estudio técnico está concluido y que “sí tiene afectaciones a nuestro país”, por lo que el Estado mexicano avanza en una ruta jurídica que podría involucrar tanto tribunales nacionales como organismos internacionales.
Basura espacial en territorio mexicano
El detonante fue la explosión de un prototipo de Starship, lanzado desde Texas en noviembre de 2024, cuyos fragmentos cayeron en playas del estado de Tamaulipas. El ambientalista Elías Ibarra, fundador de Conibio Global, documentó la presencia de restos como caucho, aluminio, tanques presurizados, y hasta una bengala activa, en un radio de más de 40 kilómetros. “Pudo haber matado a una familia o una tortuga marina”, denunció.
A estos hechos se suma una segunda explosión ocurrida en mayo de 2025, cuyo impacto fue visible desde el lado mexicano de la frontera. Las autoridades detectaron afectaciones en ranchos, fauna marina y estructuras comunitarias. Tanques metálicos de grandes dimensiones fueron encontrados en la playa Bagdad días después del incidente.
La plataforma de recuperación contratada por SpaceX para recolectar escombros tampoco contaba con los permisos para operar en el Golfo. Según la Secretaría de Marina (SEMAR), violó normativas ambientales y marítimas vigentes.
Un marco legal que no alcanza al espacio
El conflicto ha puesto en evidencia los vacíos legales en la gobernanza del espacio exterior, especialmente en lo referente a la basura espacial y los daños causados por actores privados. Aunque el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y el Convenio sobre Responsabilidad de 1972 establecen que el país de lanzamiento es responsable por daños en otros territorios, su aplicación frente a empresas como SpaceX es limitada.
“El derecho internacional no obliga directamente a las compañías privadas. El Estado de origen —en este caso, Estados Unidos— debe decidir si sanciona o indemniza”, explicó Alejandro Laurnagaray de Urquiza, especialista en política espacial.
En la práctica, el resultado dependerá de la voluntad política y diplomática entre México y EE.UU. “Lo más probable sería una solución negociada o arbitral. Pero el caso revela que la legislación espacial vigente ha quedado desfasada frente al avance del sector privado”, advierte el investigador.
Daños ambientales y ecosistemas en riesgo
Según informes técnicos y testimonios de activistas, los impactos ambientales en la zona son significativos. Se reportó la muerte de más de 300 crías de tortuga marina debido a la compactación de arena provocada por vibraciones de lanzamientos repetidos. Además, hay preocupación por microplásticos y residuos tóxicos que podrían estar afectando al ecosistema marino.
Organizaciones civiles han asumido los costos de limpieza, con más de 25.000 dólares invertidos en monitoreo y retiro de escombros, en una región donde el turismo y la biodiversidad están estrechamente conectados.
Por su parte, SpaceX ha negado la existencia de riesgos ambientales. A través de su red social X, aseguró que los restos “no son tóxicos ni peligrosos” y exigió la devolución de los fragmentos recogidos por las autoridades mexicanas.
¿Un caso que marcará precedente?
Este conflicto podría sentar un precedente clave en la regulación de actividades espaciales privadas, especialmente en territorios fronterizos o ecosistemas sensibles. A medida que las compañías como SpaceX aumentan la frecuencia de lanzamientos, las demandas por transparencia, permisos y evaluación de impacto ambiental transnacional se vuelven cada vez más urgentes.
Desde la sociedad civil, se pide al gobierno mexicano impulsar una ley nacional de gestión de basura espacial, que regule este tipo de incidentes, exija reparaciones y prevenga futuras afectaciones al medio ambiente.
“Podemos convertirnos en un país pionero en regulación ambiental para el espacio”, señala Ibarra, quien también lidera el Programa de Protección de Tortugas Marinas. “No estamos en contra del progreso tecnológico, pero sí exigimos que haya responsabilidad, porque lo que está en juego es la vida.”
